Editorial Revista Sic 720. Diciembre 2009
El 15 de diciembre celebraremos diez años del referendo que le dio vida a la Carta Magna que hoy nos rige: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se hace necesario luego de este caminar, hacer un balance del marco institucional y analizar sus resultados. Partiendo de lo dispuesto en el Preámbulo y el Título I de la norma constitucional, podemos decir que al menos los temas de derechos humanos, la democracia participativa, la descentralización federal, el Estado social de derecho y de justicia y la creación de una nueva y fuerte institucionalidad que impulsase una moralización administrativa, eran objetivos centrales que se buscaron plasmar en la última Constitución del siglo XX venezolano. Así pues, usemos estos ejes para evaluar el proceso vivido.
Derechos humanos y Estado social de derecho y justicia
Los derechos humanos son uno de los apartados más logrados. La Constitución tiene una visión integradora de los derechos humanos. Se recogen bajo los principios de progresividad, no discriminación, irrenunciabilidad, indivisibilidad e interdependencia tanto derechos civiles y políticos como derechos económicos sociales y culturales, sin dejar de lado también derechos en materia de pueblos indígenas, refugiados, ambiente y personas con discapacidad, entre otros. Se les brinda una amplia protección que incluyen variadas acciones en el ámbito interno, y el reconocimiento con rango constitucional de los tratados que en esta materia haya suscrito Venezuela, especificándose la obligación que tiene el Estado de acatar las decisiones de los órganos internacionales encargados de supervisar el cumplimiento en esta área.
En la Constitución de 1999 se establecen avances importantes en materia de derechos económicos, sociales y culturales; y en la práctica, a pesar de los problemas, puede decirse que algunas misiones (como plan de políticas públicas que atiende la situación de pobreza) al menos intentaron seguir tales postulados, aunque luego han sufrido estancamientos e incluso retrocesos reconocidos por el mismo Gobierno. Sin embargo, continúa pendiente una seria discusión y desarrollo legislativo sobre temas como el mundo laboral, la seguridad social y la educación, entre otros.
Otra es la realidad cuando nos referimos a derechos civiles y políticos. En este caso se ha perseguido y hostigado a la disidencia política. Se ha impuesto el abuso de poder y la falta de control, ello sin contar con los eternos excesos de las policías y de los organismos militares, así como la violencia en el sistema penitenciario. Pero ha sido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la que ha violentado especialmente las garantías establecidas a través de un conjunto de fallos que han negado, tanto los principios antes señalados, como las garantías que la Constitución les da a sus ciudadanos. En este último sentido no hay acción de amparo o nulidad de leyes que haya sido acordada a favor de ningún reclamante en los últimos años. Incluso las decisiones tomadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a favor de víctimas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, no sólo no se han ejecutado, sino que expresamente se han declarado inejecutables. De hecho la Comisión Interamericana ha señalado en informes especiales, la grave situación en materia de derechos civiles y políticos en que se halla nuestro país.
Participación versus centralización
La idea de participación es uno de los aportes más importantes que busca cualificar la experiencia democrática venezolana. Este concepto ha significado un avance que permite la intervención de la población de forma directa en el proceso de toma de decisiones en los distintos niveles y bajo diversos mecanismos. Pero la norma constitucional desarrolló sólo los mecanismos referendarios, lo que le dio al sistema cierta tonalidad plebiscitaria que llegó a su paroxismo en el referendo abrogatorio de agosto de 2004. Los consejos comunales han aparecido como el medio fundamental para desarrollar la participación popular, pero debido a la polarización política, la participación ciudadana se ha visto sometida a criterios ajenos a sus intereses, convirtiéndose (los consejos y otras entidades) en maquinaria para ejecutar políticas decididas desde instancias ajenas a los mismos o meras plataformas sociales de los partidos.
De este modo, en vez de lograr un supuesto desarrollo de la sociedad civil a través de la participación, en realidad se ha intentado someter a los movimientos populares y ciudadanos a los intereses de los movimientos y agentes políticos en pugna. Aún así el proceso no ha frenado las ansias de mayor participación ciudadana, lo que ha arrojado un saldo positivo de organización en las comunidades y aprendizajes importantes para el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida.
Un verdadero proceso de participación exigía, como bien anotó el constituyente, un real proceso de descentralización que democratizara el poder y lo acercara al pueblo. Esto no sólo no ha ocurrido, sino que se ha vuelto a esquemas centralistas. Casos graves como el de la Alcaldía Metropolitana de Caracas a la cual se le quitaron todas sus competencias y la creación de una instancia de gobierno no democrática como la jefatura del Distrito Capital, señalan una dirección de desconocimiento práctico de la descentralización y también de los resultados de elecciones democráticas.
País desinstitucionalizado
Nuestra Constitución fue más allá de la clásica división tripartita del poder al crear cinco órganos a nivel nacional con el fin de garantizar la independencia y el balance de poderes. Pero, hoy como nunca estamos en un presidencialismo feroz, que se funda en el personalismo político que ha impulsado el actual régimen y que a finales de octubre llegó al frenesí de rezarle un credo al primer mandatario. Esto no es más que la expresión de lo que en la realidad ocurre. El poder ciudadano se ha vuelto un arma para perseguir a la disidencia política (baste recordar el tema de las inhabilitaciones hechas por el contralor), el poder electoral no toma ninguna medida contra los evidentes abusos y desbalances en los procesos electorales, el poder judicial se ha convertido en instancia de persecución de quienes adversan al Gobierno y la Asamblea Nacional (por culpa también de la oposición) es prácticamente monocolor.
Esta desinstitucionalización alcanza también a los más pobres cuando vemos la ausencia de hospitales que se sustituyen por un mecanismo de atención primario, de escuelas que se sustituyen por parasistemas oficiales, de carencia de seguridad con su consecuencia de miles de muertos en el país cada año.
Lejos de la realidad
Nuestra población cree y asume los beneficios que la norma constitucional enuncia en su articulado. Aprobada mediante referendo en 1999, y confirmada en el 2007, hoy en día cualquier actor político debe contar con ella. Pero eso no quiere decir que éstos la acepten y la apliquen. Más bien se ha convertido en una divisa de intercambio que al chavismo le sirvió de trampolín y que hoy la siente como una barrera que a través de leyes y discursos contradictorios busca sortear; y que a la oposición le está sirviendo de argumento de contención al poder, pero que aun así no la siente como suya por lo que sigue siendo mal querida.
En el editorial de Sic de diciembre de 1999 reconocíamos en positivo la consagración en forma amplia de los derechos humanos, la invitación a la participación popular y la intención de reformar el poder judicial recogiendo para ello un conjunto de principios normativos. Pero percibíamos estos logros como remiendos en vestidos viejos, porque la estructura institucional tendía al centralismo, el presidencialismo, a suprimir el pluralismo, al estatismo y a los fueros militares. A 10 años de distancia vemos que en general ocurrieron varias de las cosas que previmos. Sin embargo, creemos que todavía la Constitución de 1999 contiene un proyecto de país que no se ha desarrollado suficientemente, por lo que apostamos por su impulso definitivo en respuesta al deseo profundo que tiene el pueblo de construir justicia en libertad.
