Editorial Sic 709. Noviembre 2008
Estamos a pocas semanas de las elecciones de nuestras autoridades locales. Si en algún ámbito se expresa la fortaleza o debilidad de un sistema democrático es justamente en éste, cuanto más si tal sistema se pretende como participativo, pues el protagonismo de la población es mayor en la medida en que el poder se acerca a ellos. En este sentido, el Constituyente de 1999 estableció una fuerte vinculación entre descentralización y democracia. En la medida en que se da un mayor respeto y competencia a las entidades locales para que sean ellas las protagonistas de la acción del Estado, en esa medida las posibilidades de incidencia de la población (especialmente de los más pobres) es mayor. Esto es especialmente cierto cuando se trata del interior de la república.
Por eso deseábamos que esta campaña se dedicara a tocar los problemas cotidianos de los ciudadanos y la búsqueda de soluciones que hiciera posible elegir entre proyectos que abordaran la gestión de lo local y regional. Temas como seguridad, urbanismo, medio ambiente, vialidad y tránsito, mercado, desarrollo agrícola e industrial entre otros pudieron haber sido objeto de la campaña de quienes pretenden ejercer la función pública en cada una de nuestras comunidades. Esperábamos una campaña donde el ciudadano y sus necesidades fuera el centro temático de la misma. Pero en la mayoría de los casos no ha sido así.
La campaña se ha vuelto nuevamente un plebiscito sobre la figura del Presidente de la República. En esta desviación tienen responsabilidad tanto el chavismo como la oposición. Así, la campaña del PSUV consiste en poner delante la figura del ciudadano Presidente con la frase “los candidatos del pueblo son mis candidatos”. En el fondo se le pide al votante elegir en el estado o en el municipio como gobernador o alcalde a Hugo Chávez, representado en el candidato propuesto por el PSUV. De igual forma, la unidad de la oposición no parece plantear ningún otro programa que no sea un voto contra Hugo Chávez en la figura del candidato seleccionado, cuya mayor cualidad es justamente ser opositor a la figura del Presidente.
Pero lo más grave es el ventajismo grosero con el cual se ha actuado en la campaña por parte del sector oficial: los candidatos del PSUV han contado con el uso indebido de medios del Estado en sus campañas, así por ejemplo, actos oficiales se han convertido en actos proselitistas; los medios de comunicación del Estado han sido puestos en función de este grupo de candidatos. El mismo Presidente se ha involucrado en cada uno de los estados en la campaña, no sólo aupando a su candidato, sino agrediendo a candidatos contrarios. Dicha conducta supone un grave desprecio al ordenamiento jurídico (que prohíbe expresamente estas conductas) y a las entidades llamadas a ejercer el control de los actos del Poder Público como es en este caso el CNE. De igual forma duele ver como la Contraloría General de la República se muestra indiferente ante estos hechos notorios de mal uso de los bienes públicos, cuando en otros casos actuó cercenando los derechos políticos de algunos ciudadanos bajo el argumento de que éstos cometieron ilícitos administrativos que no han sido calificados jurídicamente como delitos, mientras los actos que reseñamos parecieran constituir al menos peculado de uso.
Aún peor, el Presidente el domingo 5 de octubre dijo que “Donde haya gobernadores contrarrevolucionarios, donde haya alcaldes contrarrevolucionarios, yo no puedo enviar recursos. ¿Para que se los roben? ¿Para que los usen en la conspiración contra mí, contra el mismo pueblo? Sería un irresponsable si lo hiciera”. Semejante afirmación supone ir expresamente contra las normas constitucionales que en este supuesto concreto establecen claramente lo que le corresponde al Poder Nacional a diferencia de lo que debe ser entregado al Poder Estadal y al Poder Municipal. Los recursos que la Constitución destina a los poderes públicos no son objeto de decisión por parte del Presidente. De hecho semejante postura significa que el Presidente desconocería el derecho que asiste a los mandatarios regionales y el derecho que tiene el pueblo a darse los mandatarios regionales y locales que así desee.
En esa dirección cabría comentar que el actual Proyecto de Ley de Ordenamiento del Territorio es también un golpe al derecho a la participación pues irrespeta el proceso de descentralización. En dicho proyecto se contempla la creación de la figura de autoridades regionales, nombradas por el Presidente de la República, a la que estarán subordinadas las autoridades estadales y locales electas por la población. Esto es restarle poder al pueblo y aumentarlo a la burocracia centralista. Igual sucede con normas que pretenden establecer una planificación centralizada que deja de lado la real participación de las comunidades afectadas, pues las mismas no tienen capacidad de controlar a las autoridades que representan al Poder Nacional.
Frente a estos hechos constatamos que en la historia electoral venezolana se ha mostrado varias veces cómo los ciudadanos distinguen claramente los diversos niveles (nacional, estadal y municipal) y no hacen transferencia inmediata de votos (que siempre ha sido la pretensión de los grandes partidos desde 1989). Es un error pretender que el apoyo o rechazo al Presidente se transfiera sin más a un candidato a gobernador o alcalde. Si bien hay un grupo de ciudadanos que se guiarán por esa premisa, muchos otros se preguntan más bien por la figura del candidato en sí y su cercanía con la comunidad y sus problemas. Es esto lo que construye la verdadera democracia participativa en la cual los ciudadanos tienen la posibilidad real de confrontar a sus dirigentes. Es esta experiencia la que permite el surgimiento de un liderazgo desde las bases que creemos nos puede ayudar a superar la lógica de la polarización.
Así, es bueno señalar que hay algunas experiencias donde sí se observa que los candidatos están hablando sobre los problemas de sus conciudadanos. Por ejemplo en Petare tanto la campaña llevada adelante por Jesse Chacón como por Carlos Ocariz se refiere a las necesidades de Petare y su gente, con propuestas para su solución: desechos sólidos, seguridad, transporte, educación. En Lara parece surgir un nuevo liderazgo regional que se funda en una buena gestión local. Estos son los temas y realidades que nosotros proponemos y que esperamos adquieran vigencia.
