Editorial Sic 704. Mayo 2008
Nuevamente la educación vuelve a ponerse en la palestra pública nacional con la propuesta del currículum bolivariano. El debate está siendo intenso y ha suscitado la participación de todos los sectores de la sociedad, al punto que el Presidente de la República en su alocución del 3 de abril ha postergado su aplicación y ha hecho un llamado a diseñar una alternativa, a los sectores que se oponen a su propuesta, para que la sociedad por la vía refrendaria en 2009 elija entre dos opciones: la oficial o la de oposición. A partir de este hecho, queremos aportar algunas reflexiones con la finalidad de enriquecer este debate.
En primer lugar nos parece que más allá del currículo lo que está en juego es algo más estructural: la calidad de la educación. El Estado está obligado a garantizar el acceso universal a una educación de primera que esté a la altura de las exigencias de la época. Ser garante implica crear las condiciones y las sinergias necesarias de todos los sectores de la sociedad para el diseño y aplicación de políticas públicas orientadas a hacer realidad una educación de calidad para todos y todas los ciudadanos y ciudadanas de la República. Por eso el Estado en cuanto tal tiene una función docente importante, especialmente desde el criterio de la equidad para que ésta sea inclusiva. Pero esto no nos lleva a compartir la tesis del Estado docente en la que el Estado es el único educador.
Hacer justicia a la realidad educativa exige recuperar nuestra memoria. En los primeros 22 años de democracia (1958- 1980) se fue consolidando una educación pública inclusiva y de calidad que llegó a estar a la altura del tiempo, al punto que los estudiantes que egresaban de nuestro sistema educativo eran altamente competitivos a nivel internacional, prueba de esto fue el alto nivel de capacidad de nuestros estudiantes provenientes del sistema de becas Gran Mariscal de Ayacucho. La educación fue sin duda alguna en dicho período uno de los principales vehículos de movilidad social. Las personas de nuestros barrios podían apostar y hacer realidad el sueño de tener entre sus hijos un técnico cualificado o un profesional competente y a través de ello mejorar sus condiciones de vida.
A partir de la década de los 80, especialmente desde la crisis del viernes negro en febrero de 1983, los sucesivos gobiernos iniciaron una política de reajuste económico que implicó el recorte en los presupuestos destinados a los servicios públicos entre ellos la educación. Además el sistema educativo se fue convirtiendo en un aparato político clientelar a través del cual el gobierno de turno enchufaba y daba prebendas a sus copartidarios. Estas dos variables junto a otras, hicieron que en la práctica se iniciara de manera drástica un deterioro de nuestro sistema educativo en todas sus dimensiones: infraestructura, reducción de la matrícula, deserción escolar, deterioro de la calidad de vida de los docentes, inseguridad, droga y violencia en los centros educativos dependientes del Estado.
Paralelo a este proceso se fueron fortaleciendo redes de educación privada con vocación pública como Fe y Alegría, pero también fueron surgiendo una pluralidad de escuelitas y colegios privados en los sectores suburbanos para suplir la ineficiencia de la educación pública nacional, algunos de estos centros tan onerosos como los de la ciudad. A pesar de ello, muchas familias de nuestros sectores populares prefirieron hacer el sacrificio e inscribir a sus hijos en estas escuelitas privadas antes que mantenerlos en la escuela pública nacional. En síntesis, podemos decir que en los últimos 20 años de democracia, de la hoy llamada Cuarta República, se deterioró estructuralmente la calidad de la educación pública venezolana porque se pasó de un Estado interclasista que tenía la educación como uno de los vehículos de movilidad social a un Estado excluyente.
Con la asunción al poder del presidente Chávez en 1999 y su agenda inicial de inclusión social se esperaba, con el concurso de todos los sectores de la sociedad, el diseño de políticas en el campo educativo destinadas a recuperar de manera estructural la educación pública y ponerla a la altura de los tiempos. Aplaudimos el hecho que en términos porcentuales, en estos 8 años de revolución bolivariana, ha aumentado la inversión en educación, especialmente por la vía de las misiones. Pero las falencias estructurales en el sistema educativo se han profundizado, lo cual es una señal clara de ineficiencia en la gestión e ineficacia de la misma. El poder adquisitivo del salario de los docentes hace que éstos requieran dos o tres empleos para poder sobrevivir. Hay un marcado déficit de centros educativos. La criminalidad y la inseguridad ciudadana hace que muchas escuelas sean de difícil acceso, tanto para los docentes como para los estudiantes. Los niveles de matrículas se han están estancado. Hoy más que nunca la educación se ha convertido en un aparato clientelar del gobierno de turno, en especial a través de las misiones. En síntesis, la educación en Venezuela sigue siendo una tarea pendiente.
En segundo lugar, en cuanto al currículo que es el tema que está actualmente en el debate nacional, creemos que es legítimo que se plantee una revisión y adecuación del actual, de tal manera que se puedan adecuar los contenidos educativos a las exigencias de la época, pero nos preguntamos ¿es realmente éste el objetivo? No.
Un primer acercamiento nos entusiasma, pero luego descubrimos que los valores proclamados nada tienen que ver con los valores realmente desarrollados. Por ejemplo, en principio estamos de acuerdo con los cuatro pilares que se proponen “aprender a crear, aprender a convivir y participar, aprender a valorar y aprender a reflexionar” pero ¿qué visión de país le sustenta?, ¿desde qué paradigma de relación se pretende crear, convivir, participar, valorar y reflexionar? Según un estudio de profesores de historia de la UCV y de la UCAB, de los 160 contenidos de Ciencias Sociales en bachillerato, nueve se refieren a Historia Universal, 21 a la historia contemporánea de Venezuela antes de 1999, 76 al gobierno de Hugo Chávez y tres al ideario de Bolívar. Para buen entendedor, pocas palabras.
Por otro lado, es muy distinto un currículo impuesto a uno debatido y consensuado por los distintos actores que conforman la vida del país. El modo de producción determina el producto. Si el gobierno, a quien la sociedad le ha confiado por la vía electoral administrar la cosa pública, no reconoce los límites entre gobierno, Estado y sociedad e impone para el conjunto de la sociedad la doctrina de su partido a través del nuevo currículo escolar, estaremos en presencia de un franco retroceso y cierre de los espacios democráticos. Por eso no nos queda la menor duda que si el currículo se termina imponiendo unilateralmente, estos cuatro pilares no serán más que los fundamentos para el adoctrinamiento del “hombre nuevo bolivariano” y su ámbito de relación y realización serán el partido y la Fuerza Armada Bolivariana.
Por todo esto, ante la propuesta del señor Presidente de postergar la implementación del currículo e ir para el próximo año a un referendo para elegir entre la propuesta oficial o la propuesta de la oposición, valoramos el que se de un tiempo para el debate y que se haya postergado la implementación de dicho proyecto hasta no ser aprobado por el conjunto de la sociedad, pero estamos convencidos que la educación es un asunto público que debe ser debatido desmarcado de la polarización gobierno-oposición. Más bien proponemos profundizar el debate más allá del currículo por una reforma estructural de nuestro sistema educativo donde el nuevo currículo sea un componente. A fin de cuentas la educación es un problema de todos.
N.R: Esta edición especial sobre el tema educativo modificará parcialmente la estructura ordinaria de la revista Sic para dar espacio al análisis del tema curricular.
