Editorial Sic 703. Abril 2008
Los recientes acontecimientos en los que el gobierno colombiano invadió y realizó operaciones militares en territorio ecuatoriano ejecutando a miembros de las FARC-EP, con claras evidencias de que no estaban en situación de combate (circunstancias que constituirían una grave infracción al derecho internacional humanitario), crea un precedente de actuación unilateral que de no detenerse a tiempo y establecerse como patrón de actuación, generaría una crisis regional con aristas sumamente preocupantes.
El conflicto social y armado colombiano ha desbordado su territorio. No es el primer caso en que países vecinos han visto vulnerada su soberanía territorial por miembros de las fuerzas armadas colombianas (secuestro de Rodrigo Granda en Caracas, diciembre 2004). Por otra parte la presencia de las organizaciones guerrilleras y paramilitares en las zonas fronterizas limítrofes con el país neogranadino hace tiempo se ha convertido en algo ordinario.
La guerra prolongada en Colombia ha llegado a los niveles más dolorosos de perversión e inhumanidad. Todos los actores de poder confrontados en esta guerra fratricida, violan sistemáticamente los derechos humanos y el derecho humanitario internacional. Nos preocupa, que un conflicto armado de más de seis décadas no se intente resolver a través de salidas políticas negociadas, sino que por el contrario haya un empeño en apostarle a las falsas soluciones militaristas, al punto que Colombia tiene el presupuesto militar más alto de la región.
No estamos de acuerdo con la opción dura, pues más que solución es una calle ciega que hará más prolongada esta dolorosa guerra. Sin embargo, dado que ésta pareciera ser la opción de la administración Uribe, en ella el Estado colombiano debería regirse por los tratados y convenios internacionales que regulan los conflictos armados, pues su conducta no puede ser igual o peor a la de aquellos a quienes dice combatir. Por eso recordamos los señalamientos que hace décadas han venido haciendo organizaciones de derechos humanos en Colombia, así como los informes anuales sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre otras, en torno a la degradación continua en el modo de llevar este conflicto armado por parte de todas las fuerzas beligerantes.
En medio de esta situación, tenemos a lo interno de Colombia, millones de desplazados forzados internos, cientos de miles de refugiados en los países vecinos, miles de niños participando en el conflicto, miles de victimas de minas antipersonas, una migración forzada en diáspora por todo el mundo, decenas de civiles no combatientes en cautiverio, desapariciones, asesinato de indígenas, sindicalistas, afrocolombianos, opositores políticos y otros cientos de miles de personas asesinadas en medio de un conflicto creciente que por la vía militar no tiene solución.
No deja de suscitar sospechas que, tras la reciente liberación de cuatro personas secuestradas por las FARC-EP, la respuesta haya sido la intensificación de las operaciones militares por parte de la fuerza pública. Situación que pone en serio riesgo la posibilidad de un acuerdo humanitario conducente a la liberación de todos los retenidos, además de agregar un obstáculo más a la posibilidad de una salida política negociada al conflicto social y armado colombiano.
La respuesta que los países suramericanos han tenido en cuanto a la violación de la soberanía territorial nos parece acertada. La integridad territorial de cada país debe ser observada escrupulosamente por los países vecinos. Nada justifica vulneraciones a ese principio. Existen muchos mecanismos y canales entre los países para resolver problemas que puedan suscitarse entre ellos. Recordemos además que Colombia se opuso enfáticamente a la “persecución en caliente”, que a mediados de los años 90 propuso Venezuela, como medida para combatir las acciones de la guerrilla colombiana en su territorio.
En el caso venezolano, nos parece desacertado responder a la situación tan delicada con medidas de corte militar. A las medidas belicistas no debe responderse con mayores medidas del mismo tipo. Por el contrario lo que se impone es la obligación de mantener el diálogo que permita corregir las situaciones conflictivas que se susciten. En medio de esta crisis lo que se impone es aunar esfuerzos para buscar una resolución política negociada al conflicto social y armado de Colombia en el mediano plazo y en el corto plazo la liberación de las personas que están secuestradas.
