Editorial Sic 703. Abril 2008
El país lleva varios meses enfrentando un problema de escasez alimentaria cuyas causas son debatidas en los medios de comunicación. Para el sector oficial el problema se sitúa en una campaña mediática (argumento muy novedoso) que genera una sensación de escasez. Otra explicación paralela es la de inculpar de la situación a los productores, importadores, distribuidores o vendedores con palabras como: improductividad, acaparamiento, contrabando, latifundio, especulación. Por el lado de la empresa privada se señala la regulación de precios, el control de cambio y la intervención sobre fundos como la causa de la actual situación de desabastecimiento.
Este problema no es nuevo en el país, más bien se trata de procesos recurrentes y en muchos casos las causas señaladas no son contradictorias sino concomitantes, por lo cual habría que decir que la responsabilidad es compartida. Pero aquí lo importante no es encontrar culpables, sino establecer una política de gestión alimentaria eficiente que aborde los problemas de producción y distribución de alimentos que sea inclusiva. Desde esa perspectiva cuestionamos la ausencia de políticas estructurales.
Para atender la circunstancia presente, el gobierno ha intentado políticas de corto plazo que a la larga resultan ineficientes y en muchos casos insultantes de la dignidad de los pobres: megamercales o mercalitos a pleno sol, bajo colas interminables para encontrar una cantidad de alimentos racionados por persona; el establecimiento de una ley contra el acaparamiento y la especulación que convierte a los Consejos Comunales en consejos policiales y al Estado en un ente enfrentado contra su sociedad, haciendo de sus productores, distribuidores y vendedores unos permanentes sospechosos de comisión de delito; las limitaciones en la frontera que hacen sentir a esos venezolanos ciudadanos de segunda.
Estas medidas han resultado contraproducentes pues no abordan el problema central de lo que es una vieja aspiración nacional: la soberanía alimentaria. Esta aspiración se encuentra recogida en la Constitución Nacional (artículo 305) “entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor.” Para lograr este fin el constituyente no ve otro camino (y nosotros tampoco) que el desarrollo de la productividad agropecuaria interna, promoviendo el mejoramiento de las condiciones de los campesinos y productores agropecuarios.
En la producción alimentaria hay un elemento ético fundamental, pues de ella depende el desarrollo de la nación y además la vida de muchas personas. En ese sentido la producción y distribución de alimentos es de interés público, pero no por ello queremos decir que sea de exclusiva o preferente ingerencia por parte del Estado, sino que requiere una acción conjunta con la sociedad en particular con quienes se dedican al trabajo en el campo y los que asumen la tarea de distribución, así como la agroindustria.
No es demonizando a los otros actores del proceso productivo y de distribución como se puede enfrentar la actual situación. Se requiere muy por el contrario reglas claras que definan las situaciones como el latifundio (que debe ser eliminado a través de tecnificación y el impuesto predial como sugiere la misma Constitución), predio ocioso o improductivo, distribución del financiamiento agrícola por parte del Estado, etc. Lo mismo habría que predicar sobre el tema de control de precios y la cadena de distribución. Es decir, se requiere una gestión profesional y una comprensión seria de los problemas para responder asertivamente a los mismos y no gestos emotivos que sólo empeoran las condiciones.
Es con una gestión eficiente, diálogo abierto y sincero con los distintos actores, y una actitud de inclusión que genere nuevas posibilidades y oportunidades en el campo venezolano como se puede encaminar una vía de solución. No requerimos más explicaciones que busquen culpables extranjeros o nacionales, se requiere un gobierno que construya soluciones consensuadas que permitan solventar esta crisis que de no ser abordada pronto y efectivamente puede llevarnos a escenarios poco deseables.
