Editorial Sic 702. Marzo 2008
El derecho a la Seguridad Ciudadana sigue siendo la mayor deuda pendiente del Estado venezolano con la ciudadanía. Una deuda que es sinónimo de irresponsabilidad, indolencia e incapacidad para actuar decididamente frente al mayor de los problemas sentido por la gente, por la toda la sociedad venezolana sin distinción alguna, y que golpea especialmente a la gente de más escasos recursos que no cuenta con alternativas para brindarse algún mecanismo de seguridad privada. Según los datos que recoge el Informe 2007 de Provea, 8 de cada 10 personas consideran que la seguridad personal es el problema más relevante en Venezuela.
Los delitos contra las personas mantienen durante los últimos años un comportamiento ascendente. Los homicidios vienen exhibiendo un sustancial incremento que los ha llevado a representar del 1% del total de delitos conocidos en 1990 al 5,2 % del total registrado en el 2006 y los datos procesados hasta el presente indican que esa tendencia al incremento continúa manteniéndose. Esta realidad se padece principalmente en los sectores más pobres de la población y tanto los victimarios como las víctimas tienden a pertenecer a los grupos más jóvenes de edad. Últimamente se está registrando un incremento importante de casos de violencia familiar, maltrato infantil y abuso sexual a niños y niñas.
El delito de secuestro ha venido a sumarse a la lista de delitos comunes en Venezuela. Siendo una situación considerada como especialmente grave en los estados fronterizos, su presencia no se excluye en otras entidades del país. Un total de 232 casos de secuestros conocidos durante 2006 en comparación a los 206 registrados en 2005 evidencia un incremento del 11% entre ambos años.
Las armas de fuego son el instrumento especial para cometer delitos. Cerca del 58% de las víctimas de algún delito a nivel nacional fueron sometidas con armas de fuego. El Estado venezolano ha perdido el control sobre el porte de armas. Algunas investigaciones afirman que en Venezuela hay un arma de fuego por cada 5 personas.
En la encuesta de victimización realizada por la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL) en 2006 se puede apreciar que el 70,1 % de los afectados por la comisión de un delito no denunció el hecho ante los organismos competentes. Las razones principalmente aducidas consideraban que: los cuerpos de seguridad no harían nada con la denuncia, no tomarían la denuncia, así como también se señaló el miedo a represalias por parte de los responsables del hecho. El dato es clave pues pone de manifiesto que la población se siente desprotegida frente al delito, al mismo tiempo que habla de la situación de impunidad de la que goza el delito frente a un Estado incapaz de castigarlo y reprimirlo.
El problema de la Policía
Uno de los componentes fundamentales de la impunidad del delito en Venezuela tiene que ver con la situación de las policías. Su degradación ha llegado a tal límite que se han convertido en parte del problema de la inseguridad ciudadana, por su contribución y complicidad con el delito. En la encuesta de victimización ya referida, la gente percibe a la policía como arrogante, violenta y corrupta.
De acuerdo con los estudios de la CONAREPOL, existen en Venezuela 123 cuerpos policiales, de los cuales 24 son estadales (contando a la Policía Metropolitana) y 99 son municipales. También cumplen funciones de policía la Guardia Nacional, el CICPC y el Cuerpo de Vigilantes de Tránsito Terrestre. El número de agentes policiales, según arrojan los datos recogidos en los distintos cuerpos, es de 68.948. Si agregamos a los funcionarios de la G.N, el CICPC y el CVTT, este número sería de 116.803. La tasa policial para Venezuela, teniendo en cuenta todos los cuerpos que efectivamente cumplen funciones policiales asciende a 439,48 por 100.000 habitantes, muy por encima de los estándares internacionales.
Las organizaciones policiales en Venezuela se caracterizan por contar con estructuras rígidas y verticales, que han demostrado su no funcionalidad para la actuación de la policía en contextos democráticos y complejos, ya que impiden desarrollar la iniciativa y autonomía de los agentes operativos, dificultan la adaptabilidad a las tareas de calle, favorecen el corporativismo y encubrimiento de malas prácticas policiales, especialmente las cometidas por funcionarios de mayor rango, favorecen la extorsión interna, maltratos y abuso de poder hacia los agentes de rango inferior, incentivan la pérdida de expectativas de carrera y compromiso con la organización, contribuyen a la imposición de liderazgos jerárquicos sin arraigo entre los agentes, generan dificultades para coordinarse con otros cuerpos policiales, agencias y ciudadanos, poca disposición a rendir cuentas a actores externos, desarrollo de tácticas y estilos paramilitares. Paradójicamente, el verticalismo también impide un efectivo control interno de la institución, pues éste se basa en la jerarquía y en valores autoritarios y no en procedimientos definidos de rendición de cuentas.
Muy unido al problema anterior está la estructura militarizada de las policías. Una de las características centrales de la policía moderna es su diferenciación de las fuerzas armadas y su especialización como cuerpo civil armado. Pero según la caracterización policial hecha por la CONAREPOL, la policía venezolana muestra acentuados rasgos de militarización. Las consecuencias de este talante militarizado se expresa en determinados modelos de actuación y de relación con la sociedad: un uso más extenso e intensivo de la fuerza física, menor cantidad de denuncias (los ciudadanos sólo acuden a la policía para denunciar delitos graves), menor permeabilidad al escrutinio externo, menor autonomía de los agentes operativos y mayor dependencia de los mandos políticos.
La Nueva Ley de Policía Nacional
Después de un año de finalizado el trabajo de la CONAREPOL, gracias al cual el Ministerio de Interior y Justicia obtuvo un amplio y consensuado diagnóstico de la situación policial en Venezuela, así como un conjunto de proposiciones que se materializaron en una propuesta de modelo para el ejercicio de la función policial, el Ejecutivo Nacional estudia la posibilidad de aprobar por la vía de Ley Habilitante el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Policía Nacional y del Servicio de Policía, recogiendo en él gran parte de las recomendaciones hechas por la CONAREPOL. Aplaudimos la decisión, aunque reprochamos la tardanza en hacerlo, sobre todo cuando lo único que medió fue el veto arbitrariamente impuesto por el antiguo Ministro de Interior y Justicia, Pedro Carreño.
El proyecto de decreto ley establece y regula el servicio nacional de policía, intentando coordinar los diversos niveles nacionales, estadales y municipales en un conjunto ordenado y homogéneo de normas y procedimientos estandarizados para el ejercicio de la función policial, lo que significa un gran avance frente a la dispersión existente. Propone mecanismos concretos de control externo e interno. Entiende a la policía como un servicio público profesional, civil, respetuoso y garante de los derechos humanos. Creemos que su aprobación será de gran ayuda para orientar la reforma policial, actuando así directamente en una de las causas que paradójicamente más ha incidido en el estado actual de inseguridad que vive el país: la corrupción y degradación policial.
Sin embargo, es necesario aclarar, para no caer en falsos optimismos, que la ejecución de esta ley requiere de una voluntad política muy clara pues los obstáculos y resistencias para su implementación son de gran calado. Esa voluntad política hasta ahora no se ha demostrado, más bien hemos sido víctimas de la desidia del Estado frente al problema de la inseguridad en general y de la reforma policial en particular. En efecto, la ley suprime en la práctica a la Guardia Nacional, pues sus funciones pasan a ser ejercidas por la Policía Nacional, lo que obliga a reestructurarla o a suprimirla. También las policías estadales, y especialmente la Policía Metropolitana, han de sufrir importantes cambios ajustando sus competencias a las funciones que le asigna la ley. No es difícil suponer que desde estos órganos han de provenir una serie de resistencias y presiones importantes. ¿Será capaz el Ejecutivo Nacional de sobreponerse a estas resistencias y presiones?
Pero además siendo la ley un instrumento general, abstracto y universal, su concreción y aplicabilidad depende de la creación de un conjunto de reglamentos operativos muy específicos, que requieren no sólo voluntad política sino capacidad institucional y organizativa. Ya sabemos las claras limitaciones que al respecto tiene el Estado venezolano, agravados por el modo de proceder del actual gobierno, que en la ley se convierte, a través del Ministerio de Interior y Justicia, en el órgano rector del Servicio Nacional de Policía.
Será pues necesario que las organizaciones de la sociedad civil y la opinión pública asuman este instrumento legal como mecanismo concreto para demandar la reforma policial en Venezuela. Dejárselo sólo al gobierno no creemos que sea prudente.
