Editorial Sic 696. Julio 2007
No hay lugar a dudas que la decisión de no renovar la concesión a RCTV obedece a motivos políticos y más concretamente a la decisión del Presidente de eliminar los canales de opinión pública opositores a su gobierno con mucha audiencia. La razón invocada de golpismo, debió ser ventilada por el poder judicial en sus correspondientes instancias, y ellos eran los encargados de imponer las sanciones que pauta la ley, si hubiere lugar.
Además, si la razón aducida hubiera sido realmente el motivo de la medida, se la habría aplicado con mayor razón a Venevisión, ya que su dueño fue presuntamente la cabeza del golpe. Como Cisneros, a quien sólo interesan sus negocios, se plegó al gobierno, el Presidente no tiene nada en su contra, y por eso el mismo día del cierre de RCTV le renueva la concesión. Pero para que no quede duda del motivo, que sigue vigente, se la renueva para cinco años, advirtiéndole implícitamente que la concesión depende exclusivamente de que prosiga su política de contemporizar con el gobierno. La conclusión es que la no renovación se debió exclusivamente a la orientación antigobiernista de la televisora.
Hay en este proceder al menos dos vertientes, a cual más preocupante. La primera, que tiene que ver con el Presidente y su gobierno, es el talante antidemocrático de no permitir una oposición sistemática de los medios masivos. Esta línea se ve confirmada por las amenazas cada vez más explícitas a Globovisión, que no ha sido intervenida hasta ahora por la pequeñez de su alcance. Pero lo más grave en este campo (en esto sí es Chávez un marxista riguroso) es la sistemática descalificación, incluso la demonización del que osa contradecirle públicamente o protestar contra sus medidas. Sólo un gobernante de perfil autoritario y autocrático se niega a tomar en consideración las críticas y, lo que es mucho más grave, arremete contra los que las hacen, amenazándolos con el peso de todo el poder del Estado discrecionalmente concentrado en él.
Ésta es precisamente la segunda vertiente, que tiene que ver con la percepción de una parte muy extensa de la ciudadanía: el Presidente personifica, no sólo representativa sino realmente al gobierno, saltándose las demás instancias; personifica al Estado, desconociendo los demás poderes; personifica al pueblo, sintiéndose su encarnación y absorbiéndolo, negándole su condición de sujeto autónomo; y personifica a la patria, tachando de antipatriotas, vendidos al imperialismo y por tanto sin derechos a los que no comparten su visión de país o su conducción del gobierno.
Desde el comienzo de la crisis con RCTV esgrimió ese argumento: él, dijo, no iba a dar un espacio a quien estuviera contra él. Él es el dueño de las frecuencias y por eso sería ir en contra de sus propios intereses, entregarlas a sus contrarios. ¿Cómo uno va a ser tan tonto que entregue a sus adversarios un espacio que es suyo para que lo combatan? Es lo mismo que ha estado repitiéndose incesantemente estos días: ¿A qué viene tanto alboroto? El caso de RCTV es como cuando uno tiene en la casa un inquilino y le dice un día que desaloje. El inquilino no tiene más alternativa que desalojar.
¿Qué hay en el fondo de ese razonamiento, que a tanta gente le suena convincente? Que el Presidente es el dueño, el amo, del Estado, en definitiva de Venezuela. En la teoría democrática es elemental que Venezuela es de los venezolanos y que no la hipotecamos a nadie. El Presidente es un servidor público, que gobierna transitoriamente de acuerdo con la ley y con muchísimos otros funcionarios, cada uno de los cuales tiene su propia competencia. Sin embargo en el atavismo de muchos compatriotas está todavía el arquetipo del caudillo, que se cogía la república para su disfrute privado. Podía tener buenas o malas intenciones, pero de lo que no cabía duda era que él era el que mandaba. Las leyes podían decir lo que quisieran, el hecho, sabido por todos, era que aquí mandaba él.
No nos cabe duda de que en este caso Chávez llegó a la Presidencia para la redención social del pueblo venezolano. Pero tampoco nos cabe duda de que a esta altura de la parada él tiene claro, y quiere que todos lo sepan para que se sepa a qué atenerse, que en Venezuela manda él. Y si cualquier ley o la misma constitución que él creó dicen otra cosa, se las cambia para que estén de acuerdo con él, y mientras tanto se hace lo que él diga.
Sus partidarios podrán decir que este proceder es imprescindible en esta fase de transición y sus adversarios dirán que el fin no justifica los medios, pero en lo que unos y otros coinciden es en que aquí manda él. Y, si manda él, ¿no estamos en una autocracia? En nuestro país sólo Páez se proclamó dictador. Los demás, después del respectivo golpe o como se llame su interrupción de la legalidad y su toma del poder no contemplada en las leyes, se aprestaban a inscribirlo en la legalidad que creaban para ello. Así se ha venido haciendo y así se hace hoy. Sólo en los cuarenta años de democracia se procedió distinto. ¿En verdad queremos volver a la Venezuela de los amos, a los amos ayer del valle y hoy del país? ¿Queremos ser ciudadanos o súbditos? Ésta es la pregunta de la hora. Lo demás se puede ir arreglando por el camino.
