Editorial Sic 695. Junio 2007
La CIDH y Chávez
El Presidente Chávez decidió responder a la demanda que introdujo la Comisión Interamericana contra el Estado venezolano por violación a los derechos humanos, mandandola a “lavar ese paltó”. El presidente apela al insulto y la descalificación de la CIDH, como lo hacen sus correligionarios en la Asamblea Nacional, vinculándola al golpe de Estado de abril de 2002. Ello no debe resultar novedoso considerando la verborrea presidencial y en especial su predilección por el insulto y la descalificación, recuérdese el episodio del “insulso doctor Insulza” o cuando llamó al secretario de la CIDH “cantón de mentiras”. (Juramentación del gabinete 08/01/07 y Aló presidente #169 del 26/10/03).
Ante esta nueva andanada presidencial, parece particularmente interesante ver el “paltó” de la Comisión en cuanto a este tema en particular. En primer lugar habría que recordar al Presidente que la CIDH en sus comunicados de prensa de abril, “lamentó constatar que durante los días 12 y 13 de abril se produjeron detenciones arbitrarias y otras violaciones a derechos humanos; deploró la destitución de las más altas autoridades de todos los poderes públicos; y advirtió que dichos hechos configurarían los supuestos de interrupción del orden constitucional contemplados en la Carta Democrática.” (Comunicado de prensa 15/02 de fecha 15 de abril de 2002) Mas aún, al término de su visita a Venezuela en mayo de 2002, “(…) la Comisión condenó las muertes y los hechos de violencia, repudió el golpe de estado.” Lo que resulta aún más paradójico es que durante la misma visita en una reunión con el propio presidente Chávez, éste “agradeció las acciones de la Comisión.” (Comunicado de prensa 23/02 del 10 de mayo de 2002).
En aquel momento la CIDH no se fue por los caminos que tomaría el TSJ de calificar como “vacío de poder” lo que claramente había sido un golpe de Estado. Pero hoy en día el Ejecutivo ha tomado la vía que entonces denunció como falsa. Cambiar la realidad con base a discursos fabricados. En el discurso del Ejecutivo lo de RCTV no es censura de un canal, es final de una concesión que el Estado tiene la libertad de no renovar.
El caso RCTV
Ya esta revista se pronunció sobre este aspecto (Editorial enero-febrero 2007 Nº 691). En aquel momento señalamos que si bien no compartíamos ni el estilo de televisión propugnado por RCTV, ni tampoco su línea editorial. Considerábamos la medida como una violación a las libertades políticas y en concreto a la libertad de expresión. La medida incurre en la misma práctica que se le imputa a la directiva de ese canal, a saber censurar (en especial reconocemos como cierto lo narrado por Rohna Ottolina en la carta que escribe sobre el caso RCTV, en la que acusa a ese canal de haber sido censor de la libertad de expresión). Se funda en una potestad del Estado, pero es usada como retaliación política debido a que ese canal no se ha plegado a los dictados informativos del gobierno. No se siguió procedimiento alguno que justifique la medida, pero eso se omite recordando una y otra vez que ese canal participó en el golpe de Estado de 2002, como si no lo hubiesen hecho, aún con mayor fuerza, otras plantas televisivas hoy plegadas al dictado del gobierno.
Es inevitable recordar que el presidente de Telesur habló con claridad de la necesidad de que el gobierno dispusiese de hegemonía comunicacional. Pensamos que en el fondo de eso se trata y que tal hegemonía apunta en la dirección de un gobierno no democrático. Signo de ello es la salida del aire de varios periodistas en diversos canales, expresión de la autocensura de los medios de comunicación privados y cuyo efecto seguramente será más brutal en el interior del país en medios más pequeños que las televisoras nacionales.
Pero la demanda introducida por la CIDH ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se refiere a la no renovación de la concesión de RCTV, sino a unos periodistas que fueron maltratados por personas aparentemente afectas al gobierno, por eso resulta insólita la declaración del ciudadano Presidente. ¿Se trata que ahora los venezolanos no pueden usar los derechos consagrados en los tratados sobre derechos humanos y reconocidos en la Constitución? Es bueno recordar que nuestra Constitución en el artículo 31 establece el derecho de todo ciudadano a presentar peticiones o quejas contra el Estado, ante organismos internacionales encargados de la supervisión en materia de derechos humanos. A la vez el mismo Estado se obliga a acatar las decisiones de dichos órganos.
La actitud del Presidente ante los Derechos Humanos
Pero la actitud presidencial se parece a la de quien formula principios abstractos que no le pueden ser demandados como conductas concretas. Afirma que quiere y respeta los derechos humanos, aunque no quiere ni respeta los mecanismos de supervisión y cumplimiento. La soberanía es entendida de forma irresponsable, pues ante nadie se rinde cuenta por el cumplimiento de las obligaciones y se pretende que nadie la puede demandar. Por eso cuando se le requiere su cumplimiento la reacción es el insulto.
Además la descalificación refleja la poca memoria presidencial, o la memoria o interpretación selectiva que tiene sobre de la CIDH, pues cuando sus pronunciamientos resultan favorables logra agradecimientos, pero cuando no van en sintonía con la opinión presidencial, entonces nace su repudio e incluso una nueva interpretación histórica.
Aún más sorprendente resulta el chantaje planteado por el Presidente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según la cual, si resulta condenado por el caso RCTV abandonará la OEA. Esta postura se nos hizo similar a la asumida por la oposición en las elecciones de 2005 con el terrible fracaso que ya conocemos. Se trata de la misma postura asumida por Fujimori ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos con el mismo tipo de argumentación. Es triste constatar que los extremos suelen coincidir en sus posturas y argumentos.
El Sistema Interamericano y las organizaciones internacionales tienen fallas y debilidades. En muchos casos no hacen pronunciamientos oportunos sobre las violaciones en las que incurren otros gobiernos como el Norteamericano, pero sigue siendo un mecanismo valido para garantizar la defensa de los derechos en América y por otro lado tales fallas no pueden servir de excusa para amparar a su vez situaciones de violación a los derechos humanos en el ordenamiento interno.
Un argumento usado por el Presidente y repetido por algunos voceros del parlamento y del gobierno ha sido que abandonar la OEA no generaría ningún tipo de problema a la población venezolana, pues ésta no se daría siquiera cuenta de ello. Esto es muy probable, salvo para los presos de Yare y la Pica, que tienen medidas de protección por parte de la Corte dado que el Estado ha sido incapaz de proteger la vida ni de quienes están en prisión (cuánto menos de la población en general), también de quienes han denunciado abusos por parte de los cuerpos policiales y que hoy están amenazados, así como la integridad de varios periodistas y defensores de derechos humanos que se han visto acosados.
Sería bueno recordar que ha sido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos el que se enfrentó a dictaduras en todo el continente a lo largo de su historia, denunciando múltiples situaciones, desde la visita hecha al Santo Domingo de Trujillo por el entonces Presidente de la Comisión Don Rómulo Gallegos, pasando por los casos del Chile de Pinochet, el Perú de Fujimori, la Argentina de la Junta Militar, la Cuba fidelista, el problema paramiliar en Colombia, la violencia durante la década de los 80 en Centroamérica, etc. El sistema también ha trabajado en la dirección de los derechos económicos, sociales y culturales, con decisiones importantes que reivindican a grupos cuyos derechos han sido históricamente vulnerados como los indígenas, mujeres y niños. Por cierto vale la pena recordar que el Estado venezolano aún no ha ratificado el protocolo adicional sobre derechos económicos sociales y culturales de San Salvador.
Los derechos humanos están especialmente diseñados para proteger a las minorías y a los que hoy no son gobierno, frente a las pretensiones de abuso de poder. Los derechos humanos son un medio de recordarle al Estado que no es un fin en sí mismo y que hay límites a su poder. Ojala y nuestros temores resulten infundados y que en particular el gobierno siga dispuesto a hacer realidad los derechos que la sociedad venezolana se dio en 1999, especialmente liderados por el actual mandatario nacional.
