Por Félix Arellano
Ecuador se enfrenta al proceso electoral más novedoso y complejo de su historia democrática el próximo domingo 22, entre otras razones, pues es la primera vez que se aplica el mecanismo previsto en el Artículo 148 de la Constitución, popularmente definido como: “muerte cruzada”, que aplicó el presidente Guillermo Lasso, mediante el Decreto Ejecutivo 741, para evitar su destitución por parte de la Asamblea Nacional; empero, tal mecanismos conlleva elecciones generales, incluyendo al Presidente, para conformar un nuevo gobierno que debe cumplir con el periodo constitucional que correspondía al presidente Lasso (2021-2025).
Para tornar más compleja la situación, el proceso se ha teñido de sangre, con el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato del Movimiento Construye, el pasado miércoles 9 de agosto, en plena campaña electoral, el primer magnicidio en una elección presidencial en el Ecuador.
El pueblo ecuatoriano elegirá un nuevo gobierno y parlamento, para un corto ejercicio (hasta el 2025), que deberá asumir enormes desafíos, toda vez que, a los problemas estructurales –vinculados con el incremento de la pobreza, producto de la pandemia del COVID-19, y la marginalidad y la exclusión, en particular de los pueblos indígenas– se deben sumar los crecientes problemas de inseguridad, asociados al crimen organizado y el narcotráfico.
En el globalizado negocio del narcotráfico, Ecuador se posiciona en el procesamiento, almacenamiento, distribución y exportación; un proceso que tiene su fase inicial en la producción primaria, que se concentra en otros países andinos como: Bolivia, Colombia y Perú.
En consecuencia, la costa ecuatoriana se ha convertido en centro de una guerra de grupos irregulares que aspiran controlar el rentable negocio, con vinculaciones con grupos transnacionales como el cártel de Sinaloa y guerrilleros colombianos.
Durante la administración del presidente Lasso la intensidad de los problemas se fue agudizando, en particular la inseguridad –en lo que va del presente año se calculan 4.200 muertes violentas, la mayor cifra en su historia (El País, 13/08/2023)– a lo que debe sumarse el deficiente manejo de la crisis y la sorprendente incapacidad para lograr acuerdos necesarios para construir gobernabilidad, en particular en el Asamblea Nacional. Todo ese conjunto de factores de inestabilidad facilitó los avances de la oposición radical correista, que aspiraba la destitución del Presidente.
El presidente Lasso, desde el primer día en el poder, ha debido estar consciente de la fragilidad de su gobierno. Su partido CREO solo logró 12/137 representantes en la Asamblea Nacional y UNES, el partido de Rafael Correa, alcanzó 49/137; si bien ningún partido tenía mayoría, el Presidente requería del apoyo de sectores críticos del correísmo, en particular del movimiento indígena Pachakutik, con 27 representantes, y la izquierda democrática con 18 representantes.
Cabe destacar que el triunfo de Guillermo Lasso, en su tercer intento en las elecciones del 2021, sorprendió a propios y extraños al superar a Andrés Arauz el candidato del expresidente Correa. Para el triunfo de Lasso resultó crucial la negociación con algunos sectores indígenas, en particular con el movimiento evangélico indígena, propiciada en gran medida por las diferencias que fueron creciendo entre algunos de esos movimientos con el presidente Correa, situación que Lasso logró capitalizar.
En ese contexto, resultó desconcertante la ausencia del sector indígena en el equipo de gobierno del presidente Lasso. Para los críticos, ha prevalecido el menosprecio a los pueblos indígenas. Ante los riesgos de la gobernabilidad resultaba prioritario negociar el respaldo de algunos líderes de la oposición, entre otros, Yaku Pérez y su movimiento indígena Pachukutik o Xavier Huertas de la izquierda democrática; además de otros representantes de los movimientos sindicales, gremios profesionales, movimientos estudiantiles, entre otras expresiones de la sociedad civil.
La habilidad de Guillermo Lasso para negociar con los sectores sociales durante la campaña electoral, extrañamente se desvaneció en la acción de gobierno y, al respecto, resultan relevantes las declaraciones del canciller Juan Carlos Holguín, quien declaró: “Ganamos una elección escuchando a la sociedad civil, pero al llegar al poder abandonamos esa prioridad” (BBC, 22/06/2022). Los críticos sostienen que el breve gobierno del presidente Lasso se concentró en los temas macroeconómicos y de competitividad, sin mayor sensibilidad social, menospreciando los graves problemas sociales que se incrementaron por los perversos efectos de la pandemia del COVID-19 (Álvaro García, 08/06/2023, Fundación Carolina).
En tales condiciones, la oposición en la Asamblea Nacional, luego de varios intentos, logró reunir los votos necesarios (mayo 2023) para iniciar el juicio político al Presidente y llegar a la aplicación del artículo 130 de la Constitución Nacional, que con un mínimo de 92 votos de los 137 miembros, permite a la Asamblea Nacional destituir al Presidente; empero, Guillermo Lasso se adelantó a los acontecimientos y recurrió al procedimiento constitucional de disolver el Asamblea Nacional, previsto en el Artículo 148 de la Constitución (17/05/2023), que también conlleva la salida del Presidente.
Ahora el pueblo ecuatoriano asistirá a las urnas el próximo domingo 20, para elegir un gobierno de transición hasta el 2025, y el proceso electoral, en pleno desarrollo, tiende a reproducir la polarización y fragmentación que está marcando la situación política en la región.
Originalmente están inscritos ocho candidatos, y el Movimiento Construye ha seleccionado a Christian Zurita en sustitución al asesinado Fernando Villavicencio.
Tal fragmentación se transforma en la práctica en una polarización en dos grandes tendencias; por una parte, el correismo que ha promovido, desde hace varios años, el expresidente Rafael Correa, quien no pudo inscribir su candidatura, pero su movimiento, definido como la Revolución Ciudadana, ha presentado a Luisa Gonzales a la presidencia y Andrés Arauz a la vicepresidencia.
Frente al poderoso movimiento correista, que encabeza todas las encuestas, se presentan siete candidatos, lo que confirma la fragmentación de la oposición democrática y su inexorable debilidad. Tal fragmentación de la oposición democrática caracterizó las pasadas elecciones en Bolivia, donde Luis Arece, el delfín de Evo Morales, se enfrentó a siete candidatos de la oposición democrática, o en Perú, que se inscribieron 17 candidatos para la primera vuelta y finalmente triunfó Pedro Castillo del Partido Perú Libre de tendencia marxista leninista.
Las divisiones de la oposición democrática, por agendas personales e intereses de corto plazo, abren el camino para el ascenso del populismo autoritario con sus falsas promesas de transformación. En este contexto, todo indica que el correismo asumirá las riendas de la transición, en condiciones adversas, con enormes expectativas sociales y un discurso populista poco eficiente y sostenible, que podría erosionar la débil institucionalidad democrática ecuatoriana.
Fuente:
Este artículo fue publicado originalmente en TalCual Digital.
