De acuerdo al reporte realizado por Centro Gumilla y Provea, las víctimas fueron asesinadas por diversos cuerpos de seguridad. El Instituto Autónomo Policía del estado Sucre (Iapes) y el CICPC son los organismos que registran el mayor número de muertes por “resistencia a la autoridad”
En los últimos 15 años la disputa por territorios y el control en fronteras marítimas ha propiciado que la actuación de los organismos policiales y militares en el estado Sucre, registre mayor letalidad.
La información oficial de los cuerpos de seguridad de la región destaca estos hechos como enfrentamientos, en los que se produjeron intercambios de disparos entre los agentes de la fuerza pública y presuntos delincuentes, quienes habrían fallecido en medio de estos operativos.
Solo en los reportes que llegan a publicarse en medios de comunicación en los primeros seis meses en esta entidad del oriente venezolano, se registran 48 muertes por “resistencia a la autoridad”. En la mayoría de los casos reportados, los cuerpos de seguridad actuaron de forma conjunta en operativos realizados en zonas populares de la región.
En estas operaciones conjuntas, el Instituto Autónomo Policía del estado Sucre (Iapes), el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) registran al cierre del mes de julio, 24 víctimas, liderando la estadística de letalidad con un porcentaje de 50%.
Asimismo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Fuerza de Acción Especial (Faes) contabilizan 14 víctimas en actuaciones conjuntas para un total de 29%.
Por separado el IAPES registró 6 muertes con un porcentaje de 13%, la GNB y CICPC suman dos víctimas cada uno para un total de 4%.
Letalidad encubierta
En un estudio elaborado en el año 2006 por la Comisión Nacional para la Reforma Policial, se señaló que un indicador de la letalidad policial es la desproporción entre bajas policiales-militares y de civiles. Es decir, que se reporten fallecidos y lesionados del lado de los ciudadanos, pero no se reporten muertes en las filas de los órganos de la fuerza pública durante los llamados “enfrentamientos”. Ello, según CONAREPOL “permite suponer el encubrimiento de ejecuciones bajo esta figura”. Organizaciones de derechos humanos como Provea ha advertido reiteradamente que el sostenido incremento en el número de víctimas de violación al derecho a la vida bajo el patrón de ejecuciones extrajudiciales, encuentra explicación parcial en el aumento de la actuación violenta y letal de los cuerpos policiales, entendidas en muchos casos como un indicador de “eficiencia policial”, advertidamente o no amparados en una perspectiva de “mano dura”.
En Sucre, el mes de mayo destaca como el más violento del primer semestre de 2020, con un registro de 28 víctimas, mientras que en abril se registraron 11 casos. Del total de víctimas registradas apenas cuatro fueron identificadas. En todos los casos le versión oficial indicó que se trató de muertes en enfrentamientos, y no se facilitó a familiares y/o medios de comunicación detalles sobre los sucesos.
El jueves 7 de mayo, funcionarios del CICPC, IAPES y Guardia Nacional Bolivariana, realizaron un operativo conjunto en el sector 1 del Barrio El Campeche, ubicado en la parroquia Santa Inés de la ciudad de Cumaná. El objetivo de la acción conjunta era detener a un grupo de personas presuntamente implicados en el asesinato del efectivo de la GNB, David José Andrade Velásquez, quien fue víctima de un robo en el sector Boca de Sabana. De acuerdo a la versión oficial, durante el allanamiento a una vivienda en construcción, se produjo un enfrentamiento en el que fallecieron 4 ciudadanos.
Trabajo realizado entre el Centro Gumilla y Provea como parte del monitoreo a la violencia institucional policial y militar en Venezuela.
