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Edificio Centro Valores, local 2, Esquina de la Luneta, Caracas, Venezuela.
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Por Pedro Trigo, s.j.

          Tenemos que aclarar dos malentendidos que están muy presentes en nuestro ambiente: El primero es que no se hace la distinción entre la omnipotencia del gobierno para contrarrestar cualquier disidencia pública utilizando la represión sin control, y la casi inexistencia del Estado. La gente cree que estamos en la necesidad de pasar del estatismo reinante al predominio de la libre empresa, porque confunde gobierno y Estado. Tenemos que dejar claro que no existe el Estado, es decir, que no funciona para lo que debe hacer todo Estado democrático, incluso todo Estado que lo sea en verdad, en bien de toda la población y en especial de los más desfavorecidos. 

           El Gobierno dedica toda su energía a obtener recursos para sus personeros, como individuos particulares, y a mantener su poder y a mantenerse en el poder. No se dedica a que el Estado funcione. Esa dedicación, que es la propia del gobierno, está fuera de foco del Gobierno actual. Solo le interesa que al frente de cada departamento esté gente leal, es decir, de los suyos, lo que no incluye que sean aptos para ese cargo. La prueba más evidente de que no funciona el Estado es que no funcionan los servicios que debe prestar: la luz, el agua, el gas, la seguridad, la vialidad, la educación ni la salud. En toda la historia moderna de Venezuela nunca ha habido menos Estado. Lo que subsiste, que, gracias a Dios no es excepcional, es por la reactancia de esos funcionarios que cumplen con su deber por el respeto que se tienen a sí mismos como personas responsables y a los usuarios, a los que tratan también como personas.

         Por eso en cualquier alternativa que aspire a ser superadora de la situación actual debe tenerse en cuenta que debe haber mucho más Estado que el que hay actualmente, pero debe ser auténticamente democrático y realmente eficiente. Y por supuesto, el gobierno tiene que legitimarse gerenciando esta reestatización, que no implica de ningún modo relegar la iniciativa privada, pero que sí implica no privatizarlo todo, porque si se privatizan los servicios, dada la escasez de trabajo productivo y el estado de pobreza y abandono en que vive la mayoría, esa mayoría se quedaría sin ningún servicio porque no podría pagarlos de ningún modo.

         La muestra de que la mayoría confunde salir de un gobierno acaparador de recursos, represor e ineficiente, con salir de un estatismo desaforado es que ha ganado la elección para el candidato que represente a los opositores del gobierno, la candidata que ha propuesto como programa de gobierno privatizar los servicios del Estado porque no sirven. Como se ve, no se percibe que el gobierno actual ha abandonado al Estado y que por eso en cualquier hipótesis es indispensable que el Estado recupere su ámbito de acción y su competencia y su disposición a servir a la ciudadanía. Esperamos que, si María Corina Machado llega a ser candidata en las elecciones presidenciales, tome esto en cuenta y cambie su propuesta. Si no lo hiciera y ganara las elecciones y llevara a cabo su propuesta, es seguro que en las elecciones siguientes ganará el chavismo, si no hay otro candidato que represente genuinamente la propuesta que hemos hecho, ya que, obviamente, el chavismo no la encarna, como hemos insistido, pero podría ganar por la confusión aludida entre gobierno y Estado. Como se ve, es un asunto que no está claro y aclararlo y obrar en consecuencia es decisivo para todos, pero sobre todo es absolutamente indispensable para el pueblo: se juega en ello la vida.

       El segundo malentendido es el dilema entre democracia y autoritarismo. Sí es cierto que existe autoritarismo y que tiene que ser superado, porque además de su absoluta ineficiencia, no considera a la ciudadanía como sujetos responsables y más elementalmente como personas dignas. Pero la mayoría no está pensando en una auténtica democracia, como la que vivimos en los años sesenta del siglo pasado, de la que no queda, desgraciadamente, memoria. Para la mayoría no existe ni la noción de democracia, más allá de la votación en las elecciones y de que en ellas se respete el voto, es decir, no haya fraude y que se dé la suficiente trasparencia para poder constatarlo sin lugar a duda. 

       Es obvio que la democracia no se reduce a eso. Ella requiere la existencia de unos partidos democráticos, basados en la deliberación, en los que la cúpula represente el sentir y las opciones de su membrecía. 

        Requiere que los diversos partidos representen el sentir de la inmensa mayoría de los ciudadanos, de manera que voten al que los representa realmente y no al mal menor porque no los representa ninguno. 

     Requiere que el gobierno lleve a cabo de modo responsable lo que prometió en la campaña, con las modificaciones que amerite la comprobación de que algo de lo propuesto no resulta o que ha cambiado el escenario y algo de lo propuesto no tiene ya sentido. 

       Requiere también que el gobierno apoye la configuración o, si ya existe, el desempeño eficaz del Estado, de manera que los servicios que tiene que prestar a la ciudadanía sean lo más eficientes posibles y que el Estado sea responsable, incluso ante tribunales, de su desempeño. Requiere que los servicios más elementales, como la luz, el agua o la seguridad los realice el Estado y que otros servicios públicos, como la educación, la salud o la vialidad, aunque sean llevados fundamentalmente por el Estado, pueden también complementariamente ser desempeñados por la empresa privada. Requiere también que la mayoría de los impuestos no sean indirectos, es decir por mercancías o servicios, sino que tengan que ver también con las ganancias, los sueldos y el patrimonio. Requiere, finalmente, que los ciudadanos sean no solo destinatarios de su acción sino sujetos que velen por su desempeño y manifiesten su acuerdo o desacuerdo y en este caso que propongan sanciones y expongan alternativas.

        Urge un trabajo prolongado de reposicionar a la democracia, en el sentido denso en que la hemos caracterizado, en el horizonte real de la gente y en el de la opinión pública, cosa que desgraciadamente no existe, no solo en nuestro país, sino en Nuestra América ni, se puede decir, que en la mayoría de los países ni, tal vez, a nivel mundial.

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