La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prohíbe la discriminación en todas sus formas y la Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH o SIDA y sus Familiares, que fue promulgada el 30 de diciembre de 2014 por el Ejecutivo nacional, consagra que está obligado a “asegurar que disfruten y ejerzan todos sus derechos, garantías, deberes y responsabilidades, sin discriminación alguna, entre ellas, las derivadas de su condición de salud”.
Si bien es cierto que han transcurrido más de cuatro años de su aprobación, también es cierto que esta importante ley se ha convertido en letra muerta, porque las instituciones del Estado venezolano han realizado grandes esfuerzos por incumplirla, logrando que la discriminación por vivir con VIH se haya enraizado en nuestro país.
El Artículo 39 de esta importante ley, establece que la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Defensa Pública “Están legitimados para ejercer todas las acciones en los procesos judiciales y administrativos dirigidas a proteger la igualdad de las personas con VIH/SIDA, y hacer efectiva las responsabilidades derivadas de su violación”. También que están obligados a “interponer estas acciones y ofrecer asistencia jurídica a las personas con VIH y SIDA y sus familiares afectadas por situaciones de discriminación”.
En este tiempo, se conoce que la Defensoría del Pueblo y la Defensa Pública, así como el Programa Nacional de SIDA del Ministerio de Salud han impartido talleres de sensibilización y capacitación a varios funcionarios públicos. Sin embargo, estos esfuerzos son insuficientes y se diluyen, puesto que no han implementado efectivos mecanismos de monitoreo para evidenciar que los prestadores públicos apliquen los conocimientos adquiridos, no contemplan el registro y seguimiento de los casos denunciados, las actuaciones de estos organismos públicos y mucho menos los resultados de la defensa de las personas con VIH y sus familiares afectadas por los hechos de discriminación por su condición de salud.
Las personas con VIH que han acudido a estas instituciones públicas informan a las distintas ONGs que lo primero que se consiguen es que muchos de esos funcionarios desconocen la ley, no saben la forma de aplicarla, resultando que los casos queden en total impunidad.
Las situaciones de discriminación por vivir VIH o suponer que tienen esta condición de salud se presentan de forma más frecuente en el ámbito de la salud. El mismo Ministerio del Poder Popular para la Salud es la institución pública que lideriza el mayor ejercicio de la discriminación contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres con VIH, al incumplir las “Garantías de igualdad en el derecho a la salud”, Artículo 20, dado que los centros prestadores de servicios de salud pública, así como un número importante de su personal incumplen su deber de ofrecer sus servicios a las personas con VIH/SIDA con las mismas medidas universales de bioseguridad e higiene debidos para la atención de cualquier persona, incluyendo la odontología y los servicios de salud sexual y reproductiva, en especial, su atención en casos de emergencia.
Asimismo, incumple este articulado de la Ley, ya que las personas con VIH y SIDA al acudir a los centros públicos de salud, éstos le niegan y condicionan la prestación de los servicios de salud, imparten, dan, ofrecen y permiten un trato inhumano, discriminatorio o degradante a las y los ciudadanos con VIH que tienen derechos constitucionales y que también pagan altos impuestos al fisco nacional para recibir servicios públicos.
El desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales se profundizó entre 2017, 2018 y aun persiste en el presente año 2019. Estas medicinas que tienen como función controlar la replicación viral han sido donadas en el año 2018 a ñas personas con VIH de Venezuela por el Fondo Global de lucha contra el SIDA, tuberculosis y malaria, AID FOR AIDS, UNICEF y los gobiernos de Brasil y Haití, ya que el Ministerio de Salud no las ha comprado desde el año 2017. En los actuales momentos y gracias a las presiones de la Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+), a mediados de febrero comenzaron a distribuir y entregar los antirretrovirales a las farmacias, pero todas estas medicinas están llegando de forma incompleta, resultando que varias personas con VIH se queden sin sus medicinas, aunque la Organización Panamericana de la Salud lamentablemente diga lo contrario.
En el ámbito laboral, el Estado venezolano al no hacer cumplir la ley que prohíbe la discriminación por VIH, está aceptando que las personas con VIH y SIDA sean despedidas de forma injustificada en las empresas públicas y privadas, les exijan como requisito de ingreso o permanencia de las personas al trabajo, contar con un diagnóstico de VIH con resultado negativo.
En pleno siglo XXI el mundo entero observa con alarma que más de 8 mil venezolanos con VIH han emigrado del país (datos de ONUSIDA 2017), porque el Estado venezolano no les ofrece ningún tipo de garantías. Huyen aterrorizados a Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, México, Estados Unidos, España, Portugal y otros países europeos y centroamericanos en búsqueda de una vida digna, segura y de paz que les permita acceder a los más básico para los seres humanos como son los alimentos, salud, trabajo, educación, vivienda y fundar una familia.
Lamentable que las instituciones públicas que están obligadas a velar por el respeto de los derechos humanos, se hayan convertido en cascarones vacíos, inútiles y desvinculadas de las urgentes necesidades de la población con VIH. La discriminación condena a la muerte social y física a las personas con VIH.
Se hace urgente el rescate del Estado de Derecho para erradicar la discriminación por VIH y de esta manera se garantice la calidad de vida de quienes viven con VIH en el país. También es prioritario hoy 1 de marzo Día de la No Discriminación que las y los ciudadanos con VIH y sus familiares se apoderen de la ley para que ejerzan su ciudadanía a favor de la defensa de los derechos humanos y expresen en viva voz: NO MÁS DISCRIMINACIÓN. FIN.
Fuente: Acción Ciudadana Contra el Sida
