Por Alfredo Infante, s.j.
En Colombia, la relación entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) ha sido históricamente conflictiva. El actual jefe de Estado, líder del izquierdista Pacto Histórico, economista y exguerrillero del M-19, ha sido a lo largo de su carrera el opositor más visible del Plan Colombia (1999-2005 en su primera fase) y de “la política de seguridad democrática” implementada por el expresidente Uribe durante su administración; además, en su etapa como parlamentario y desde el Congreso de la República, fue quien investigó con mayor profundidad la llamada parapolítica, en la que importantes personeros del uribismo se han visto involucrados, situación que ha enlodado la carrera política de Uribe Vélez.
El expresidente Uribe, por su parte, ha sido el líder más emblemático de la derecha en el vecino país, quien al llegar al poder en 2002 dio continuidad al Plan Colombia, una alianza antidrogas suscrita con Estados Unidos por el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) con fuerte componente militar que, después de los sucesos del 11 de septiembre de 2002 en Estados Unidos, se convirtió en un programa contra el llamado “narcoterrorismo”, que no reconoció el estatus de beligerancia a las guerrillas colombianas, las enfrentó como organizaciones criminales y las redujo organizativa y militarmente, aunque no las exterminó por completo, como era su objetivo.
En el contexto de la implementación del Plan Colombia y la política de seguridad democrática se produjo la mayor crisis de desplazamiento forzado de comunidades rurales y una mayor concentración de tierra por parte de las élites latifundistas, aunque las carreteras de Colombia volvieron a ser transitables y se creó en las ciudades una atmósfera de seguridad. El expresidente Uribe, durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), criticó y se opuso de manera radical al proceso de paz que emprendió con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por considerar que estaba viciado y concedía muchos privilegios a una organización criminal “narcoterrorista”.
Este breve resumen busca mostrar una fotografía en blanco y negro de la confrontación de dos perspectivas bien contrastadas sobre un mismo país para, de esta manera, mostrar lo relevante de la negociación política en pro del bien común. El diálogo que se ha iniciado entre el presidente Petro y el expresidente Uribe tiene un peso simbólico muy grande; se convertirá en un hito histórico para Colombia y la región, si logra crear confianza social en un país dividido y, al mismo tiempo, incide para que el gobierno del presidente Petro consolide el proceso de paz y adelante las reformas sociales para superar la pobreza, dentro del marco constitucional y democrático y sin transitar el camino del radicalismo y el autoritarismo que una mitad de la sociedad colombiana teme.
Hasta ahora se han registrado dos encuentros entre Petro y Uribe: el primero en junio, recién electo Petro y aún sin tomar posesión, donde acordaron mantener “un canal de diálogo”; para entonces, ambos expresaron públicamente que había sido un encuentro amable y respetuoso.
La segunda reunión tuvo lugar, el pasado martes 27 de septiembre, en la Casa de Nariño, palacio presidencial, y ocurrió en el contexto de una protesta pacífica nacional organizada por sectores opositores contra la reforma tributaria que adelanta el Ejecutivo colombiano. Según reseña la prensa, la conversación duró una hora.
Uribe valoró la amabilidad de Petro y la escucha respetuosa, y señaló que la reforma tributaria, tal como está planteada, desestimula la inversión y puede promover la fuga de capitales y la quiebra del aparato productivo. También valoró que, en la reforma agraria, necesaria por la deuda social con los campesinos, no se haya hablado de expropiación, sino de compra de tierra para distribuir, apuntando que eso reduce la desconfianza y los miedos.
Durante el encuentro referido, Uribe y su equipo presentaron recomendaciones para que se reforme el proyecto tributario. En cuanto al proceso de diálogo con el presidente Petro, Uribe afirmó que lo hace por Colombia y que hará lo posible, desde una oposición constructiva, para que el ahora mandatario gobierne desde una izquierda democrática a lo europeo y no tome el rumbo del llamado “socialismo del siglo XXI”.
En Venezuela, mientras tanto, las conversaciones a lo interno de la oposición siguen en remojo; se mantienen las expectativas ante unas elecciones primarias para escoger al candidato presidencial opositor de cara a los comicios presidenciales de 2023, un proceso que –con todas sus limitaciones– esperamos se convierta en espacio para repensarnos políticamente, dialogar y acordar una estrategia conjunta de cara a la democratización del país.
También sigue pendiente, entre Gobierno y oposición, el restablecimiento de la mesa de negociaciones en México, necesaria, entre otras cosas, para acordar las condiciones de las próximas elecciones presidenciales.
El desafío es grande. Los resultados de junio de una encuesta de Delphos dan cuenta de que la sociedad aspira a un cambio político, pero, al mismo tiempo, hay una alta desafección por la política. Ante esto, urge un diálogo y negociación entre los factores democráticos, para diseñar una estrategia común que permita repolitizar, recuperar la confianza de la gente y, así, vehicular el cambio favorable al país.
Tal como lo planteó monseñor Jesús González de Zárate, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV): “El llamado que hacemos es que todos, como responsables del país, participemos y que los actores sociales, no sólo los partidos políticos, se conviertan en actores de esta renovación que necesitamos”.
Fuente:
Boletín del Centro Arquidiocesano Monseñor Arias Blanco, 23 al 29 de septiembre de 2022/ N° 159.
