La Civiltá Cattolica: condonar la deuda de los países insolventes. ¿Escándalo o sentido común?

El 9 de mayo de 2024, el papa Francisco publicó la bula Spes non confundit (SnC), en la que anuncia el inicio del Jubileo 2025 y define sus principales orientaciones espirituales y pastorales. El año 2025 marca también el octavo centenario de la composición del Cántico de las criaturas por san Francisco de Asís. El canto del poverello, que llama al sol «hermano» y a la luna «hermana», resuena como un llamado a la fraternidad universal, cuyo camino la Iglesia pretende trazar con el Año Jubilar.

Para Francisco, esta coincidencia en el calendario es un recordatorio de una urgencia: abordar, de una vez por todas, los enormes desafíos que plantea la necesidad de reducir drásticamente los efectos nocivos de la actividad humana sobre el medioambiente. Es necesario reconocer que las firmes recomendaciones de la encíclica de 2015 Laudato si’ (LS) han sido hasta ahora poco seguidas, al igual que el Acuerdo de París, firmado ese mismo año, o los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, publicados por las Naciones Unidas también en 2015. Es en este contexto que el Papa ha instado a las «naciones más acomodadas» a «condonar las deudas de países que jamás podrían pagarlas» (SnC 16). Esta invitación, si bien ciertamente evoca la más antigua tradición bíblica (cf. Ex 23,10-11) y las exitosas acciones de san Juan Pablo II en la década de 1990^[1], no deja de suscitar interrogantes en el mundo de los negocios. ¿Es razonable cancelar las deudas contraídas por los Estados? ¿No sería una injusticia intolerable para quienes trabajan arduamente para pagar sus propias deudas o para quienes prestan sus ahorros? ¿No se trata, acaso, de un mero deseo piadoso que confunde la caridad individual del corazón con las sanas lógicas financieras internacionales?

Intentaremos demostrar que, si se concibe adecuadamente, esta medida es, por el contrario, una solución razonable para afrontar los gigantescos desafíos ambientales, económicos, financieros y sociales que nos afectan. Esforcémonos por comprender esta paradoja, que choca de lleno con el aparente sentido común de una gestión al estilo de un «buen padre de familia», tan habitual para nosotros.

El contexto ambiental y eclesial

Las emisiones globales de carbono procedentes de combustibles fósiles alcanzaron niveles récord en 2024^[2]. Desde hace varios años, las proyecciones estiman que el umbral de +1,5 °C de aumento de la temperatura media en la superficie terrestre se alcanzará, casi con certeza, en la década de 2030-2040, y que será extremadamente difícil no superar el umbral de +2 °C a más tardar a mediados de siglo. El costo de la inacción promete ser devastador, como lo demuestra el informe del grupo suizo Swiss Re, una de las principales reaseguradoras del mundo^[3]. Según las estimaciones, en el mejor de los escenarios, a partir de 2050 la economía mundial perderá al menos un 11 % del PIB anual en comparación con la riqueza que se generaría en ausencia del calentamiento global. En el peor de los casos, la pérdida de producción de valor económico descendería al -18,1 %. A modo de referencia, según el Banco Mundial, la pandemia de COVID-19 provocó en 2020 una caída del PIB global del -5,2 %, lo que supuso la recesión más severa a nivel mundial desde la Segunda Guerra Mundial^[4]. La inacción climática, por lo tanto, costaría cada año el doble o incluso el triple que la pandemia.

No es de extrañar, entonces, que desde 2015 el papa Francisco insista repetidamente en el imperativo ecológico. En febrero de 2020, la exhortación apostólica Querida Amazonia recordaba la importancia del biotopo amazónico y de las poblaciones autóctonas que lo habitan para nuestro aprendizaje global de una relación respetuosa con la creación. El 3 de octubre del mismo año, el capítulo V de la encíclica Fratelli tutti (FT) cuestionaba un conjunto de ideas que denominaba el «dogma de fe neoliberal», señalando en particular la llamada teoría del «goteo», según la cual los mecanismos y organizaciones que derivan de este modelo corregirían automáticamente la inequidad que imponen a los cuerpos sociales y al planeta (FT 168). Sin embargo, la teoría del «goteo» —que sostiene que los beneficios obtenidos por los más acomodados (propietarios del capital y beneficiarios de los dividendos que este genera) terminan beneficiando a toda la sociedad— ha sido desmontada en múltiples ocasiones^[5]. Finalmente, en octubre de 2023, la exhortación Laudate Deum (LD) subrayaba que la dimensión política e internacional de la lucha contra el calentamiento global es esencial.

Es en este contexto que podemos abordar el párrafo 16 de la bula Spes non confundit, en el que Francisco invoca la condonación de la deuda de aquellos «países que jamás podrían pagarla». Este pasaje fue nuevamente citado por el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, durante su intervención en la COP29 de Bakú, el 13 de noviembre de 2024, en representación del papa Francisco. Finalmente, el mismo Pontífice retomó con firmeza este llamado en su mensaje para la LVIII Jornada Mundial de la Paz, el 1 de enero de 2025, en diversos discursos con motivo del inicio del Año Jubilar y en su alocución al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede el 9 de enero de 2025.

Cancelar la deuda de los Estados: ¿qué está en juego?

Cuando un Estado soberano se endeuda, emite bonos del tesoro que, en la mayoría de los casos—especialmente en los países del Sur global—, son adquiridos por instituciones bancarias. Esto significa que un banco concede un préstamo a un Estado a cambio de un reconocimiento de deuda pública. Es fundamental comprender que, al otorgar el préstamo, el banco crea dinero ex nihilo. De hecho, es únicamente a través del mecanismo del crédito bancario que se genera dinero en nuestras economías. Esto no se aplica solo a los préstamos que los bancos conceden a los Estados: cuando una entidad bancaria le otorga un préstamo a una persona, la mayor parte del dinero prestado no existía antes de que se firmara el contrato de crédito. Así lo han confirmado el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco de Inglaterra, la Reserva Federal de Nueva York, el Banco Central Europeo y el Banco de Pagos Internacionales (la institución que actúa como banco central de los bancos centrales)^[6].

La concesión de un préstamo se lleva a cabo mediante una simple operación de escritura (digital)^[7]. Del mismo modo, el reembolso también se realiza a través de una operación contable y conlleva la desaparición del dinero creado en el momento del préstamo. Cancelar una deuda significa, por lo tanto, permitir que ese dinero continúe circulando en la economía en lugar de desaparecer en el balance de la entidad bancaria que otorgó el préstamo^[8]. ¿Quién se ve perjudicado en este caso? El sector bancario sufre una pérdida, ya que deja de percibir los beneficios que esperaba obtener mediante el cobro de intereses. Esto no es un asunto menor, en absoluto, pero tampoco es comparable al despojo de una familia cuyos ahorros fueran «robados» por un Estado sin recursos. Además, el papa Francisco ha precisado claramente que la cancelación de la deuda debería aplicarse únicamente a aquellos países «que jamás podrían pagarla» (SnC 16). Para estos países, una gestión prudente por parte del banco acreedor debería reconocer que, en cualquier caso, la entidad no recuperará el capital prestado, sino solo una parte de los intereses.

En la práctica, la situación se complica por diversas razones. En primer lugar, la deuda de muchos países del Sur global está denominada en moneda extranjera (a menudo en dólares estadounidenses). Su cancelación puede generar repercusiones difíciles de anticipar en los tipos de cambio tanto de la moneda del país deudor como de aquella en la que está denominada la deuda. Sin embargo, estas repercusiones pueden resultar beneficiosas si la reestructuración de la deuda permite restaurar la confianza en la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones futuras.

En segundo lugar, también los inversionistas institucionales (fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos de inversión…) actúan a veces como prestamistas. Aquellos que no cuentan con una licencia bancaria no crean dinero, sino que prestan capital ajeno.

La situación se complica aún más debido a que los bonos del tesoro suelen utilizarse como colateral en diversas operaciones financieras, como losacuerdos de recompra (repurchase agreements o repos), los derivados de todo tipo y los préstamos interbancarios. En algunos casos, un mismo bono del tesoro se reutiliza varias veces como colateral (es decir, como garantía, de manera similar a una hipoteca) en múltiples transacciones. De este modo, los bonos del tesoro constituyen la columna vertebral del sistema financiero global y sostienen la confianza en un gran número de mercados. Por esta razón, la cancelación de la deuda pública puede, en ciertos casos, representar un riesgo para la estabilidad de los mercados financieros. Sin embargo, esta dificultad no concierne a ninguno de los países frágiles a los que hace referencia el Papa.

Finalmente, la situación se vuelve aún más compleja debido a que algunos inversores financieros poseen derivados sobre títulos de deuda pública. Un ejemplo común de instrumento de cobertura son los credit default swaps (CDS), los cuales pueden generar grandes pérdidas si parte de la deuda es cancelada. En algunos países, los bonos del Estado han sido vinculados a CDS y a maniobras de rehipoteca. No obstante, la solución no radica en prohibir la reestructuración de la deuda de los países insolventes, sino en regular el mercado de derivados sobre deuda pública (swaptions, cross-currency swaps, CDS, interest rate swaps – IRS, etc.) o en restringir la práctica de la rehipoteca.

¿Quién puede pagar?

Recordemos, ante todo, que desde hace más de 30 años se producen episodios de default de la deuda pública, en promedio, cada dos años. El no pago de la deuda pública no es, en absoluto, un fenómeno excepcional: forma parte casi rutinaria del sistema financiero internacional.

Hoy en día, según el FMI, la deuda pública mundial asciende a aproximadamente 100 billones de dólares, lo que equivale al PIB global, de los cuales un buen tercio corresponde a los países anteriormente denominados «en vías de desarrollo». El monto total de la deuda pública externa de los países de renta baja y media se duplicó entre 2010 y 2021, alcanzando los 3 billones de dólares^[9]. Según el Banco Mundial, en 2022 los países llamados «en desarrollo» destinaron la cifra récord de 443.500 millones de dólares al servicio de su deuda pública externa y de los préstamos garantizados por el Estado^[10]. Ese mismo año, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las subvenciones públicas destinadas al desarrollo global alcanzaron aproximadamente los 204.000 millones de dólares. En la actualidad, el flujo neto de capital refleja una realidad paradójica: es el Sur global el que está financiando al Norte del mundo^[11].

En realidad, casi ningún Estado soberano liquida completamente su deuda: en su lugar, la refinancia, es decir, paga una deuda vencida negociando un nuevo préstamo por el mismo importe. En principio, un Estado puede continuar refinanciando su deuda indefinidamente^[12], siempre que logre obtener préstamos a tasas de interés favorables. En los hechos, lo que no puede evitar es el pago de los intereses. De hecho, los acreedores no obtienen beneficio del reembolso del capital, sino únicamente del pago de los intereses. Por esta razón, el refinanciamiento de la deuda es un «buen negocio» para los prestamistas, ya que les permite prolongar indefinidamente el cobro de intereses. No solo los Estados recurren a esta práctica: muchas empresas e incluso algunos particulares también lo hacen. Sin embargo, este mecanismo puede dar lugar a un chantaje permanente sobre el pago de la deuda, lo que justifica recortes presupuestarios y el desmantelamiento de los servicios públicos. Por otro lado, la Rumanía de Ceaușescu y la Noruega de principios de los años 2000 son de los pocos países modernos que han saldado completamente su deuda externa. En el caso de Bucarest, esto ocurrió a costa del colapso económico; en el de Oslo, gracias a los ingresos extraordinarios del petróleo.

Lo realmente importante no es tanto el pago total de la deuda, sino la capacidad de un Estado para cubrir el servicio de su deuda. Además del papel que juega la moneda en la que está denominada la deuda pública, un buen indicador de solvencia es la relación entre el servicio de la deuda y los ingresos anuales del presupuesto estatal (es decir, la comparación entre dos flujos financieros). En la mayoría de los países occidentales, esta relación es inferior al 10%, mientras que en todos los países del Sur actualmente en crisis supera el 15%, con una media del 38%, llegando al 54% en África^[13]. En este continente, de hecho, los gobiernos destinan en promedio más recursos al pago de intereses de su deuda que a la educación o la salud.

Cada vez más voces reclaman un enfoque renovado sobre la sostenibilidad de la deuda, que priorice las necesidades de los países del Sur. Diversas organizaciones de la sociedad civil piden la cancelación incondicional de las deudas insostenibles, para permitir que esos países inviertan en sectores esenciales como la salud, la educación y la resiliencia climática. En los años noventa, la Iglesia católica, a través de san Juan Pablo II, adoptó una posición firme en favor de la cancelación de la deuda de los países del Sur. Aunque esta solución no puede descartarse, sigue siendo eminentemente política y está sujeta a la agenda de las grandes potencias.

Objeciones morales

Queda por abordar el hecho de que la cancelación de la deuda pueda alentar a los gobiernos a contraer préstamos de manera irresponsable o a administrar mal las propias finanzas, esperando futuros rescates. Este riesgo, conocido como «riesgo moral» (que en realidad no tiene mucho que ver con la moral, pues es una traducción literal de la expresión inglesa moral hazard, que en el ámbito asegurador se refiere a la incertidumbre sobre si una conducta será conforme a los compromisos asumidos), no tiene un peso considerable. Como se mencionó antes, los incumplimientos soberanos ocurren en promedio cada dos años, y sabemos que se multiplicarán en el futuro. Oponerse a la negociación de cancelaciones de deuda con el argumento de que esto incentivaría a otros países a gestionar sus finanzas públicas de manera irresponsable no tiene mayor valor moral que oponerse a extirpar las metástasis del cáncer de pulmón de un fumador bajo la excusa de que esto podría animar a otros a seguir fumando. Además, el riesgo del «riesgo moral» puede atenuarse vinculando la cancelación de la deuda a compromisos claros y verificables en materia de reformas económicas. Todos los planes de ajuste estructural del FMI se basan en la idea de la condicionalidad. Volveremos sobre este punto más adelante.

No obstante, los países que han sido sometidos a reformas drásticas para pagar sus deudas podrían considerar injusta la cancelación: ¿no implicaría esto un trato desigual entre los países deudores? En efecto, así es. Pero pensemos bien en ello: la mayoría de las veces, los sacrificios impuestos a ciertos países deudores para que paguen sus deudas han sido tan severos porque los acreedores exigieron reformas estructurales que, como hoy sabemos, fueron peores que el propio problema. Basta recordar el drástico ajuste que sufrió la sociedad griega entre 2010 y 2020: el índice deuda/PIB (que servía como referencia para la Troika) alcanzó el 206,3% en 2020, después de una década de sacrificios y la desaparición de más de una cuarta parte del PIB griego… y esto frente al 146,2% de 2010. Prohibir la renegociación de una deuda con el argumento de que otros han sufrido por no haber podido hacerlo equivale a sostener que quienes murieron debido a tratamientos inadecuados para el cáncer de pulmón considerarían injusto que otros fumadores puedan beneficiarse de terapias más efectivas.

Queda aún el argumento «moral» fundamental: después de todo, al contraer un préstamo, los prestatarios asumieron un compromiso. ¿En nombre de qué podrían eximirse de honrarlo? Si bien es evidente que ciertos países han adquirido préstamos de manera irresponsable, también es importante subrayar que, en muchos casos, su insolvencia no se debe a errores propios, sino a eventos que escapan a su control: una guerra, una catástrofe climática o el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos^[14]. Además, como se mencionó anteriormente, no se puede descartar a priori que los propios acreedores también sean responsables de un endeudamiento insostenible cuando prestan de manera excesiva o irresponsable sin evaluar correctamente los riesgos. Este fue el caso, por ejemplo, de los acreedores de Grecia entre 2001 y 2010, de Zambia en 2010 o de Argentina en 2018 y nuevamente en 2020.

En cualquier caso, el principal argumento esgrimido, con razón, por el papa Francisco para justificar la cancelación de parte de la deuda soberana de los países pobres es el de la deuda ecológica (cf.LS 51, citado en SnC 16).

¿Es un buen criterio la deuda ecológica?

Una forma de estimar la deuda ecológica de los países «ricos» con respecto a los demás consiste en calcular el costo actual del calentamiento global sobre los países afectados y atribuir su responsabilidad a los países industrializados en proporción a su contribución a las emisiones. En cuanto a los «acreedores» de la «deuda ecológica», lógicamente deberían ser los países más perjudicados por la dependencia de los combustibles fósiles de los países industrializados y por los enormes beneficios obtenidos por una pequeñísima élite en la mayoría de los países productores de petróleo.

Combinando el PIB y las pérdidas de capital, se puede estimar que los países de ingresos bajos y medios han sufrido una pérdida total de 21 billones de dólares desde la adopción de la Convención sobre el Clima de Río en 1992. Todos los grupos de partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, excepto la Unión Europea, han sufrido pérdidas netas totales – siendo la mayor la del G77 (países del Sur + China) – por un valor aproximado de 29 billones de dólares^[15]. Esto nos da una idea del orden de magnitud de la deuda ecológica total que los países industrializados desde hace tiempo deben a casi todos los demás. La cancelación de 500.000 millones de dólares de deuda pública externa de un puñado de países en grave dificultad representa, por tanto, una fracción mínima de la deuda ecológica (1,7%). Las objeciones a la cancelación basadas en argumentos morales deben ceder ante la evidencia: la justicia climática requeriría, por el contrario, mucho más que la simple cancelación de estas deudas públicas.

Por supuesto, no todos los contribuyentes de los países ricos son igualmente responsables de las emisiones de su país. Sería una verdadera injusticia, en este caso, exigir que los menos pudientes (quienes, además, son los que generan menos emisiones dentro de su país) asuman el pago de la deuda ecológica contraída por sus conciudadanos más acomodados. Según la ONG Oxfam, el 10% más rico de la población mundial fue responsable del 52% de las emisiones totales de CO₂ entre 1990 y 2015. En Europa, el 10% más acomodado es responsable del 27% de las emisiones totales, mientras que el 50% con menores ingresos genera solo el 29%. No es, por lo tanto, descabellado pensar que el 10% más rico de los países del Norte debería asumir al menos la mitad del costo de la cancelación de la deuda pública de los países del Sur.

El propio concepto de «deuda ecológica» y los cálculos que permite (como los mencionados anteriormente) son ambivalentes: se basan en una monetización de la responsabilidad de los emisores de gases, lo cual, sin duda, encaja bien con el Zeitgeist contemporáneo, pero puede resultar peligroso si fomenta la ilusión de que todo es monetizable. En última instancia, la dignidad de los seres vivos no se puede reducir a una cifra económica, y tampoco la responsabilidad moral de quienes emiten gases de efecto invernadero para reparar los daños que han causado.

Una posible solución: los «swaps» deuda-clima

Los intercambios o canjes deuda-clima parecen ser una solución menos ambiciosa pero más realista que las simples cancelaciones y menos destructiva que las «reformas estructurales» del FMI. Se trata de transacciones financieras en las que una parte de la deuda de un país es cancelada o refinanciada a cambio de inversiones en acciones climáticas y prioridades de conservación. Estos canjes buscan aliviar tanto la carga de la deuda como los problemas derivados del cambio climático, especialmente en los países en desarrollo de bajos ingresos y en pequeños Estados insulares en desarrollo. El Banco Mundial implementó cientos de estos canjes a principios de los años 2000, aunque únicamente a nivel regional.

A nivel nacional, en 2012 la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) firmó un «Contrato de Reducción de la Deuda y Desarrollo» (CDD) con Costa de Marfil, con el fin de convertir (parcialmente) su deuda soberana en subvenciones para proyectos de desarrollo. Este mecanismo representa una forma innovadora de ampliar la lógica del swap deuda-clima a una escala nacional. Más recientemente, desde la COP27, Sudáfrica ha manifestado su apoyo a un swap de su deuda nacional, una iniciativa en la que ha trabajado el Georgetown Environmental Justice Program. Aún más reciente, Alemania ha propuesto a sus países socios swaps deuda-clima de hasta 150 millones de euros anuales, con ejemplos concretos en Kenia, Egipto y Túnez^[16]. Por otro lado, Ecuador ha llevado a cabo un swap deuda-naturaleza a gran escala^[17]. Además, 58 de los países en desarrollo más vulnerables al cambio climático deben pagar casi 500.000 millones de dólares en deuda en los próximos cuatro años^[18]. Otro grupo de 20 países ha anunciado su intención de suspender el pago de 685.000 millones de dólares en deuda, con la esperanza de intercambiarla por inversiones en proyectos climáticos^[19]. Más en general, el mercado potencial de los swaps deuda-naturaleza superó los 800.000 millones de dólares en 2023 y sigue en expansión^[20].

El potencial de los swaps deuda-clima es, por tanto, aún mayor que los montos alcanzados hasta ahora. Además, el volumen actual de estos intercambios suele considerarse «simbólico» en comparación con la necesidad total de inversiones para la transición climática^[21]. De hecho, una estimación optimista de estas inversiones a nivel global asciende a unos 90 billones de dólares en los próximos veinte años^[22]. Hoy en día, ¿no sería acaso una cuestión de justicia y sentido común cancelar una (modesta) parte de la deuda de los países más endeudados para contribuir a financiar el rescate de nuestra casa común?

REFERENCIAS 

1. Desde la encíclica Centesimus Annus (1991) hasta el Año jubilar 2000, Juan Pablo II invocó numerosas veces la cancelación de algunas deudas públicas del Sur del mundo, especialmente en África. Se reconoce que su llamado influyó en la restructuración de la deuda concedida al inicio de los años dos mil. ↑
2. Cf. «Global Carbon Emissions from Fossil Fuels Have Reached a Record High in 2024», University of Exeter, en https://shorturl.at/jna3o ↑
3. Cf. G. Giraud, «“Unsafe”. Las aseguradoras en un mundo en llamas», en La Civiltà Cattolica, 6 de septiembre de 2024, https://www.laciviltacattolica.es/2024/09/06/unsafe/ ↑
4. Cf. Groupe de la Banque mondiale, «Le Groupe de la Banque mondiale et la pandémie de coronavirus», en https://tinyurl.com/mwd9c8xa ↑
5. Cf. G. Giraud, «Le mythe du ruissellement économique», en La Croix (https://shorturl.at/pKS93 https://bit.ly/3OV4uqM), 1° de agosto de 2017. ↑
6. Este tema, desconocido para el gran público, a veces es objeto de debate. Cf. Z. Jakab – M. Kumhof, «Banks Are Not Intermediaries of Loanable Funds – and Why This Matters», Bank of England, Working Paper No. 529, 2015; R. A. Werner, «Can banks individually create money out of nothing? The theories and the empirical evidence», en International Review of Financial Analysis 36 (2014) 1-19; Id., «How do banks create money, and why can other firms not do the same? An explanation for the coexistence of lending and deposit-taking», en International Review of Financial Analysis 36 (2014) 71-77; G. Giraud, Illusion financière, París, Editions de l’Atelier, 2014. ↑
7. Sin embargo, los bancos no pueden crear cantidades arbitrarias de moneda. Estas están sujetas principalmente a reglas de prudencia. Los bancos privados, en particular, no pueden crear monedas para reabsorber las propias deudas, razón por la cual pueden quebrar. ↑
8. Algunos economistas sostienen que este excedente de dinero en circulación podría ser inflacionario, pero se basan en una interpretación errónea de la teoría cuantitativa del dinero: si la creación de dinero fuera de facto inflacionaria, habría que prohibir cualquier forma de préstamo bancario. Cf. G. Giraud, Illusion financière, cit. ↑
9. Cf. E. Dabla Norris et Al., «Global Public Debt Is Probably Worse Than it Looks», en Imf Blog (https://tinyurl.com/5eendump), 15 de octubre de 2024. ↑
10. Cf. Groupe de la Banque mondiale, «Remboursement de la dette publique: les pays en développement ont dépensé un montant record de 443,5 milliards de dollars en 2022», en https://tinyurl.com/msaeuzr3 ↑
11. Cf. OCDE, «Perspectives économiques de l’OCDE 2024», en https://tinyurl.com/2v237hv7 ↑
12. Cf. A. B. Abel – S. Panageas, «Running Primary Deficits Forever in a Dynamically Efficient Economy: Feasibility and Optimality», NBER Working Pa­per 30554, 2024. ↑
13. Cf. «New data show Global South is in worst debt crisis ever, with another lost decade looming», en Bretton Woods Project (https://tinyurl.com/5n83nsw9), 13 de diciem­bre de 2023. ↑
14. Un alza de las tasas de la FED atrae a los inversionistas hacia los activos en dólares, provocando una fuga de capitales de las economías emergentes y la devaluación de su moneda local. Esto arruina las economías de esos países y aumenta su deuda pública. ↑
15. Cf. J. Rising, «Loss and Damage Today: How Climate Change Is Impacting Output and Capital», Newark, University of Delaware, noviembre 2023 (https://tinyurl.com/yua9stzs). ↑
16. Cf. OXFAM, «Inégalités climatiques: les 1% les plus riches émettent autant de CO2 que deux tiers de l’humanité», en https://tinyurl.com/ut3d2u8m ↑
17. Cf. Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, «Debt-for-climate swaps», en https://tinyurl.com/432s747f ↑
18. Cf. S. Glendon, «Ecuador’s $650 million debt-for-nature swap targets Galápagos protection», en Columbia Threadneedle Investments (https://tinyurl.com/dwvy5adp), 15 de junio de 2023. ↑
19. Cf. United Nations Development Programme, «A new wave of debt swaps for climate or nature», en https://tinyurl.com/3p5b67ec ↑
20. Cf. International Institute for Environment and Development, «Debt swaps could release $100 billion for climate action», en https://tinyurl.com/552w3j8m ↑
21. Cf. Ch. Nedopil – M. Yue – A. C. Hughes, «Are Debt-for-Nature Swaps Sca­lable: Which Nature, How Much Debt, and Who Pays?», en Ambio 53 (2023/1) 63-78. Véase también https://ecdpm.org/work/scale-debt-climate-swaps-infographic-three-ways ↑
22. Cf. R. Al-Mashat, «Climate Financing That Puts People First», en Interna­tional Monetary Fund, 2023, 14 s. ↑