La confederación internacional Oxfam presentó en el foro económico mundial que se reunió a inicios de este año en Davos (Suiza), un informe titulado Desigualdad S. A. el poder empresarial y la fractura global: la urgencia de una acción pública transformadora. En este artículo el autor intenta presentar un resumen de las denuncias y propuestas contenidas en dicho documento, para lo cual recoge literalmente los títulos de sus cuatro secciones
La era dorada de la desigualdad
La década de 2020 se está convirtiendo en una década de creciente desigualdad. Hoy, la pobreza en los países con menos recursos es mayor que en 2019. Los precios están superando los salarios en todo el mundo: cientos de millones de personas tienen cada vez más dificultades para llegar a fin de mes.
La brecha entre el Norte y el Sur global ha crecido por primera vez en 25 años. La desigualdad global es comparable en la actualidad con la desigualdad de Sudáfrica, el país con el mayor índice de desigualdad del mundo.
A los Gobiernos les resulta imposible mantener sus finanzas a flote ante el aumento de la deuda y la escalada de los precios de las importaciones. Los países de renta baja y de renta media-baja desembolsarán cerca de 500 millones de dólares diarios de aquí a 2029 en concepto de intereses y pagos de deuda. El 57 % de los países más pobres, donde viven 2.400 millones de personas, se está viendo obligado a recortar el gasto público en un total de 229.000 millones de dólares en los próximos cinco años.
Desde el año 2020, la riqueza de los cinco hombres más ricos del mundo se ha duplicado. Durante el mismo periodo, la riqueza acumulada de cerca de 5.000 millones de personas se ha reducido.
A nivel mundial, los hombres poseen 105 billones de dólares más de riqueza que las mujeres: esta diferencia equivale a más de cuatro veces el tamaño de la economía estadounidense.
En Estados Unidos, la riqueza de una familia negra promedio representa el 15,8 % de la de una familia media blanca. En Brasil, los ingresos de las personas blancas superan en más de un 70 % a los de las personas afrodescendientes.
Aunque solo el 21 % de la humanidad vive en países del norte, en ellos se concentra el 69 % de la riqueza privada y el 74 % de la riqueza mundial.
Un análisis reciente de 24 países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) revela que el 10 % más rico posee el 85 % del total de los activos de propiedad de capital, mientras que el 40 % más pobre posee solo el 4 %.
Una nueva era de poder monopolístico
Un pequeño número de empresas en constante crecimiento ejerce una influencia extraordinaria sobre las economías y los Gobiernos, con un poder desenfrenado para aumentar los precios que soportan los consumidores, presionar a la baja los salarios y abusar de los trabajadores, limitar el acceso a bienes y servicios, frustrar la innovación y el espíritu emprendedor, y privatizar los servicios y bienes públicos a favor de los beneficios privados.
Los datos de más de 70.000 empresas en 134 países durante cuatro décadas demuestran que el margen de beneficio promedio mundial aumentó del 7 % en 1980, al 59 % en 2020. La participación de los beneficios de las multinacionales en los beneficios mundiales se cuadruplicó, pasando del 4 % en 1975 al 18 % en 2019.
Los diez gigantes mundiales de la industria farmacéutica son resultado de la fusión durante dos décadas de sesenta empresas. Dos multinacionales controlan más del 40 % del mercado mundial de semillas, frente a las diez empresas que controlaban ese porcentaje hace 25 años. Cuatro empresas controlan el 62 % del mercado mundial de pesticidas. Tres cuartas partes del gasto mundial en publicidad online se destinan a Meta, Alphabet y Amazon. Más del 90 % de las búsquedas en Internet se realizan a través de Google. Las “Cuatro grandes” (Deloitte, PwC, Ernst & Young y KPMG) dominan el mercado mundial de la contabilidad, con una cuota de mercado del 74 %. Anheuser-Busch es propietario de más de 500 marcas de cerveza.
El poder monopolístico se incrementa y ejerce a través de diversas prácticas comerciales, entre ellas: fusiones y adquisiciones; colusión en industrias concentradas; abuso agresivo de la protección de la propiedad intelectual; y acuerdos exclusivos para expulsar del mercado a los rivales y las empresas más pequeñas.
Otro elemento de la historia de los monopolios que impulsa desigualdades a nivel mundial es el del “intercambio desigual”, que es en parte resultado del dominio que las naciones ricas y sus monopolios ejercen en la economía global. Esto incluye la reducción de los precios de los recursos naturales y la mano de obra en los países del Sur, además de la afirmación agresiva de monopolios de patentes, posibilitados por los desequilibrios de poder en las reglas e instituciones financieras globales.
Cómo el poder empresarial fomenta la desigualdad
Existen fundamentalmente cuatro maneras en que un número cada vez más reducido de empresas está impulsando la desigualdad: exprimiendo a sus trabajadores, evadiendo y eludiendo impuestos, privatizando los servicios públicos e impulsando el colapso climático.
Un análisis de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revela que la brecha entre el crecimiento de los salarios y la productividad laboral en 52 países en 2022 es la más amplia desde principios del siglo XXI. Un nuevo análisis de Oxfam sobre más de 1.600 de las empresas más grandes e influyentes del mundo muestra que solo el 0,4 % de estas se comprometen públicamente a pagar a sus trabajadores un salario digno.
Las empresas se han beneficiado al eludir las obligaciones y costos asociados con su fuerza laboral recurriendo a formas de empleo atípicas, como la externalización del trabajo, la subcontratación, y el trabajo temporal y a tiempo parcial. Estas formas de empleo suelen estar caracterizadas por la precariedad y la informalidad, unos salarios más bajos, la falta de acceso a la protección social, la escasa seguridad, un menor poder de negociación y la vulneración de derechos básicos.
Para demasiadas personas el trabajo es peligroso e incluso letal. Según la OIT, 2,3 millones de trabajadores mueren cada año a causa de accidentes laborales o enfermedades relacionadas con el trabajo.
Las grandes empresas también han aprovechado sus recursos para obtener leyes y políticas laborales favorables que mantienen un statu quo desigual.
El poder empresarial ha resultado fundamental para crear valor para una minoría ultrarrica, a costa del resto de la población. Por cada 100 dólares de beneficios generados por 96 grandes empresas entre julio de 2022 y junio de 2023, se devolvieron 82 dólares a los accionistas en forma de recompras de acciones y dividendos.
Los trabajadores migrantes en las cadenas de suministro mundiales se enfrentan a abusos y explotación de carácter sistemático, lo que incluye leyes discriminatorias, vulnerabilidad a la explotación debido a su situación migratoria, aislamiento, exclusión de los servicios y una aplicación inadecuada de las protecciones laborales.
Las mujeres se encuentran ampliamente sobrerrepresentadas en los empleos peor remunerados y más precarios. En 2019, las mujeres ganaron solo 51 centavos por cada dólar que los hombres obtuvieron en ingresos. Nuevos datos sobre más de 1.600 de las empresas más grandes revelan que únicamente el 24 % mantiene un compromiso público con la igualdad de género. Solo el 2,6 % de las empresas divulgan información sobre la relación salarial entre mujeres y hombres.
El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y mal remunerado que asumen de manera desproporcionada las mujeres apuntala los beneficios de las empresas, ya que estas subvencionan efectivamente la economía al realizar más de tres cuartas partes del trabajo de cuidados no remunerado en todo el mundo. En 2020, Oxfam estimó que el valor económico del trabajo de cuidados no remunerado que asumen las mujeres en todo el mundo asciende al menos a 10,8 billones de dólares anuales, una cifra que triplica el tamaño de la industria mundial de la tecnología.
Los impuestos sobre la renta empresarial se han derrumbado en muchos sentidos, a pesar del fuerte aumento de las ganancias de un gran número de empresas. Desde 1980, los tipos impositivos sobre la renta empresarial se han reducido a más de la mitad en los países de la OCDE, comenzando en 1980 en el 48 % y bajando al 23,1 % en 2022. Este fenómeno se ha producido a nivel mundial, con una caída de los tipos nominales del impuesto sobre la renta empresarial en 111 de los 141 países encuestados entre 2020 y 2023.
Según las mejores estimaciones disponibles, en 2022 se trasladaron a paraísos fiscales alrededor de un billón de dólares en beneficios (el 35 % de los beneficios obtenidos en el extranjero). Solo el 4 % de las 1.600 empresas más grandes e influyentes analizadas en todo el mundo cumplen plenamente con el indicador social de la World Benchmarking Alliance sobre fiscalidad responsable.
Para compensar la pérdida de ingresos fiscales procedentes de las empresas, muchos Gobiernos han recurrido a aquellas personas con menor capacidad de pago. Han optado por aplicar impuestos regresivos sobre bienes y servicios, como el impuesto sobre el valor añadido (IVA), que recae de manera desproporcionada sobre los hogares de bajos ingresos.
Una manera importante en la que el poder empresarial impulsa la desigualdad es a través de la privatización de los servicios públicos. En todo el mundo, el poder empresarial presiona incesantemente al sector público, mercantilizando y, con demasiada frecuencia, segregando el acceso a servicios esenciales como la educación, el agua y la atención médica.
El poder empresarial está impulsando el colapso climático, causando a su vez un gran sufrimiento y exacerbando las desigualdades. La búsqueda de beneficios a corto plazo por parte de las empresas ha llevado al mundo al borde del colapso climático, ya que los combustibles fósiles continúan alimentando las fortunas de los superricos.
Los desplazamientos relacionados con el clima ya han obligado a decenas de millones de personas a abandonar sus hogares, y los fenómenos meteorológicos extremos están diezmando las cosechas y propiciando hambrunas masivas, conflictos armados y crisis humanitarias.
Muchos de los países menos responsables del calentamiento global, sobre todo en el Sur, sufren las peores consecuencias de la actual crisis climática y disponen de menos recursos para contribuir a su recuperación.
Una economía que esté al servicio de todas las personas
Reducir la brecha entre los más ricos y el resto de la sociedad resulta vital para garantizar una vida digna para el conjunto de la población, en un planeta lleno de prosperidad, que no se encuentre en crisis.
Los Gobiernos de todo el mundo deben desarrollar planes concretos de reducción de la desigualdad y medir mejor el impacto de sus políticas en la reducción de la desigualdad. Esto debería incluir objetivos claros y con plazos concretos con el objetivo de que los ingresos totales del 10 % más rico de la población no sean superiores a los ingresos totales del 40 % más pobre.
El poder empresarial desbocado y la extrema riqueza han sido contenidos y controlados en el pasado, y pueden volver a serlo. Este informe sugiere tres maneras concretas de hacer que la economía funcione para el conjunto de la población: revitalizar el Estado, regular el sector privado y reinventar el sector empresarial.
Revitalizar el Estado implica garantizar servicios públicos que combatan la desigualdad; invertir en transporte público, energía, vivienda y otras infraestructuras públicas; explorar alternativas públicas en sectores que son propensos al poder monopolístico; reforzar la gobernanza, incluida la mejora de la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión de las instituciones públicas, incluidas las empresas estatales.
La regulación del sector privado implica acabar con los monopolios privados, democratizar las normas comerciales y de patentes, garantizar que no se recompren acciones ni se paguen dividendos si no se garantizan salarios dignos; introducir medidas jurídicamente vinculantes sobre la debida diligencia obligatoria en materia de derechos humanos; reforzar la legislación para garantizar la justicia racial y de género; apoyar y alentar a los sindicatos; limitar la remuneración de los directivos rebajando el salario máximo a 20 veces el de la mediana del trabajador promedio; aumentar los impuestos a las personas ricas y a las grandes empresas, incluidos los impuestos sobre dividendos y ganancias del capital; aplicar medidas fiscales más eficaces a las grandes empresas, especialmente a nivel de sus actividades transfronterizas; frenar la evasión fiscal.
La reinvención del sector empresarial implica adoptar modelos de propiedad y gobernanza democráticas. El futuro de las empresas radica en estructuras empresariales que tengan un doble objetivo de sostenibilidad financiera y propósito social. Los Gobiernos pueden apoyar a los negocios alternativos proporcionando apoyo financiero a las empresas que sean propiedad del personal, incluidas las cooperativas de trabajadores, utilizando la contratación pública y los incentivos a la exportación para ofrecer un trato preferencial a las empresas sostenibles e inclusivas. Los procesos de licitación pública deberían otorgar puntuaciones claramente negativas a las grandes empresas que muestren un desempeño deficiente en los criterios de sostenibilidad, de modo que se promueva una mayor competencia de empresas estructuradas de manera más justa. No se debe conceder ninguna ayuda económica a las empresas que paguen salarios inferiores al salario digno, que hagan uso de paraísos fiscales o que participen en una planificación fiscal agresiva.
Tratar de arrebatar el control de la economía global a las élites puede parecer una tarea imposible, pero aún hay esperanza, como lo demuestran numerosos ejemplos de todo el mundo.
