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¿Desigualdad o desigualdades?

Crédito: 3.2.3 PNUD

Los problemas de la humanidad tienden a ser complejos, profundos y, en ocasiones, trascendentales. La desigualdad es quizá uno de los problemas que más concentra las preocupaciones de la sociedad y a la que más se le dedica espacios de elucubración e investigación para construir posibles soluciones. Sin embargo, la desigualdad perdura y presenta cada día nuevos retos que se deben atender y solucionar desde el interés de todos los sectores: público, privado, sector educativo e Iglesia, entre otros, lo cual se traduce en una visión multidimensional –tan necesaria– para el análisis de las realidades de nuestro tiempo

Luis Angarita L.

La llegada del siglo XXI da muestra de un avance sustantivo en la solución de los problemas que aquejan a las sociedades, pero también va incluyendo nuevas variables y visiones que se deben atender para lograr una sociedad más justa y más equitativa, vale decir, una sociedad de igualdad.

Ya en el pasado queda la visión monodimensional que explicaba el tema de la desigualdad como un asunto exclusivamente de los ingresos de las familias, y qué tan suficientes eran estos ingresos para cubrir las necesidades fundamentales de los individuos. Avances importantes en materia de crecimiento económico han ayudado a muchos países a ubicarse en mejores condiciones para atender los problemas de pobreza, equidad, inclusión entre otros, que marcaron los principales desarrollos del siglo XX. Sin embargo, los análisis económicos distan de ser suficientes para comprender las distintas facetas de la desigualdad que se han venido manifestando en los últimos años. Así, a los problemas recurrentes de una repartición de ingresos desigual, se le deben sumar otros problemas que atañen a la condición humana y que atentan contra el pleno desarrollo de sus capacidades y habilidades.

Este debate se ha enriquecido sustantivamente con los aportes conceptuales que ha incluido la visión de desarrollo humano, que trasciende la visión económica e incluye conceptos sociales tales como  salud y educación, pero también conceptos políticos e individuales tales como el acceso a la participación y  la garantía de derechos humanos que han dado pie a la elaboración de grandes estrategias, como las impulsadas desde la Organización de Naciones Unidas (ONU) y su Programa de Desarrollo, como lo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

De esta manera, la inclusión de nuevos aspectos a considerar cuando se aborda el problema de la desigualdad en el mundo se ven enriquecidos no sólo por los avances propios de la sociedad, sobre todo en el marco de revoluciones tecnológicas y de nuevos retos tales como la inteligencia artificial, sino que, a los persistentes problemas de accesos inequitativos a ingresos, servicios y otros menesteres, se le suman demandas insatisfechas relacionadas con el propio avance de la humanidad. En un mundo que expone logros como la robotización de las fábricas, el Internet en artefactos eléctricos caseros y que, además, demanda una transformación energética, se presentan insuficiencias en el acceso a libertades que, a pesar de estar consagradas como derechos, se manifiestan aún con mayor recurrencia.

Desigualdad (es)

Podemos clasificar tres áreas donde la desigualdad se presenta como un reto de las políticas públicas para esta generación: desigualdad económica, desigualdad social y desigualdad civil y política. 

La primera clasificación es quizás la más importante debido a que de esta se derivan las demás condiciones de desigualdad. Los ingresos per cápita han sido la medida estándar para identificar el nivel de desarrollo de la sociedad, sin embargo, este indicador es incapaz de reflejar qué tan eficiente es la distribución de la riqueza en un país. Si bien hay distintas remuneraciones y escala de ingreso en todas las sociedades, la acumulación de toda la riqueza en manos de unos pocos genera problemas más allá del dato estadístico. América Latina se reconoce como la región más desigual del mundo, en los últimos veinte años la percepción de inequidad de los latinoamericanos siempre ha estado por encima del 70 %, siendo la última medición de 78 %.1  (Latinobarómetro, 2020: 45).  

Existe una relación proporcional entre desigualdad y pobreza, ya que, a medida que un grupo minoritario concentra mayores niveles de ingreso, una mayor parte de la población queda al margen de la línea de la pobreza: aquellos que no alcanzan un ingreso diario de 2,5 dólares. Una marcada desigualdad en la distribución del ingreso nacional solo puede ser muestra de una incorrecta aplicación de las políticas fiscales cuyo objetivo central debe ser redistribuir la riqueza para el desarrollo equilibrado de la nación. La ausencia de políticas eficientes solo reproduce los niveles de pobreza hoy sin importar el nivel de crecimiento de la economía del país.

En segundo lugar, se encuentra la desigualdad social, que surge por consecuencia de las inequidades en los ingresos, por una parte, y por políticas públicas ineficientes por la otra. Esta situación comprende la dificultad en el acceso a bienes y servicios públicos como salud y educación, así como servicios básicos que afectan a la calidad de vida de las personas tales como servicios eléctricos, de transporte, de acueductos, entre otros, lo que marca una diferencia importante dentro de las poblaciones entre los que acceden a servicios y aquellos a los que se les priva, diferencia que se acentúa aún más desde el punto de vista territorial entre las poblaciones urbanas y las poblaciones rurales.

Las carencias en el acceso a estos servicios públicos marcan una incompatibilidad importante en factores que afectan y condicionan el crecimiento de una sociedad. En el caso de la educación es quizá el elemento que más aptitudes y destrezas crea para el desarrollo humano y genera condiciones para disminuir las brechas de desigualdad dentro de una sociedad, y es la mejor herramienta de movilidad social para los individuos. En la educación se concentran los mayores esfuerzos en pro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que impulsa la ONU y sus organismos especializados, estableciendo criterios de alfabetización y educación de calidad para toda la vida. Los indicadores sociales muestran que los esfuerzos aún son insuficientes en una gran parte de la población mundial.

El acceso a los sistemas sanitarios tuvo su mejor escrutinio en el período de emergencia ocasionada por la pandemia de la COVID-19. En este escenario, las sociedades con mejores sistemas de salud lograron proteger mejor su población que en aquellos países donde el acceso a la salud es inicuo. De esta manera, el fortalecimiento de la red de atención sanitaria marca diferencias importantes en la generación de precondiciones para el desarrollo que apunten a disminuir las brechas de desigualdad, tanto a nivel nacional, como a nivel internacional.

La tercera clasificación, la desigualdad política, marca los debates más importantes en el progreso de las libertades individuales. Desde la abolición de la esclavitud, hasta los procesos de descolonización, voto femenino, libertades civiles, entre otros, han significado avances en los derechos de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Sin embargo, el siglo XXI exhibe un conjunto de realidades en las que muchos países limitan y restringen la participación en contraste con los valores expresados en la Carta de Derechos Humanos.

Hoy en día muchos criterios marcan inequidades y exclusiones de sectores de la población por razones de género, raza, discapacidades o incluso por su condición migratoria. La brecha de remuneraciones entre el hombre y la mujer es un problema persistente en la mayoría de las sociedades. La participación y representación política de grupos minoritarios sigue siendo un debate sin solución en muchos países. La posibilidad real de construir iniciativas con capacidad de incidir en la acción pública sufre de una disparidad real entre distintos sectores de la sociedad de modo tal que la desigualdad se presenta como fenómeno que afecta cada vez más a las distintas esferas de nuestra cotidianidad.

El contexto internacional

El año 2023 comienza con una incertidumbre marcada por un contexto económico cambiante. El mundo ha sufrido en menos de veinte años tres crisis económicas: la crisis financiera del 2009, la crisis del confinamiento por la COVID-19 en el 2020 y un freno a la dinámica económica por la invasión de Rusia a Ucrania en el 2022; este fenómeno de crisis repetidas –en menos de tres lustros– es inédito en la historia contemporánea. La falta de un entorno económico favorable conspira contra la capacidad del mundo de acercarse a las metas planteadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD, por sus siglas en inglés), es el articulador de todas las iniciativas orientadas a construir sociedades más estables e incluyentes, valga decir, que reduzcan la desigualdad. Sus metas están enfocadas en potenciar las capacidades individuales en un marco de desarrollo sostenible que atienda las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Una lista de temas y objetivos resume la actividad de la sociedad global en la búsqueda de soluciones a los principales problemas de pobreza, salud, educación, empleo, equidad, participación, calidad del medio ambiente y un marco institucional responsable. 

Los adelantos tecnológicos que el mundo va conociendo dan una esperanza de cómo la acción humana puede mejorar las condiciones de la sociedad para hacerla más equilibrada y, por consecuencia, más equitativa y sostenible. 

La transformación productiva en el marco de la transición energética a modelos más amigables al ambiente, la robotización de la producción y el empleo de inteligencias artificiales demuestran las capacidades presentes y futuras de nuestra sociedad. También conlleva los retos de que, con cada innovación, se deban considerar las implicaciones positivas y/o negativas para los mecanismos de inclusión social. 

Una visión proactiva debe entender que estos cambios tecnológicos deben estar acompañados de dispositivos que garanticen la participación de sectores que puedan sufrir una exclusión y evitar así reproducir los antiguos sistemas de exclusión o incluso plantear algunos nuevos.  La acción gubernamental desde el nivel local, pasando por niveles regionales y nacionales, hasta llegar a la participación internacional es clave para construir mecanismos de inclusión social. 

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