Juan Gasparini/PES
La diplomacia argentina tomó distancias de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y condenó las dictaduras en Siria, Sri Lanka, República Popular Democrática de Corea e Irán. De los ocho escaños que dispone América Latina, entre los 47 que componen este Consejo, además de Argentina, votaron a favor de las condenas Guatemala, Perú, Costa Rica, Chile y Brasil.
Se opusieron Venezuela y Ecuador; desde luego por la sumisión al liderazgo ideológico que ejerce Cuba, reconocido también por Bolivia y Nicaragua, países asimismo alineados en el ALBA pero que no integran el mencionado Consejo de la ONU en 2013, cuya primera sesión acaba de finalizar en Ginebra.
Crímenes de lesa humanidad en Siria
Venezuela fue el único país que se opuso a la condena de las masacres en Siria. Sin embargo, la resolución se adoptó por 41 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones. De ese modo se aprobaron las conclusiones de la Comisión Investigadora de Naciones Unidas sobre el conflicto sirio, presidida por el experto independiente brasilero Paulo Pinheiro.
“Es la destrucción del espacio de la sociedad civil, hay un mercado que se beneficia de la violencia; la inexistencia del Estado de Derecho en una situación de guerra civil, y la intensificación de la militarización del conflicto, sin que sea acompañado de negociaciones diplomáticas”, había resumido Pinheiro cuando presentó el informe sobre Siria días pasados en Ginebra.
Al debatirse ese informe Venezuela pareció justificar su voto en contra de la resolución por “la continuada y sostenida campaña mediática internacional destinada a satanizar los esfuerzos emprendidos por el Gobierno sirio, apelando a la manipulación de la información sobre lo que acontece en el país, muchas veces obtenida de fuentes poco fiables”.
Venezuela consideró el informe “parcializado”, y afirmó que “no apoya ninguna medida unilateral “para que “en nombre de los derechos humanos y de la supuesta situación humanitaria cobijada bajo la tesis imperial de la responsabilidad de proteger, se pretendan establecer mecanismos injerencistas”.
Ecuador fue uno de los 5 países que se abstuvieron en la resolución sobre Siria. Manifestó no acordar con “toda iniciativa que intente permitir la injerencia extranjera en los asuntos internos de los Estados, incluyendo aquellas que buscan justificarse en la supuesta protección de los derechos humanos, cuando sus verdaderos intereses son de tipo geopolítico y geoestratégico”.
Argentina acentuó su distanciamiento del ALBA por el caso sirio al adherir simultáneamente a un pedido de otros 63 países para que dicho caso sea sometido a la Corte Penal Internacional (CPI), según un documento patrocinado por Suiza.
“Todos los que cometen violaciones de los derechos humanos… deben rendir cuentas… sostenemos plenamente los diferentes llamados al Consejo de Seguridad para que la situación de Siria sea referida a la Corte Penal Internacional, sin excepción y cualesquiera sean los autores sospechados”, indica el texto, paralelamente suscripto por Uruguay, Paraguay, Chile, Costa Rica y Honduras.
“Una de las vías para imponer la responsabilizarían de los criminales que cometen esas violaciones es la Corte Penal Internacional, pero quien tiene el mandato para hacer eso es el Consejo de Seguridad y ya se lo hemos dicho dos veces”, insistió Paulo Pinheiro, Presidente de la Comisión Investigadora de la ONU para Siria.
Campos de concentración en Corea del Norte
Coincidentemente, Venezuela se disoció del consenso obtenido en una resolución de condena adoptada sin votación contra la República Popular Democrática de Corea, que ordenó crear, “por un periodo de un año, una Comisión de Investigación integrada por tres miembros”, para estudiar “las violaciones sistemáticas, generalizadas y graves de los derechos humanos”, entre las que destaca la existencia de centros de trabajo esclavo donde se calcula se encuentran 200 mil personas.
Venezuela estimó que tal Comisión carece del “enfoque adecuado para abordar este asunto, y no será útil para promover el dialogo y la cooperación, con lo cual, su imposición está destinada al fracaso, perdiéndose tiempo y dinero, para complacer motivaciones políticas”.
El genocidio srilankes
Sincrónica, Venezuela se opuso, y al igual que Ecuador, a la rendición de cuentas por los abusos y atrocidades en Sri Lanka, requerida por una resolución que, no obstante, fue adoptada por 25 votos a favor, 8 abstenciones y 13 en contra, entre estos últimos, el de Ecuador.
La resolución pidió al gobierno de Sri Lanka el “establecimiento de un mecanismo de búsqueda de la verdad”, y “que realice una investigación independiente y creíble de las denuncias de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos”.
Fuentes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) le atribuyen al régimen de Sri Lanka haber cometido más 150 mil desapariciones, el asesinato de 150 mil civiles, 11 mil presos, cuantiosa población desplazada e incontables refugiados en 30 años de conflicto, finalizando en 2009 con el exterminio de los separatistas tamiles, los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE).
Venezuela justificó el rechazo a la resolución por su “carácter sesgado e intervencionista”, “que desconoce los esfuerzos que ha hecho Sri Lanka para buscar la paz y la reconciliación”, y “no tiene sustento en la cooperación y el diálogo genuino”, un proyecto “motivado por un claro sesgo político que no se corresponde con la realidad de los hechos”.
Ecuador fundamentó su voto negativo sobre Sri Lanka por “un tratamiento diferencial, parcializado, poco objetivo y sesgado en el tratamiento de las situaciones país… Tampoco debería permitirse un doble criterio, un doble discurso, un doble rasero y una doble ética, para calificar la vigencia de los derechos humanos”.
La interminable represión iraní
En cambio, Argentina se sumó a la sanción de Irán en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al aceptar el informe del Relator para ese país, quien revela numerosas violaciones de los derechos humanos, según una resolución adoptada por 26 votos a favor, 2 en contra y 17 abstenciones.
“Expresando grave preocupación ante la situación de los derechos humanos” en Irán, constatada en el informe del Relator para ese país, Ahmed Shaheed, el Consejo acogió con beneplácito el informe, que establece una “cultura de impunidad” en Irán, y resolvió prorrogar por un año el mandato del Relator. Lo resuelto constituye una sanción en las costumbres de Naciones Unidas, que reserva mecanismos de investigación y control especiales por intermedio de Relatores a los países que no cooperan en la promoción y protección de los derechos humanos.
Al respecto, el Secretario General de la ONU, Ban Ki monon, envió un informe a este Consejo sobre Irán, donde se mencionan casos de tortura, violaciones de los derechos de la mujer, represión contra activistas y ausencia de garantías legales.
En ese contexto, cabe recordar que los dos líderes de la oposición al actual gobierno de Irán, Mir Hossein Moussavi y Mehdi Karoubi, se encuentran detenidos, sin cargos, en las vísperas de las elecciones en junio próximo, y que varias organizaciones No Gubernamentales (ONG) han protestado por la proliferación de la aplicación de la pena de muerte.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, comunicó en la presente oportunidad al Consejo su condena por la ejecución de cuatro miembros de la minoría árabe ahwazie, en la prisión de Karou, en la región de Ahwaz, en Irán.
A su turno, el Relator Especial de la ONU sobre la libertad de religión, Heiner Bielefeldt, acusó a Irán por la detención y condena a largas penas de siete miembros de la comunidad religiosa bahaïe.
Anticipando su voto abstención, Ecuador dijo sobre Irán que “no va a tomar parte de esta estrategia de atacar de forma parcializada a ciertos miembros de la comunidad internacional, usando argumentos como los derechos humanos para disfrazar intenciones puramente políticas”.
“No deja dudas de que el interés perseguido por quienes promueven dichos documentos, es ejercer presión sobre el Gobierno iraní en vista de que mantiene una política anti-imperialista y contraria a los intereses políticos y económicos de ciertas potencias”, subrayó Ecuador.
En tal deliberación, Venezuela adelantó su voto en contra porque “estos mandatos arropados bajo el falso manto de la protección de los derechos humanos, están contaminados desde su génesis de la manipulación política por parte de la potencia dominante que pretende erigirse como la autoridad universal,… para mantener su política de agresión y hostilidad contra pueblos soberanos”.
El presente voto argentino sobre Irán sucede poco después del memorándum de entendimiento celebrado entre Irán y Argentina el 27de enero pasado, con el fin de esclarecer la voladura de la mutual israelí AMIA en Buenos Aires, el 18 de julio de 1994, que ocasionara 85 muertos y 300 heridos. Y no debería olvidarse, que Siria e Irán operan como países observadores en el ALBA.