Eduardo Soto Parra
Sigue siendo noticia el Alto Apure al convocarse para este 15 de marzo una marcha en contra de la impunidad. Allí se conmemorará el aniversario del asesinato del joven Daniel Neira “presuntamente” por efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales asentados en la Parroquia San Camilo de El Nula sin que hasta la fecha se haya hecho justicia, castigado a los culpables e indemnizado a las víctimas.
Ante esta situación sorprende la escasez y timidez de las declaraciones de los funcionarios encargados de garantizar, tanto la seguridad, como el respeto y protección de los Derechos Humanos de los habitantes de ese estado del país, siendo la excepción la voz del Párroco de El Nula, y Vicario Episcopal de la Zona, Acacio Belandria, quien junto a su equipo de trabajo, nunca ha dejado de declarar ante los medios y ante quien sea, la falta de atención gubernamental y el estado de zozobra que vive la población altoapureña.
Y es que, desde hace más de cinco años, hemos escuchado las denuncias y la única respuesta que se obtiene es el incremento de la violencia y la ausencia de medidas eficaces para garantizar, al menos, el derecho a la vida y a la integridad personal de los habitantes de la frontera.
Tantos años de oídos sordos no pueden ser mera casualidad. La situación de ingobernabilidad, la presencia de grupos armados ilegales y la flagrante impunidad de las violaciones a los Derechos Humanos cometidos en la frontera obedece sencillamente a que existen intereses de los actores involucrados, que son mayores al interés legítimo del Estado de ser soberano en esa región del país. En este sentido, el miedo a hablar y a denunciar de los ciudadanos por temor a represalias, la declaraciones mediatizadas y esporádicas de los funcionarios encargados de velar por el respeto de los derechos de la gente y la inexistencia de un poder civil fuerte y participativo que compense la militarización, favorecen a quienes se benefician de la ingobernabilidad de la frontera y del aumento de poder de los grupos irregulares en la zona.
Aun cuando ha habido un incremento en el reconocimiento de la situación, la población del Alto Apure sigue esperando por medidas elementales, tantas veces prometidas, para que esta situación sea distinta, las cuales no son precisamente la repotenciación y el aumento del arsenal militar de los cuerpos de seguridad.
Por otra parte, los funcionarios del Poder Moral no deberían estar sólo para dar palabras de condolencia a las víctimas, sino que deberían esforzarse en lograr la justicia que éstas y sus familiares siguen reclamando y si es necesario exigir los recursos y el personal necesario para que la situación de la frontera cambie y así el tema de la violencia en la frontera deje de ser un “refrito”, como dice el Párroco Belandria, de los medios de comunicación.
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