Carlos F. Lusverti
Desde el 12 de junio, que un cuestionado proceso electoral le dio la reelección al presidente Mahmud Ahmadineyad, la situación en Irán ha dejado ya un saldo de 21 personas muertas, según las autoridades, durante la primera semana de protestas. La respuesta a las manifestaciones del líder supremo de Irán, ayatolá Jamenei, (19 de junio de 2009) cuando amenazó que si las protestas continuaban, las autoridades las reprimirían con violencia, se unió a la de otros voceros religiosos quienes pidieron que se castigara “duramente y sin piedad” a quienes participaban en las manifestaciones, pues consideraban que las manifestaciones era ejemplos de “enemistad contra Dios” (moharebeh), un delito que en Irán puede castigarse con la muerte.
Estas declaraciones se unen a las de otros altos funcionarios políticos y religiosos iraníes que dan cuenta de la decisión de las autoridades de reprimir y castigar a los manifestantes con la finalidad de suprimir cualquier signo de protesta pacífica y de oposición política.
En el marco de las protestas por las irregularidades electorales, dirigentes de oposición, periodistas, intelectuales, estudiantes y defensores de derechos humanos han sido detenidos, sea por tratarse de partidarios de los opositores a la reelección del presidente Ahmadineyad o por haber criticado sus políticas e incluso por haberse reunido con simpatizantes de estos. Algunos de ellos podrían estar siendo torturados, según información de Amnistía Internacional, o sometidos a juicios sin garantías en los que podrían ser condenados a muerte. Así por ejemplo Shiva Nazar Ahari, defensora de derechos humanos y miembro del Comité de Reporteros de Derechos Humanos, detenida en su domicilio de Teherán el 14 de junio de 2009, por agentes de seguridad que registraron la casa y se llevaron objetos personales, e igualmente su abogada Shadi Sadr fue detenida arbitrariamente el 17 de julio mientras se dirigía a realizar sus oraciones, en las calles de Teherán según información de Amnistía Internacional.
La información ha llegado al mundo a través de Internet en imágenes y videos alcanzados con teléfonos celulares, por lo cual las autoridades han restringido la libertad de expresión e igualmente han interrumpido el acceso a Internet, prohibido a los medios de comunicación que publiquen información, y expulsado periodistas internacionales acusándoles de propiciar las protestas.
Los principios de derechos humanos previstos en tratados de los cuales Irán es parte y que se ha comprometido a respetar garantizan el derecho a la manifestación pacífica con lo cual el estado iraní debe garantizar este derecho a los manifestantes y consecuentemente hacer uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario, restringiendo el uso de armas de fuego en la medida que sea estrictamente necesario para salvaguardar las vidas de las personas, bajo la premisa que el personal de seguridad debe proteger la vida humana. La situación en Irán sintetiza el principio de que aún cuando un sistema político tenga la tendencia que sea, solo la transparencia en las reglas del juego y el equilibrio en el acceso al poder, resultan cruciales para mantener su paz y tranquilidad.
