Antonio Pérez Esclarín
Urgido de dólares ante el colapso de los precios del petróleo, el gobierno profundiza la política rentista, a pesar de su discurso en contra del rentismo, con la esperanza de sustituir la dependencia del petróleo por la dependencia del oro y otros minerales preciosos. ¡Del rentismo petrolero al rentismo aurífero, coltanero, diamantífero…!La esperanza se coloca ahora en el arco minero, la zona minera más importante del continente americano: 114 mil kilómetros cuadrados al sur del Orinoco, ricos en oro (se habla de reservas de siete mil toneladas) cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales. Lo más cínico del caso es que se ha vuelto a otorgar licencia de explotación a cielo abierto a la empresa canadiense Gold Reserve, muy criticada en el mundo, por su desprecio a las normas ambientalistas. A esa misma compañía el difunto Chávez le quitó la licencia de explotación por considerar los daños irrevocables al medio ambiente. Cuando Ana Elisa Osorio fue ministra de ambiente firmó la siguiente resolución: “No se otorgarán permisos ambientales por la explotación de minas a cielo abierto pues esto causa degradación ambiental…Estos permisos no son negociables por su afectación al ambiente y a las comunidades que viven en el mismo”. Es de subrayar que la explotación a cielo abierto utiliza grandes cantidades de cianuro, sustancia muy tóxica que mata las especies vivientes, destruye la biodiversidad y envenena las aguas.
Todo este plan, depredador de la naturaleza, y entreguista al capital financiero internacional se ha hecho, por supuesto de espaldas a los pueblos indígena, que junto a la naturaleza, van a resultar las principales víctimas, violando olímpicamente varios artículos de la Constitución y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI):
“Art 11 de la LOPCI: Toda actividad susceptible de afectar directa o indirectamente a los pueblos y comunidades indígenas deberá ser consultada con los pueblos y comunidades indígenas involucrados. La consulta será de buena fe, tomando en cuenta los idiomas y la espiritualidad, respetando la organización propia, las autoridades legítimas y los sistemas de comunicación e información de los pueblos y comunidades indígenas”
Si quedara alguna duda, el siguiente artículo de la LOPCI la despeja totalmente. “Art. 12: Se prohíbe la ejecución de actividades en el hábitat y tierras de los pueblos indígenas que afecten grave o irreparablemente la integridad cultural, social, económica, ambiental o de cualquier otra índole de dichos pueblos o comunidades.”
Ironías de la vida, la LOPCI fue sancionada y firmada por el presidente Nicolás Maduro cuando era presidente de la Asamblea Nacional en diciembre de 2005.
Por supuesto el “ambientalista” Merentes se ha apresurado a afirmar que la explotación se hará respetando las normas ambientales. Sin embargo, Alexander Luzardo, autor de las normas ambientalistas de la Constitución Nacional, no vacila en calificar al proyecto como “crimen ecológico y genocidio contra los indígenas”.
Qué rápido se ha olvidado el 5to objetivo del Plan de la Patria: “Contribuir con la preservación dela vida en el planeta y la salvación de la especie humana”. ¡Los hijos de Chávez dándole la espalda a Chávez!
