Cuando el gobierno de Hugo Chávez colocó su mirada en Guayana pensó en un “gran modelo” que en 2009 llamó Plan Guayana Socialista. Después del fracaso en el desarrollo industrial, ahora Nicolás Maduro mira hacia el sur más profundo en busca de nuevas riquezas. El nuevo plan concebido como Arco Minero del Orinoco amenaza con acabar con todo tipo de ecosistemas naturales, cursos de agua, especies, comunidades indígenas y nuestra soberanía
Clavel A. Rangel Jiménez*
En un territorio vasto, en su mayoría prístino, el gobierno de Nicolás Maduro ha colocado su mirada como un salvavidas de último minuto. No es cualquier momento para mirar al sur de Venezuela, cuando la economía se hunde, las deudas suben y la conflictividad social aumenta.
Ha sido un proceso que comenzó en 2014 cuando Venezuela entró oficialmente en recesión con contracciones sostenidas del Producto Interno Bruto (PIB) debido a la caída de la productividad, los altos índices de corrupción (el país ocupa el primer puesto en Índice de Percepción de la Corrupción 2015 de Transparencia Internacional) y la distorsión de la economía.
Los pronósticos para este año no son alentadores a juzgar por las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que estiman una contracción de 8 % del PIB, 2.3 puntos más que en 2015, así como una inflación de 500 % para este año y de hasta 1.600 % para 2017.
Todo esto sume al país en la crisis económica más honda de su historia apenas a unos meses de haber dejado atrás el boom petrolero, que oxigenó por más de una década el proyecto bolivariano de transición al socialismo en Venezuela.
Aun así, a no ser porque la Gaceta Oficial número 40.855 lo confirma, nadie creería que el Ejecutivo, en medio de una espiral de conflictividad social y el desnudo de la ingobernabilidad en zonas mineras evidenciado en la masacre de Tumeremo en Sifontes, se aventuraría de tal forma.
Se trata del Decreto 2.248 de la Gaceta Oficial Nº 40.855 que crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO) en una extensión de 111.843, 70 kilómetros cuadrados, más grande que países como Portugal, Panamá o Cuba. Son cálculos ya hechos por expertos en una alarma general.
El territorio, ubicado al sur del Orinoco, representa el 12, 2 % del territorio nacional y, según el Gobierno, el Arco Minero del Orinoco surge por la necesidad de “impulsar la transición del rentismo petrolero con esfuerzos sostenidos y coherentes de gestión pública”.
Comienza desde la desembocadura del río Apure sobre el río Orinoco, coincidiendo con la Faja Petrolífera del Orinoco, los límites con Delta Amacuro, la cuenca del Caura, el río Paragua hasta llegar a la zona de Parguaza. Un territorio extenso rico en oro, cobre, coltán, diamantes, caolín, bauxita, entre otros y hábitat de al menos dieciséis etnias indígenas.
De acuerdo con la Gaceta Oficial estará organizado mediante un Consejo de Gestión que fungirá como la máxima instancia de coordinación del Ejecutivo nacional, constituido por un coordinador y un representante de cada vicepresidencia sectorial-
El Consejo de Gestión, según el Decreto, funcionará de manera permanente en la AMO y la designación de sus miembros será autorizada por el presidente de la República y en otras áreas que se requieran podrían designarse vocerías.
El responsable de la administración del AMO en teoría será un coordinador, quien deberá además fiscalizar e inspeccionar las actividades mineras en sus distintas fases productivas, además de exhortar a los gobiernos locales o regionales, a los entes descentralizados dependientes de estos, y a las organizaciones del poder popular a participar en la unificación de trámites que se requieran.
Para dar cumplimiento a los principios de celeridad y cooperación dentro de la zona de desarrollo estratégico, promueve el Decreto, los Consejos de Gestión podrán abarcar una o más áreas operativas especiales asociadas a las áreas de explotación en las que se ha organizado el Arco Minero.
De la estatización al Arco
Desde el anuncio del plan, el presidente Nicolás Maduro ha defendido la idea como respetuosa del ambiente y como una idea novedosa a la que es necesaria recurrir en tiempos de recesión.
En enero, Nicolás Maduro decretó estado de emergencia por el colapso de la economía y aprobó el Decreto de Emergencia Económica que, a su término, tuvo una especie de continuación el 13 de mayo con el estado de excepción y de la emergencia económica justificado en las “circunstancias extraordinarias de orden Social, Económico, Político, Natural y Ecológicas, que afectan gravemente la Economía Nacional” expuestos en el Decreto Nº 2.323, aparecido en la Gaceta Oficial Nº 6.227.
Este último decreto da espacio, en su artículo 2, a que los contratos suscritos en el marco del AMO no pasen por la aprobación de la Asamblea Nacional, a la par del arranque del “motor minero” como apalancamiento para la economía.
“Es es una fuente magnifica y extraordinaria que tiene Venezuela y que hoy activo como fuente de riqueza, para que vaya equilibrando los ingresos, que los vaya diversificando y vaya sustituyendo al petróleo como única fuente de divisas internacionales”, dijo Maduro en referencia al AMO el pasado 24 de febrero de 2016.
Pero pese al discurso oficial, cada día son más las organizaciones y colectivos que se suman a las voces en contra. Incluso el entonces presidente Hugo Chávez tenía dudas sobre la explotación de una zona rica en minerales pero de amplia reserva.
“Mantener callado a Chávez era difícil y en un viaje él me preguntó que si era verdad que había que explotar eso (Arco Minero), o si era mejor dejar eso para otras generaciones cuando existieran tecnologías más amigables con el ambiente”, contó en entrevista con el circuito Unión Radio el exministro, Héctor Navarro.
Si bien Chávez colocó su mirada en el sur, siempre fue tímido en la ejecución de planes que contrastaran con los derechos ambientales. En su lugar planteó el Plan Guayana Socialista 2009-2019 para rescatar aquella idea de la alternativa no petrolera, que se materializó en la década de los 60, pero ahora bajo un esquema ceñido a su proyecto político personal.
Durante el boom petrolero, con los mayores ingresos de divisas, Chávez ensayó al menos unos cinco planes de gestión socialista en las empresas básicas de la región que fueron desde la cogestión hasta los “presidentes-trabajadores”.
Los resultados a corto plazo fueron una caída estrepitosa de la producción, profundización de las pérdidas ($14.089 millones en los últimos cinco años según la comisión técnica de la Asamblea Nacional) y un abultamiento de las nóminas dependientes del Estado en más de un 50 %.
Hasta hace una década las empresas básicas representaban el 40 % del Producto Interno Bruto (PIB) no petrolero en el país, y un 10 % del PIB, lo cual proyectaba a la región – junto al desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco – como el colchón de la economía.
Sin embargo, la concepción centralista y los continuos ensayos políticos en la industria del estado Bolívar, aceleraron la desinstitucionalización de la región y la instauración de un Estado paralelo en áreas que pasaron al control de la delincuencia, como las minas al sur oeste del estado Bolívar.
Poblaciones y territorialidad indígena
Ahora que los recursos escasean, son pocos los intentos del Gobierno de enmendar los fracasos del Plan Guayana Socialista y en su lugar ha insistido en que para salir de la política rentista es necesario impulsar motores, uno de ellos el minero.
En ese plan, el Ejecutivo ha vendido la idea de que los pueblos originarios no solo tendrían participación y aceptación, sino además comulgarían con la ejecución al AMO que pretende –en teoría– incorporarlos a una actividad de la cual algunas etnias ya intentan deslastrarse.
De hecho, el vicepresidente para el Desarrollo Social y Revolución de las Misiones, Jorge Arreaza, ha afirmado que las comunidades indígenas que habitan en el estado Bolívar se incorporarán a los proyectos productivos de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. “No habría patria de no ser por la resistencia de los pueblos indígenas, no habría patria de no haber sido por la lucha que ustedes, que sus ancestros dieron, y las luchas que siguen dando. Por eso nosotros no vamos a imponer un plan en sus tierras, ustedes van a incorporarse al desarrollo del Arco Minero”, indicó durante el acto de instalación de la Comisión presidencial de desarrollo ecosocialista y salvaguardia de los derechos de los pueblos indígenas en la actividad minera, en Los Pijiguaos, municipio Cedeño del estado Bolívar.
La medida, sin embargo, es violatoria de los convenios internacionales en materia de derechos humanos y de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela.
El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) ha manifestado que el Arco Minero se formaliza incumpliendo las obligaciones constitucionales de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas (artículo 129) así como consultar de manera previa, libre e informada a los pueblos originarios cuando se aprovechen recursos naturales en hábitats indígenas (artículo 120, Convenio 169 de la OIT).
Según el censo del año 2011, en el estado Bolívar habitan 54.686 indígenas y dentro del AMO, los pueblos Inga, Mapoyo, Eñepá, Kariña, Arawak y Akawako.
Provea alertó que la explotación de minerales afectaría espacios habitados por las comunidades Baniva, Piaroa, Yekuana y Jivi, quienes ya sufren amenazas a su modo de vida debido al auge de la minería ilegal, la militarización de sus territorios y la presencia de grupos irregulares armados en sus hábitats.
Ante el AMO las organizaciones indígenas se han pronunciado. Más de veinte comunidades de los pueblos Ye’kwana-Sanema y Pemón suscribieron el 24 de abril una carta de abierto rechazo en el marco de la XX Asamblea General Ordinaria de la Organización Kujuyani.
En el caso particular del Caura les preocupan los resultados de los estudios científicos que desde 2010 y 2011 reportan el incremento de contaminantes químicos y sedimentos en suspensión en el río Yuruani y en el río Caura, así como bioacumulación de mercurio en el tejido muscular de los principales peces de consumo masivo por parte de las comunidades.
El excapitán indígena, Alexis Romero, denunció que “el Gobierno está tomando decisiones a través de su gente de confianza, que no representa a los pueblos indígenas, son voceros escogidos por ellos mismos y no voceros de los indígenas, es mentira que sea el pueblo el que toma decisiones”.
Además de ignorar los requisitos establecidos por la Carta Magna para la realización de un proyecto de esa envergadura, el decreto del AMO lesiona diferentes garantías en materia de derechos humanos.
El artículo 25 del Decreto elimina “tanto los principios de universalidad y progresividad como los contenidos inherentes al derecho de libre asociación y reunión al establecer que los intereses de Estado, en maximizar la producción minera en la zona, se encontrarían por encima de los derechos de los particulares”.
Este artículo también establece nociones que pueden interpretarse como la proscripción del derecho a la manifestación pacífica y el derecho a la huelga.
Sobre esto, Provea ha indicado que prohibir y penalizar el ejercicio de los derechos a la reunión, manifestación pacífica y a la huelga, es contrario a lo previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; al convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a Libertad Sindical y a los artículos 53, 68 y 97 de la Carta Magna.
“La restricción de garantías constitucionales sólo puede hacerse de forma temporal, mediante la declaratoria de estado de excepción por parte del Presidente en Consejo de Ministros, decreto que debe ser aprobado por la Asamblea Nacional y declarado constitucional por el Tribunal Supremo de Justicia”.
Una de las voces que se ha sumado en contra es el rector de la Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca, el antropólogo Esteban Emilio Monsonyi, quien ha indicado en un foro en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en Guayana, reseñado por el Correo del Caroní, que: “Somos el primer país con un proyecto mega minero, sin ningún tipo de consulta a sus ciudadanos, mucho menos a las comunidades indígenas”. Las deudas del Gobierno, al margen de la ejecución de un plan inconsulto, recordó, también parten por la demorada demarcación de sus territorios lo que, en su opinión, significará “desplazamiento, marginación y asfixia social”.
Monsonyi hizo referencia al comunicado de los Yekwana, en donde se oponen al desarrollo del Arco Minero del Orinoco dentro de sus tierras, así como la afectación que generará a la Orinoquía que “está encerrada, ahora, en una enorme tenaza minera, el río está condenado a muerte, prácticamente”, lo cual acabaría con el principal surtidor de agua dulce.
Afectación de la biodiversidad
Una de las mayores reservas sobre la explotación del Arco Minero es su afectación ecológica. No se trata de una zona cualquiera. Los 111.843,70 kilómetros cuadrados sobre los que se pretende el aterrizaje de 149 transnacionales que, según el Gobierno, han mostrado interés en el territorio venezolano, parece a lo lejos una gran subasta en momentos de un honda crisis económica y social.
El Decreto prioriza el interés económico sobre el ambiental. La extensa área sobre la cual se pretende su desarrollo es parte de la Amazonía, es decir, “la extensión de bosque húmedo tropical más grande del planeta, con un área de 6 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente 35 % del continente sudamericano”, resume parte del último informe presentado por la Red Amazónica de Información Ambiental Georreferenciada y reseñado por el diario El Nacional.
En una entrevista el investigador Lionel Hernández, de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG)[i], calcula que entre 36 % y 57 % de las especies arbóreas del área están en peligro de desaparecer si se implementa el AMO.
El mal precedente del Ejecutivo en el cuido de otras áreas como la Cuenca del Caroní o el Parque Nacional Canaima, no son buenas credenciales para el Gobierno. Sobre todo en zonas donde la guerra por el control de los territorios por parte de grupos armados ya arrojan más de cincuenta muertos en 2016, diecisiete de ellos renombrados después de la protesta del pueblo de Tumeremo por la masacre del 4 de marzo de 2016 y la desaparición forzada denunciada por organizaciones como el Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (Cofavic).
Una de las principales detractoras dentro de las filas del chavismo ha sido su exministra del ambiente, Ana Elisa Osorio, quien ya ha manifestado que interpondrá un amparo constitucional sobre el territorio en el que se pretende la instalación de empresas transnacionales. “El Macizo Guayanés es muy importante para la reserva, no solamente de esos minerales sino del agua del país, y porque la proporción boscosa del estado Bolívar es muy importante como reserva de biodiversidad y como productora de agua. En algún momento uno tiene que priorizar qué es más importante: sacar el oro, sacar el coltán o proteger el agua que es indispensable para la vida”[ii], planteó el 9 de marzo de 2016 en una entrevista al portal Aporrea.
Los continuos manifiestos, sin embargo, han sido desoídos por el Gobierno con el argumento de que se trata de un plan de la oposición para propiciar el fracaso del proyecto socialista.
El Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV) ha resaltado la importancia de preservar la biodiversidad que abarca bosques y selvas protegidas por decretos de reserva como el caso de Imataca de 3 millones 800 mil hectáreas, o el de La Paragua y El Caura con 5 millones 134 mil hectáreas, así como monumentos naturales como el caso de Guanay.
La Cuenca del Caroní, por ejemplo, está protegida por leyes ambientales y convenios internacionales. Abarca 96 mil kilómetros cuadrados y provee de las reservas de agua dulce más importantes del país, de la que se genera el 60 % de la energía hidroeléctrica.
Sin embargo, para Maduro, todo ello no se corresponde con los estudios del Gobierno, cuyo contenido no ha sido mostrado. Especialistas de la Universidad Experimental de Guayana (UNEG), como el investigador y antropólogo, Sergio Milano, creen que el Arco Minero puede ser una “buena oportunidad” para explorar y certificar los minerales si se hace dentro de un plan ordenado[iii]. Mas “si no hay los estudios, el trabajo tiene base de inconstitucional porque tiene que cumplir los extremos de ley (…) Hay un temor porque como hasta ahora no se ha pegado una en ese sector, el temor es que ahora tampoco se pegue”, advirtió en entrevista al Correo del Caroní.
El planteamiento extractivista, sin embargo, no es nuevo. En 1997 el entonces presidente Rafael Caldera planteó retirar la figura de “reserva forestal” a la Sierra de Imataca, un pulmón vegetal de 3 millones 700 mil hectáreas ubicado al norte del estado Bolívar que se extiende hasta Delta Amacuro. El objetivo era el “ordenamiento y uso” que permitía la explotación maderera, mineral y aurífera, recuerda el coordinador de Provea, Rafael Uzcategui.
Con el ascenso de Hugo Chávez, indicó Uzcátegui, muchos de los activistas indígenas y ecologistas que se habían manifestado en contra de la apertura minera en Imataca comenzaron a trabajar para el nuevo Ejecutivo.
“La polarización política ocasionó que el trabajo electoral sustituyera a las agendas de preservación de la naturaleza. Esta parálisis permitió que el presidente Chávez continuara, tras neutralizar la resistencia, la desregulación ambiental en Imataca y aprobara concesiones para su explotación maderera y minera”.
Realizar y difundir estudios de impacto ambiental, sigue siendo, veinte años después, una deuda. Así como la promoción de las consultas previas, libres e informadas a las comunidades indígenas.
La pérdida de la soberanía
Muchos fueron los amagues del Gobierno para llegar a la Gaceta Oficial número 40.855.
La caída de la economía nacional ha propiciado la entrega de una estrategia pragmática que desdice de los planes dibujados por el entonces presidente Hugo Chávez. Desde la renacionalización del oro hasta la última decisión del Ejecutivo todo ha ido a la par de la caída de la economía.
La pérdida de la soberanía, sin embargo, ha sido progresiva al restarle capacidades a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), disminuir las condiciones de la estatal Compañía General de Minería de Venezuela, C.A. (Minerven) e ir sustituyendo sus tareas con empresas extranjeras.
En ese afán, aniquilar a Minerven parecía fundamental tratándose de la empresa estatal que –en teoría– monopolizaría la actividad minera al sur del estado Bolívar. Paralelo a la propaganda oficial, la producción de la estatal cayó a niveles inferiores al 20 por ciento de su capacidad instalada y sus instalaciones fueron desmanteladas e invadidas por mineros informales en los municipios de El Callao y Sifontes.
La desidia fue acompañada por la reducción de Minerven a una compañía dependiente de la Empresa Nacional Aurífera, S.A. (ENA), adscrita a Pdvsa Industrial, que pronto dejaron a la organización del Estado desasistida. Se trata de una compañía mixta compuesta en un 60 % por acciones de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y 40 % del Banco Central de Venezuela (BCV).
Aunque los objetivos eran el apalancamiento de la industria minera con recursos de la renta petrolera, estas estrategias hasta ahora no han redundado en cambios en la administración de la empresa.
La industria también ha sido fragmentada con la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg) que les permite a los militares administrar también el sector minero.
En un sector oficialista, la medida ha sido justificada como un asunto de soberanía. “En medio de una guerra a nivel mundial por las reservas de petróleo, siendo que Venezuela tiene las más grandes, es fundamental desarrollar mecanismos para resguardar la soberanía”, declaró el técnico oficialista Fernando Travieso a la BBC Mundo.
Hizo referencia, incluso, a la masacre en Tumeremo y a la presencia de paramilitares como justificativo para la constitución de Camimpeg en defensa de un área “conflictiva”, como ha denunciado el Ministerio de Interior y Justicia.
En ese orden, ha sido la cuantificación y certificación de reservas mineras otro eslabón en la entrega de la soberanía al firmarse –en 2012– acuerdos con la estatal china Citic Group para el desarrollo conjunto del proyecto Las Cristinas (en el municipio Sifontes). El convenio suscrito en septiembre, y entonces anunciado por el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, consistía en realizar un mapa minero de todas las reservas del país, lo que significaba una extensión de los convenios con la firma asiática que entró inicialmente a Venezuela con contratos para la construcción de viviendas.
Geólogos expertos como Nessin Benaim, quien entre la década los años 60 y 80 recorrió el país, dijo en enero de 2013 a la periodista de El Nacional, Fabiola Zerpa, que esa actividad solo debería corresponder al Estado por soberanía.
Competencia directa tendría el Instituto de Geología y Minería y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), tal como se hizo hasta la década de los años 80. La estatal dedicada a esta actividad, CVG Técnica Minera (Tecmin), fue también prácticamente desmantelada al llevar su presupuesto a cero y restarle competencias en el inventario de los recursos naturales de Guayana y prospecciones geológicas en zonas fronterizas.
La soberanía, sin embargo, también ha estado amenazada por ser esta zona controlada por grupos que actúan al margen del Estado y, según las denuncias de sus pobladores, en clara anuencia con funcionarios del Gobierno.
Aunque el artículo 12 del AMO prevé el desarrollo de un subsistema de protección para la paz, que proteja al pueblo, la infraestructura, áreas operacionales, actividades y demás aspectos del Arco Minero, solo por concepto de explotación informal del oro más del 60 % no es reportado al Banco Central de Venezuela (BCV).
El artículo 13 contempla que la Fuerza Armada Nacional junto con el Poder Popular tendrá la responsabilidad de salvaguardar, proteger y mantener la continuidad armoniosa de las operaciones y actividades de las industrias estratégicas.
Pero en ese ámbito, el Gobierno tampoco ha sido exitoso. Entre 2002 y 2016 ha ensayado al menos cinco planes para el control y ordenamiento de la actividad minera. Pasando por la Reconversión Minera, Plan Piar, Plan Caura hasta la Comisión presidencial para la protección, el desarrollo y promoción integral de la actividad mineral lícita en la región de Guayana, los resultados han sido similares: más violencia y anarquía.
Del petrolero al minero
Ese último antecedente es lo que preocupa con el acento en una política rentista, desesperada por una crisis económica que ahoga el margen de gobernabilidad de un Ejecutivo fragmentado y flanqueado por el fantasma de Chávez.
La discusión sobre el desarrollo de esta zona prístina se remonta, sin embargo, a 1938 cuando se dio exploración global y se ordenó el estudio de la Sierra de Imataca y la Gran Sabana. “El informe de la comisión exploradora arrojó una importantísima evaluación de los yacimientos de mineral de hierro y abrió una polémica en torno a su explotación y el aprovechamiento hidroeléctrico del Caroní, lamentablemente entibiada a causa del estallido de la II Guerra Mundial”, recuerda la publicación A las puertas de El Dorado, a propósito de los treinta años de la CVG.
De aquellos análisis de la década de los treinta los que más resaltan son los del escritor Enrique Bernardo Núñez, quien recordó cómo los contratos particulares habían sido traspasados al extranjero bajo los afeites del “desarrollo de nuestras riquezas” o el “progreso nacional”, y concluía que el Caroní era una reserva nacional. “La Guayana venezolana es entre las regiones del país, la más rica quizás en productos minerales y forestales, pues además de su tradicional riqueza aurífera posee el Caroní con sus afluentes, enormes depósitos de diamantes de todos tamaños. El Caroní con su amplio cauce y su ancho valle es considerado la más grande cuenca diamantífera del mundo”[i], se afirma en la publicación.
El desarrollo de la industria en Guayana, lejos de convertirse en una política extractivista, planteaba el desarrollo sustentable de las ventajas comparativas como el sector aluminio o ferrosiderúrgico.
No en vano el entonces presidente Rómulo Betancourt instaba, en la década de los 60, a contemplar la región como el próximo Detroit, la ciudad estadounidense emblema de la industrialización. Era parte de una discusión que durante la Junta Revolucionaria (1945-1948) se daba con la creación de la Corporación Venezolana de Fomento.
El objetivo era lograr un desarrollo económico basado, principalmente, en el aprovechamiento de recursos pasando por el impulso de la electricidad y, por último, de la siderúrgica. “A los venezolanos les pido que dejen de ir tanto a Jamaica o Nueva York y hagan un poco de turismo interno. Que se vayan a Guayana a sentir esa emoción profunda que yo he sentido al ver extraordinarias posibilidades de un desarrollo económico que hará de esa zona el Pittsburgh, el Ruhr o el Detroit de Venezuela”, decía Betancourt.
Para el entonces presidente “Encontrarse la energía eléctrica del Caroní, la producción de acero de la siderúrgica, las enormes extensiones de tierra colonizable y el hierro que en cantidades inconmesurables está a flor de tierra, un desarrollo integral de la agricultura y la cría [permitiría] ver sin tristeza, y acaso con íntima alegría, que deje de estar saliendo el oro negro de los taladros de Oriente y Occidente”.
Esa última frase resumía los anhelos de superar una política rentista que comenzó con la nacionalización del petróleo y nos hizo dependientes en más de un 70 por ciento de nuestra economía. Era lo que el periodista y político Arturo Uslar Pietri proponía al plantear la necesidad de invertir la riqueza producida bajo la insignia de “sembrar el petróleo”.
Ochenta años después aquel lema sigue intacto luego del desmoronamiento del proyecto chavista, únicamente sostenido por el emblema del boom petrolero. Las voces en contra, sin embargo, no han impedido que se avance en esta política.
Para mayo de 2016 el Gobierno avanza en sus intenciones de entregar el proyecto Las Cristinas, la quinta mina de oro en el mundo con más de 17 millones de onzas probadas, a la transnacional canadiense Gold Reserve.
En el municipio Sifontes, sin embargo, es poco lo que se habla del Arco Minero y el regreso de las transnacionales.
Para los más de 30 mil mineros informales que practican la actividad dentro del yacimiento es poco probable que el Gobierno ejecute una medida que obligaría el desplazamiento de una población que ha encontrado al sur de Bolívar, no solo vías de sustento, sino oportunidades para abastecerse de alimentos en tiempos de altos índices de escasez.
Bloques del AMO:
- Área 1, de 24.717 kilómetros cuadrados (km2), limitada por el río Cuchivero (coltán y diamante).
- Área 2, de 17.246 km2, limitada por los ríos Cuchivero y Aro (minerales no metálicos y oro aluvional).
- Área 3, de 29.730 km2, limitada con el río Aro (hierro y bauxita).
- Área 4, de 40.152 km2 (oro).
- Bloque Especial Icabarú, con superficie de 1.754 km2, con abundante presencia de diamante y oro.
*Periodista del Correo del Caroní.
Notas:
[i] Actividades de la Convención Mineralogística. Caracas, 1938. En pos del Dorado. Caracas. Topografía Garrido.
[i] La otra riqueza que arrasará el Arco Minero http://www.el-nacional.com/siete_dias/riqueza-arrasara-arco-minero_0_839316160.html
[ii] (VIDEO) Arco Minero: Ana Elisa Osorio propone que se revise acuerdo con Gold Reserve http://www.aporrea.org/actualidad/n287023.html
[iii] Sergio Milano: “Los mineros son víctimas porque el Estado ha sido blando para combatir las acciones ilegales” http://www.com.correodelcaroni.com/index.php/economia/item/44279-los-mineros-son-victimas-porque-el-estado-ha-sido-blando-para-combatir-las-acciones-ilegales
