La Red Jesuita con Migrantes (RJM), en el contexto de la conmemoración del día de la no-violencia contra la Mujer, y luego de nuestro encuentro ampliadoi celebrado en la ciudad de Bogotá del 18 al 20 de noviembre de 2019, queremos hacer un llamado urgente a los Estados de la región, y compartirlo con la sociedad civil de manera amplia, otras redes y organizaciones con las que nos articulamos en la causa común de la defensa de los derechos de la población migrante, desplazada y refugiada.
Como Red ordenamos nuestro trabajo en función del análisis compartido del contexto migratorio, que es complejo y nos desafía, que es masivo y que en la mayoría de los territorios muestra la dimensión de una verdadera crisis humanitaria.
A los Estados de la región, hacemos el llamado a implementar los anuncios que han realizado alrededor del llamamiento a la solidaridad hacia las personas migrantes, refugiadas y retornadas a sus países con origen en Venezuela, profundizando dicha narrativa con un enfoque garantista de derechos y con medidas concretas. Si bien reconocemos los esfuerzos que realizan, consideramos que deben contemplar la necesidad de valorar los riesgos asociados a las vulneraciones de los derechos humanos y agresiones a la dignidad humana, les invitamos a generar procesos articulados de manera regional para garantizar fronteras solidarias y seguras, superando las medidas restrictivas que van tomando fuerza a partir de medidas bilaterales que se vienen tomando y que solo refuerzan escenarios de vulneraciones que nos preocupan.
Nos preocupa el masivo flujo de ciudadanos con origen en Venezuela, así como los flujos migratorios haitianos, cubanos, colombianos y de ciudadanos extracontinentales, que tienen interés en el tránsito y destino por los países de la región. Fortalecer el enfoque y los programas de protección de los refugiados es un llamado urgente, garantizando al acceso al territorio, y los derechos fundamentales, así como mecanismos legales y administrativos garantistas de las obligaciones de los Estados frente a los instrumentos internacionales pactados en la materia. Las medidas transitorias que van tomando fuerza en la región, generan al largo plazo incertidumbre y riesgos de mayores afectaciones en el lugar de destino.
Es preciso hacer un llamado para que los Estados atiendan con políticas de protección y enfoque diferencial, especialmente nos preocupan las minorías étnicas, los niños, las niñas y las mujeres, ante las prácticas socioculturales perversas que agreden la
dignidad de unos y otros, mecanismos administrativos y judiciales que revictimizan y no permiten una adecuada y rápida protección y acceso a la justicia.
Se hace necesario facilitar una ampliación de la participación de la sociedad civil en espacios estratégicos de incidencia.
Nos resistimos a que siga tomando fuerza en la región la naturalización de discursos que instrumentalizan políticamente el dolor de los refugiados y migrantes, hacemos un llamado a la memoria del pasado de expulsión que hemos vivido todos los países y a nuestra historia de hospitalidad latinoamericana y a la corresponsabilidad política para facilitar la acogida.
Observamos con preocupación no solo las crisis que ya están asolando a la región, sino también las crisis latentes fruto de los retrocesos democráticos, creemos que son tanto una revictimización de los ya migrados forzosamente, como un caldo de cultivo para nuevas migraciones forzadas en la región.
Igualmente, nos alarma la promoción de políticas que apuntalan un sistema depredador e injusto, que atenta contra la Panamazonía y muchos otros territorios, y que igualmente y cada vez en mayor medida genera expulsión forzada de personas y comunidades. Exigimos la implementación de políticas que antepongan la sostenibilidad y la protección de nuestra casa común, amenazada y golpeada, ante la evidencia de cada vez mayor número de refugiados climáticos o por las crisis ecológicas.
Suramérica, 25 de noviembre de 2019.
