Por Editorial Revista SIC 825.
La mayoría del país la está pasando muy mal. Vivimos la hora más negra desde que en tiempos de Medina Angarita empezó el proceso de modernización. Muy pocos tienen un trabajo productivo, con lo que no solo pasan necesidad, sino que sienten que están desalquilados, como de sobra en este mundo. No existen servicios básicos: ni luz, ni agua, ni gas, ni trasporte, ni educación, ni salud, ni seguridad. La mayoría está absolutamente desprotegida, abandonada. Muchísimos pasan hambre y abundan las enfermedades de pobres desasistidas. El Estado solo se hace presente para reprimir. Muchos tienen la entereza de vivir con dignidad esta situación desesperada. Y no escasea la solidaridad. Pero no hay derecho que vivamos así.
Tramitación de la pandemia
¿Cómo se llegó a este marasmo? Lo primero que hay que decir es que en principio las medidas de confinamiento que dictó el Gobierno desde mediados de marzo eran adecuadas, porque solo previniéndola podíamos salir airosos de la pandemia, porque, si entraba al país, el sistema sanitario no cuenta con los medios mínimos para hacerle frente e iríamos al desastre.
En principio la ciudadanía comprendió el sentido de la medida y la aceptó recluyéndose en su casa. Las clases se darían de modo digital y solo funcionarían los servicios de salud, las ventas de alimentos, artículos de limpieza y otros elementos de primera necesidad como la agricultura, las granjas y los trasportes.
Pero en la mayor parte del país comenzó a escasear el agua, por eso, además del problema de aseo, de cocinar y beber, no se podía lavar las manos frecuentemente, medida elemental contra el virus. Faltó también la luz y por eso, como no hubo Internet, fue dificilísimo seguir las clases a distancia. Faltó el gas y a la gente se le hizo muy difícil cocinar. No hubo gasolina y ¿cómo traer los alimentos del productor al consumidor? ¿Y cómo atender cualquier emergencia?
Además, el Gobierno no se hizo cargo de que cerrar la economía conduciría al colapso de lo poco que se mantenía en pie de ella. Y que más de la mitad de la población que tenía un empleo precario o estaba en la informalidad, no podría subsistir. Desgraciadamente siguió con su lógica nefasta: controló a las empresas productoras y distribuidoras de alimentos para dar a su clientela. Con esto desguareció muchísimo más al resto de la población y al final tampoco está pudiendo atender a sus clientes.
Ha venido gasolina, parece que para un mes. En principio se dolarizó su precio: medio dólar, según Maduro. Pero al poner otros precios para favorecer al trasporte público y a su clientela abrió la puerta para la corrupción más desvergonzada, que es lo que está pasando.
El primero de junio empezó la primera fase de la apertura y la semana siguiente se volvió a lo anterior para comprobar si el relajamiento aumentó mucho el número de contagios.
Ahora bien, si aumenta, será muy difícil saber la causa, porque el hecho es que desde hace bastante tiempo en las zonas populares y en el centro de la ciudad la gente está circulando libremente, tanto como antes del confinamiento. Lo que hay más que lo normal son los buhoneros porque bastantes no tienen otro medio para sobrevivir. Se va con tapabocas, pero esa es la única medida que se guarda.
Entonces ¿se puede decir que vivimos en cuarentena? Sí, en cuanto muchas empresas y establecimientos siguen cerrados y bastante gente sigue en su casa. No, porque en los mercados y en las zonas populares la gente circula como antes, incluso, por ejemplo, donde yo vivo, en la noche también toma licor en la calle, hasta más que antes. Esto significa que, para más de la mitad del país, fuera de las primeras semanas, no hay cuarentena.
Este estado de cosas ¿se puede revertir? Tal como se ve que va todo, no. Si es así, no hay otra que el relajamiento progresivo. Porque parece que dentro del país el virus no está muy extendido. Por eso el Gobierno está restringiendo el retorno de los migrantes: porque sabe que no podrá atender a los infectados.
Acuerdo para la emergencia sanitaria
En estas condiciones de incertidumbre hay que dar la bienvenida al acuerdo entre el Gobierno y la oposición para conseguir recursos sanitarios que administraría la Organización Panamericana de Salud (OPS). Si el acuerdo firmado el 1 de junio entre un representante de la Asamblea Nacional y otro del Ministerio de Salud llega a operativizarse y a cumplirse, es un hito histórico en la dirección debida.
En el documento suscrito por ambas partes: “[…] solicitan el apoyo técnico y administrativo de la OPS para asegurarse la implementación, seguimiento y supervisión de la ejecución de esta colaboración y para informar regularmente a las partes con relación a las líneas prioritarias señaladas”. Así pues, no repartirían ni el Gobierno, ni la oposición, sino el personal de la Organización Panamericana de Salud. Repetimos, si esto se da, es que unos y otros se hacen a un lado porque han puesto a la gente como prioridad absoluta.
Los objetivos concretos serían, sobre todo: equipos de protección del personal de salud; mejorar la capacidad de diagnóstico; tratamiento clínico de casos confirmados.
No nos queremos meter a indagar qué motivos hayan tenido cada uno de ambos grupos. Para nosotros lo determinante es que hayan llegado a ese acuerdo en bien del país, no de la patria, ni de ninguna idea o proyecto particular, sino de los habitantes concretos de Venezuela. Eso es para felicitarlos y felicitarnos y para dar gracias a Dios.
Ahora lo único importante es que, en efecto, se implemente en los términos del acuerdo, sin que ninguna interferencia lo empañe y haga que cambie de sentido.
Si funciona, puede ampliarse el acuerdo o suscribirse otro para atender a la crisis humanitaria y específicamente en el aspecto alimentario.
Hacia un gobierno de concertación
Desde ahí lo pertinente sería pasar a un gobierno de concertación nacional, en el que unos y otros se hicieran a un lado para que se pusieran las condiciones mínimas en la creación de un Estado lo más independientemente posible del gobierno, atenido a sus compromisos institucionales, responsable ante los ciudadanos administrativa y penalmente y en base exclusivamente a la meritocracia y a la responsabilidad ciudadana; que saneara de raíz las Fuerzas Armadas y las policías y recreara la Guardia Nacional; y que pusiera las bases para una economía fundada en la empresa privada con responsabilidad social y empresas básicas propiedad del Estado, con la menor injerencia del gobierno y muy expresamente reglamentada.
Una vez puestas a funcionar estas condiciones mínimas, podría haber elecciones. Pero antes tendría que darse este gobierno de concentración nacional en el que estuvieran representados todos los sectores y que se ocupara exclusivamente de las tareas dichas. Aunque hubiera “chavistas y antichavistas”, no tendría que ser un gobierno de partidos en el que se repartieran cuotas de influencia, sino un gobierno de expertos con conciencia de su responsabilidad con el país. Una vez enderezado el Estado, las fuerzas del orden y la economía, podría regresar la política de partidos y las elecciones. Pero no antes. Ni un partido solo, ni una coalición de partidos puede componer este entuerto. Es imprescindible un gobierno de concertación nacional. Este acuerdo histórico para tramitar la pandemia puede ser el primer paso. Es lo que pedimos a Papadios de todo corazón.
Fuente: Revista SIC 825 | Junio 2020
