cpalsocial.- Después de que en 2006 Raúl Castro reemplazara a su hermano e iniciara su política de reformas, al menos una cosa es clara: la transición ordenada cubana produce ganadores y perdedores. La vieja narrativa del pacto revolucionario entre el Estado y el pueblo, que suponía el intercambio de la lealtad política por la independencia nacional, la protección social y la erradicación de la pobreza, se ha agotado. La generación joven está alienada de la política. La etnicidad ha vuelto a marcar líneas de desigualdades. ¿Quiénes se benefician con las reformas? ¿Hay una propuesta del gobierno para establecer un nuevo pacto social con la población? La clave del éxito se encuentra exclusivamente en Cuba. No obstante, los cambios en las relaciones con Estados Unidos abren nuevos escenarios. Por Katrin Hansing / Uwe Optenhögel. Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad 255, Enero – Febrero 2015, ISSN: 0251-3552.
Contrariamente a lo que muchos esperaban, el socialismo tropical no se derrumbó tras la caída de la Unión Soviética. Y el bloqueo estadounidense de 50 años tampoco ha logrado poner a Cuba de rodillas, lo que explica el cambio de política de Washington y los anuncios de1 17 de diciembre sobre la normalización de las relaciones bilaterales. No cabe duda de que la isla viene de atravesar tiempos difíciles, pero ha logrado conservar la soberanía nacional y sigue teniendo la chance de dirigir su propio proceso de transición. En la actualidad, ese es el mayor imperativo político en La Habana.
En la Cuba de hoy, es posible crear una pequeña empresa con empleados o arrendar tierras a largo plazo para la producción agrícola, y los individuos están autorizados a comprar o vender vehículos y también inmuebles. Los productores pueden vender al Estado o al sector del turismo de manera directa (es decir, sin que intervenga el organismo estatal de comercialización, que hasta ahora ejercía un monopolio). Durante mucho tiempo, todo esto era impensable.
Sin embargo, la liberalización impulsada por los exponentes del pragmatismo pertenecientes al entorno del presidente Raúl Castro genera profundas contradicciones sociales. Por ejemplo, desde hace aproximadamente dos años el gobierno otorga a sus ciudadanos el permiso para viajar, pero solo unas pocas personas tienen el dinero necesario para obtener el pasaporte y comprar un pasaje al extranjero.
Tras la liberalización del mercado de automóviles, cualquier individuo puede adquirir un vehículo nuevo importado. No obstante, de acuerdo con datos de la prensa cubana, un Peugeot de gama media cuesta entre 100.000 y un cuarto de millón de dólares estadounidenses. Dado que el salario promedio de un trabajador ronda los 20 dólares por mes, resulta difícil imaginar quiénes pueden ser los compradores. El tan alabado sistema cubano de educación –eje central de los logros del socialismo– también se abre a los agentes privados: con servicio propio de recolección y diferentes menúes para los niños, hoy florecen en La Habana los jardines de infantes privados. Su costo mensual es cercano a los 100 dólares y equivale así a cinco sueldos promedio en Cuba.
La lista de estas contradicciones podría ampliarse a voluntad. El problema cada vez mayor es que la dirigencia comunista cubana sigue aferrándose a sus ”viejas” prácticas y finge que apunta a una mera ”actualización” del modelo socialista. Se promete que ”nadie quedará abandonado a su suerte” y que el proceso de modernización continuará ”sin prisa, pero sin pausa”. Mientras los medios occidentales alaban las reformas económicas y señalan que eran necesarias desde hacía tiempo, las medidas introducidas han generado desequilibrios sociales considerables. Bajo la superficie de la estabilidad política, la otrora igualitaria sociedad cubana ha cambiado radicalmente en los últimos 25 años. Sin embargo, el discurso oficial ignora ampliamente estas consecuencias de las reformas.
En busca de un modelo de desarrollo sostenible
La diferenciación social no se inició con las reformas de Raúl Castro, sino bajo la conducción de su hermano Fidel ya a comienzos de los años 90, cuando de la noche a la mañana, una vez desaparecidas las subvenciones soviéticas, Cuba debió afrontar la situación por sí sola. Desde entonces quedaron en evidencia las flaquezas de la economía centralmente planificada. No obstante, Fidel pospuso una y otra vez las reformas estructurales necesarias e incluso, desde finales de los años 90 –con las nuevas subvenciones provenientes de la Venezuela de Hugo Chávez– revirtió en parte los cambios realizados.
Mientras Fidel atribuía la crisis iniciada en esa década a la disolución del bloque socialista y, por ende, a factores externos, la prolongada agonía de la economía cubana es vista hoy por Raúl como una consecuencia de la ineficiencia del propio modelo. Nadie expresa esto de manera más drástica que el mismo presidente; por ejemplo, cuando en diciembre de 2010 advirtió ante la Asamblea Nacional cubana: ”O rectificamos o nos hundimos”. Se admiten errores propios y se busca subsanarlos.
En el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), celebrado en abril de 2011, la dirigencia obtuvo la legitimación política para reestructurar la economía. Tras un largo debate público en las líneas internas del Partido, en las empresas y entre la población, se elaboraron los ”Lineamientos de la política económica y social”. Este documento representa una suerte de ”hoja de ruta” en la búsqueda de un modelo de desarrollo más sostenible.
El debate se centra en un nuevo equilibrio entre el Estado, las cooperativas y el sector privado. Cuba se encamina hacia una economía mixta. En este marco, no quedan dudas de que las reformas van dirigidas a salvar el socialismo, no a debilitarlo ni suprimirlo. Los cambios están vinculados a una privatización, por un lado, en el sector artesanal y las pequeñas empresas y, por el otro, en la producción y comercialización de alimentos (en tierras entregadas en usufructo a largo plazo por el Estado). Paralelamente, el debate propone descentralizar las decisiones y los componentes presupuestarios hacia las provincias y los municipios. De acuerdo con estos lineamientos, las grandes empresas estatales obtendrían una mayor autonomía en todos los aspectos de la gestión.
La distribución de las tierras ya está en marcha desde hace algunos años. El proceso se ve acompañado por el fortalecimiento del sector cooperativo y la reducción de las amplias subvenciones sociales (libreta de abastecimiento, comedores en empresas estatales, etc.). La mayor parte de la estructura seguirá organizada en el futuro como una economía planificada: los principales medios de producción permanecerán en manos del Estado. El eje central de las reformas consiste en abandonar las concepciones paternalistas. El plan del programa es el siguiente: la ”liberación” de fuerza de trabajo en el sector estatal disminuirá los costos salariales; la bajísima productividad de las empresas estatales aumentará; el nuevo sector privado y las cooperativas absorberán la fuerza de trabajo y mejorarán la oferta de bienes y servicios; mediante el pago de impuestos, los nuevos trabajadores autónomos ayudarán a mejorar las finanzas del Estado; las medidas llevarán a incrementar rápidamente la producción agrícola para sustituir con igual velocidad las importaciones en ese rubro (la proporción de importación de Cuba ronda el 80%) y dar así al Estado un cierto margen financiero.
La ”hoja de ruta” aprobada en el Congreso del PCC comenzó a aplicarse en el mercado laboral, caracterizado por un subempleo generalizado y la baja productividad del trabajo. Para abril de 2011 debían quedar ”liberados” 500.000 empleados del Estado, y la cifra prevista hasta 2015 asciende a 1,3 millones. Si se tiene en cuenta que hay una población activa de 4,9 millones, puede decirse que los objetivos son muy ambiciosos. Los propios expertos cubanos no tienen claro cuál será el destino de este ejército de personas en busca de empleo. La lista de actividades orientadas a los cuentapropistas remite más al siglo XIX que al XXI. Lentamente, se irá ampliando para incluir las profesiones modernas. La redistribución de la fuerza de trabajo sigue su curso, aunque con un ritmo mucho más lento al previsto. Hasta ahora no se dispone de datos confiables al respecto. Según la información proporcionada por los sindicatos, en 2011 unos 800.000 empleados se vieron afectados por los procesos de reestructuración.
La reforma del sector artesanal, pequeñas empresas y servicios transcurre de manera relativamente exitosa. Según datos oficiales, la cantidad de cuentapropistas aumentó de unas 145.000 personas en 2008 a aproximadamente 470.000 en julio de 2014. Pero esta tendencia mostró una clara desaceleración. Hoy parece haberse alcanzado un punto de saturación o depuración del mercado. Esto torna poco realista la expectativa del gobierno, cuyo objetivo era que hacia 2015 el sector sumara alrededor de 35% del empleo y una porción similar en lo que respecta al valor agregado del país.
Lo que obstaculiza el éxito de la reforma sectorial es la implementación de los pasos complementarios, que resultan indispensables para permitir el funcionamiento de las nuevas pequeñas empresas y microempresas. Esto incluye la creación de líneas de crédito, la normativa sobre impuestos y cargas sociales, las disposiciones en materia de importación/exportación, la implantación de mercados mayoristas, la capacitación para la puesta en marcha de empresas, la reforma estructural del sistema bancario, etc. Este proceso ha demostrado ser extremadamente complicado y muchos de los nuevos emprendedores se quejan por la presencia de controles previos a la liberalización.
Más allá del rotundo éxito alcanzado por las reformas en este sector, los efectos sobre el mercado interno y el mercado laboral todavía son bastante limitados. Si se logra una real mejora en la situación de abastecimiento y se crea un espacio duradero para la iniciativa y la responsabilidad privadas, Cuba dará un gran paso adelante. Sin embargo, aun cuando el objetivo sea una economía mixta, sujeta solo parcialmente a los mecanismos del mercado, sigue habiendo una larga lista de reformas estructurales dentro de la agenda. Es necesario, entre otras cosas, crear una nueva política en relación con el comercio exterior y la inversión extranjera directa; diseñar una política innovadora en el ámbito empresarial y macroeconómico; adaptar la legislación laboral a una economía mixta, en la que vuelve a haber trabajo asalariado capitalista; reestructurar los sindicatos estatales, que no representan los intereses de los trabajadores empleados en el sector privado; crear un sistema impositivo eficiente; unificar las dos monedas y, finalmente, adoptar una estrategia general de crecimiento, que otorgue un cierto margen de maniobra financiera al Estado.
Algunas de estas tareas ya se han abordado. Hay una nueva Ley de Cooperativas, que amplía y liberaliza la capacidad de acción de esta modalidad empresarial. Ahora es posible formar cooperativas en la industria y en el sector de servicios; antes su existencia estaba restringida al ámbito de la agricultura.
Desde junio de 2014 hay un nuevo Código de Trabajo que sienta la base jurídica tan necesaria para legalizar las relaciones laborales en el incipiente sector privado. Las principales novedades son que, en el futuro, los contratos de trabajo podrán ser concertados directamente por el trabajador y el empleador y que el Estado establecerá de manera oficial el salario mínimo y los derechos básicos garantizados. Más allá de esto, se trata de un documento sumamente contradictorio, que intenta hacer frente a la fragmentación de las relaciones de trabajo. Queda por ver cómo procederán en Cuba los interlocutores sociales en caso de un conflicto laboral.
