Jano, el Dios romano de los comienzos y los finales, con su doble rostro que mira hacia el pasado y hacia el futuro, nos recuerda que existen fechas que delimitan la historia de los países. Momentos que pasan de recuerdo en recuerdo hasta consolidarse como un día inolvidable. Tal es el caso del 17 de diciembre de 1935 para Venezuela. Eran las 11:45 p. m., para ser exactos.
Durante veintisiete años, venezolanos y distintos actores políticos depositaron sus esperanzas en la muerte del dictador como única fuerza capaz de poner fin al prolongado gobierno de Juan Vicente Gómez. Ese umbral se abrió ese 17 de diciembre. Había muerto El Benemérito. “¡Cuántas incógnitas terribles plantea esta sucesión!”, le escribe Caracciolo Parra Pérez a Diógenes Escalante desde Roma. Ambos consternados.
Aquel día se abrió un umbral histórico que exigía algo más que un simple relevo de poder: se necesitaba la voluntad de un régimen en decadencia para abrirse a los sectores que, aprovechando su fragilidad, reclamaban nuevas reglas del juego. El protagonista de esa transición no podía surgir de la oposición dispersa, sino del propio gomecismo en aparente agonía. Y, para sobrevivir al golpe de timón, hacía falta una carta maestra.
La conducción de este proceso recayó en Eleazar López Contreras, el ronquito, quien hasta entonces se desempeñaba como Ministro de Guerra y Marina y había sido uno de los hombres de confianza del régimen. Su designación como presidente interino colocó en sus manos la tarea de administrar el legado de Gómez y, al mismo tiempo, responder a las crecientes exigencias de transformación política y social que emergían en el país.
López enfrentaba múltiples retos. El más decisivo consistía en convertirse en el hombre de la transición; el puente entre el viejo régimen y las nuevas demandas que emergían con fuerza en la Venezuela de 1936. Esa necesidad lo colocaba en el centro de un momento histórico que le exigía —junto a los gomecistas— sobrevivir a la presión de la coyuntura. Supo escuchar cuando era necesario hacerlo. Cedió ante las demandas más tensas en el momento que era pertinente. Resistió protestas y saqueos que iniciaron a pocas horas de anunciarse la muerte del dictador, episodios que habrían puesto en jaque la paciencia de cualquier otro gobernante.
Eran tiempos de mucha incertidumbre. Frente al caos, las garantías constitucionales fueron suspendidas. La voluntad de imponer orden y paz se mezclaba con la necesidad de abrir un proceso democrático con pleno ejercicio de libertades. En Caracas, la situación se complejizó con la figura del gobernador Félix Galavís, quien el 12 de febrero anunció la creación de una Junta de Censura e impuso multas a quienes desobedecieran las normativas establecidas[1]. Los diarios quedaron bajo estricta observación, y la prensa se convirtió en un espacio de disputa entre el control estatal y las aspiraciones de apertura.
Todo este cuadro llegó a un punto de clímax el 14 de febrero de 1936. Según reportes de la prensa[2], más de treinta mil personas se concentraron en la Plaza Bolívar de Caracas para protestar. Hubo disparos y muertos. La multitud no retrocedió. La gente salió en vez de ocultarse, inaugurando una de las manifestaciones masivas más importantes del inicio del siglo XX. El rector de la Universidad Central de Venezuela y el movimiento estudiantil lideraron la protesta. Llegaron a Miraflores. Le exigieron apertura a López. El jefe de Estado respondió con una carta magistral: el llamado al consenso nacional.
La carta maestra
López se la jugó. Dio instrucciones para redactar el Programa de Febrero de 1936. Constituyó un documento de transición política con amplitud pragmática e ideológica. Conciliarán categorías liberales, marxistas, positivas y una crítica estructural. Más allá de responder a la crisis inmediata tras la desaparición del líder del régimen gomecista, condensó tradiciones intelectuales y delineó un modelo de modernización estatal en Venezuela. Su importancia radica en el contexto de apertura política que se suscribió. Comprendió su tiempo histórico. Dialogó con los actores e intereses necesarios para blindar de legitimidad y legalidad al gobierno de Eleazar López Contreras. Articuló influencias internas —liberalismo, positivismo, marxismo y crítica social— con corrientes internacionales como el New Deal y el keynesianismo. Fue amplio. Convocó a intelectuales y la oposición.
Los liderazgos encargados de redactar el Programa de Febrero fueron convocados por López Contreras para integrar el nuevo gobierno. Se trataba de cuadros preparados para la transición política y administrativa. Algunos estaban en el exilio haciendo oposición. Otros, en funciones diplomáticas. Todos, acudieron al llamado. Entendiendo el momento que vivían.
Destacan Mariano Picón Salas, Alberto Adriani, Diógenes Escalante, Caracciolo Parra Pérez, Rómulo Gallegos, Manuel Egaña, a los que se suman Amenodoro Rangel Lamus y Néstor Luis Pérez. Cada uno aportó desde su campo: Adriani desde la economía y la Hacienda Pública; Escalante desde la diplomacia y la teoría política; Picón Salas desde la crítica cultural e histórica; Parra Pérez desde la historiografía y el derecho internacional; Gallegos desde la izquierda democrática; Egaña desde la técnica jurídica y administrativa; Rangel Lamus desde la reflexión política y social; y Néstor Luis Pérez desde la gestión pública y el pensamiento institucional. Estas ideas, entran en diálogo con el positivismo venezolano, especialmente en la obra de Laureano Vallenilla Lanz, legitimó el orden autoritario bajo la consigna de “gobierno fuerte” y “orden y progreso” que, a su ritmo, introdujo una racionalidad administrativa que permitió la consolidación de instituciones modernas.
El Programa de Febrero inauguró un nuevo marco institucional que permitió la transición hacia un Estado moderno, capaz de gestionar la renta petrolera y de construir consensos que garantizaran la gobernabilidad. La redefinición del perímetro de legalidad, la reorganización administrativa, la creación de organismos técnicos y la institucionalización de la política fiscal y monetaria —especialmente a través del Banco Central— consolidaron una arquitectura jurídica e institucional que convirtió al Estado venezolano en el principal agente de acumulación. Este viraje estructural constituye el punto de partida del capitalismo rentístico.
Fue estructurado en ocho secciones. Reflejó la amplitud de la agenda reformista: Régimen de legalidad; Higiene pública y asistencia social; Vías de comunicación; Educación nacional; Agricultura y cría; Política fiscal y política comercial; Inmigración y colonización; y una sección de Puntos complementarios que abarcó el papel de las Fuerzas Armadas, la política exterior y las obras públicas.
La transición había comenzado.
*Jesús Lara
Historiador.
Politólogo.
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[1] La Esfera, 10 de febrero de 1936, p.3.
[2] El Universal, 15 de febrero de 1936, p. 1.
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