Este 10 de junio de 2020, se ha reanudado el juicio por la masacre de los padres jesuitas y de dos mujeres, perpetrada el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador. Pasadas las 10:00 a.m. dio comienzo la segunda sesión del juicio, en la que estaba programada la declaración del único acusado, el excoronel y antiguo viceministro de Seguridad Pública, Inocente Orlando Montano.
Antes de la declaración, la defensa del Sr. Montano planteó varias cuestiones previas relativas a la nacionalidad de las víctimas, la prescripción de los hechos criminales para con su representado y la nulidad de las actuaciones por ausencia de imparcialidad del juez instructor de la causa, el magistrado Eloy Velasco; además de reiterar su oposición a la inadmisión de las pruebas testificales que habían sido propuestas por él anteriormente.
Tras haber oído al resto de partes, que recalcaron que no era el momento procesal oportuno para reiterar estas cuestiones y que ya habían sido resueltas previamente de forma negativa, la Sala de la Audiencia Nacional acordó desestimarlas y proceder a la declaración que estaba fijada para la sesión.
El presidente, D. José Antonio Mora Alarcón, se dirigió al acusado, D. Inocente Orlando Montano para informarle de sus derechos y preguntarle si tenía intención de contestar a las preguntas de todas, alguna o ninguna de las partes personadas en el procedimiento. El acusado, evitando mirar a la bancada de la acusación, indicó que sólo aceptaba contestar las preguntas de su letrado, a lo que la representación de las acusaciones popular y particular reaccionó formulando una solicitud para poder consignar de viva voz las preguntas que planeaba realizar al acusado. La Sala, tras la oposición de la defensa a dicha solicitud, resolvió denegatoriamente, sobre la base de que las reacciones del acusado a las preguntas podían afectar el derecho del acusado a no declarar.
El testimonio del Sr. Montano comenzó con una batería de cuestiones relativas al tipo de gobierno existente en El Salvador en el momento de los hechos y a su cargo en el seno del mismo; así como a sus funciones como Viceministro de Seguridad Pública. El Sr. Montano centró su declaración en reiterar que sus competencias se hallaban circunscritas a “tareas administrativas de asesoría de la seguridad pública”, ligando su control exclusivamente a los “cuerpos de seguridad policiales” y marcando distancias con respecto a las fuerzas militares, a pesar de haber reconocido que formaba parte del Alto Mando y de la Tandona. A la segunda, la definió como la promoción de la Escuela Militar del año 1966, cuyos integrantes terminaron ocupando “por casualidad” los principales puestos de poder de las Fuerzas Armadas de El Salvador, sin hacer ninguna referencia a los intereses y objetivos específicos de esta agrupación de 46 miembros con respecto a la situación política de El Salvador en 1989. Además, también reconoció por primera vez, la existencia de “los Maneques”, el conocido escuadrón de la muerte activo en los años 80 y 90; refiriéndose a ellos como “un grupo de civiles de extrema derecha que manejaba el capital en El Salvador”.
En lo que respecta a las víctimas, el excoronel Inocente Orlando Montano, afirmó que “no tenía nada contra el licenciado Ellacuría”; para, a continuación señalar a los padres jesuitas y a la Universidad Centro Americana como los orquestadores del golpe de Estado de 1979 contra el general Francisco Romero, manifestando que estos habían adoctrinado a jóvenes estudiantes universitarios y que les habían convencido para que se alzaran contra el gobierno militar. Asimismo, en una afirmación que produjo estupor en la Sala, el Sr. Montano responsabilizó directamente al padre jesuita Jon Sobrino de entrenar a menores para la guerrilla del FMLN, declarando que disponían de vídeos y fotografías en los que el padre aparecía “enseñando a niños de 10 años a utilizar el AK-47 [el mismo modelo que el del arma homicida empleada contra los jesuitas]”.
Con respecto a su supuesta participación en los hechos delictivos que culminaron en el asesinato de los padres jesuitas, su empleada doméstica y la hija de esta, D. Inocente Orlando Montano negó cualquier contribución a los mismos. El acusado mantuvo que los autores del homicidio habían sido efectivos militares, vinculados al batallón Atlacatl, y bajo las órdenes directas del coronel Emilio Ponce, entonces jefe del Estado Mayor, al que atribuyó la íntegra responsabilidad de los crímenes. Para justificar la incursión de los soldados del batallón Atlacatl en la residencia de los padres jesuitas dos días después de haberla registrado, el excoronel Montano se limitó a señalar que “había un grupo del FMLN en la UCA” y se mandó a efectivos militares para matarlos. En lo que respecta a su conducta el día de los hechos, reconoció que él sólo tomó parte en una reunión con el entonces presidente Alfredo Cristiani, en la que los miembros del Alto Mando y los comandantes de las fuerzas de seguridad de San Salvador, le informaron sobre la gravedad de la ofensiva de la guerrilla y analizaron los pasos a seguir para contrarrestarla, señalando la inconveniencia de usar fuerza indiscriminada sobre la población civil, pues podría acarrear rechazo nacional e internacional implicando la necesidad de discutir otras medidas. Al ser interrogado sobre el resto de reuniones que se sucedieron el día 15 de noviembre en la sede del Estado Mayor Conjunto, justificó su ausencia aduciendo que ese día “[s]e encontraba enfermo”.
En la parte final de su intervención, el acusado manifestó que en ningún momento encubrió los hechos delictivos cometidos por las Fuerzas Armadas y que colaboró con su esclarecimiento, aunque admitió que no se le tomó declaración por ninguna de las comisiones que investigaron los hechos.
La tercera sesión del juicio se reanudará este jueves, 11 de junio, a las 10:00 a.m. (GMT+2), procediéndose a oír las declaraciones y practicar los interrogatorios de los testigos propuestos por cada una de las partes. En esta última sesión del mes de junio declararán los miembros de las delegaciones que el Congreso de los Diputados de España envió a El Salvador en noviembre de 1990 y septiembre de 1991 para supervisar el procedimiento penal que se estaba llevando a cabo en El Salvador así como para informar sobre el esclarecimiento de los hechos relativos al asesinato de los jesuitas. Los integrantes de estas delegaciones, que declararán mañana, son: José Luis Navarro Pinar, Enrique Arnaldo Cubillo, Manuel García Fonseca, Joseba Mirena Zubia Achaerandío, Pere Balta i Llopart y, el doctor en derecho penal, José María Tamarit Samalla. Además, se reproducirán las declaraciones de los testigos fallecidos, D. Francisco Cádiz Deleito y D. Fernando Álvarez de Miranda, ambos embajadores de España en El Salvador, en el momento de comisión de los hechos y durante el posterior procedimiento penal.
Por último, el tribunal ha anunciado que, debido a cuestiones de agenda, la declaración del testigo Yussy René Mendoza Vallecillos se traslada al 8 de julio de 2020.
