Alfredo Infante sj
Director Regional de SJR-LAC
Es evidente que existen en la región dos proyectos confrontados que obedecen a intereses económicos, políticos e ideológicos extremos. Los recientes acontecimientos entre Ecuador y Colombia han sido la punta del Isberg. Los análisis al respecto, especialmente en nuestro país, se han mantenido en una lógica polarizada de “buenos” y “malos” que no ayuda para nada a dilucidar el problema y diseñar una política acertada para su resolución. Lo que no se puede poner en duda es que lo que está de fondo es la regionalización del conflicto armado colombiano. Los siguientes comunicados del Servicio Jesuita a Refugiados para América Latina y el caribe (SJR-LAC), el primero en el marco de la crisis suscitada por la intervención militar unilateral del gobierno colombiano a territorio ecuatoriano, el segundo en el marco de la distensión, una vez conocidos los resultados de la reunión del Grupo de Río, dan cuenta, desde las victimas, de lo que realmente esta en juego e invisibilizado en nuestra región. Lo importante de estos posicionamientos es, en primer lugar, que están hechos desde la perspectiva de las victimas y no desde la polarización ideológica y económica en que se encuentra nuestra región, en segundo lugar, que han sido hechos de manera participativa con los aportes de cada uno de los SJR de la región.
El SJR para América Latina y el Caribe ante la crisis que vivimos en la Región Andino-amazónica
Con la aplicación del “Plan Colombia”, “Plan Patriota” y “Plan Consolidación” por parte del estado colombiano, el conflicto armado ha traspasado las fronteras convirtiéndose en un conflicto de carácter regional que afecta a países vecinos como Brasil, Ecuador, Panamá y Venezuela. Durante la última década 1997-2007, las cifras de esta crisis humanitaria se han tornado dramáticas: más de tres millones de desplazados internos y alrededor de seiscientos mil personas en situación de refugio en países vecinos. Cerca de diez mil niños reclutados por los grupos irregulares para participar directamente en la guerra, sin contar la estrategia de utilización de niños para labores de inteligencia tanto por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito Popular (FARC-EP), Ejercito de Liberación Nacional (ELN), como por batallones de la fuerza pública. Alrededor de veinte mil personas secuestradas, de las que se estima que tres mil ciento sesenta y siete continúan en cautiverio; setecientas de las cuales son atribuidas a las FARC-EP.
Se han identificado novecientas treinta y cinco ejecuciones extrajudiciales y doscientas treinta y cinco desapariciones forzadas. Unas cinco mil seiscientas personas fueron victimas de minas antipersonales, de las cuales quinientas sesenta y siete fueron niños y niñas. Estos datos están fundamentados en informes de diversas instituciones internacionales tales como, la Comisión de DD.HH de la ONU, Amnistía Internacional y HRW, todos los actores de este conflicto armado, FARC-EP, AUC y Estado colombiano están implicados en graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario internacional.
En los países vecinos a Colombia, las poblaciones fronterizas campesinas viven constantemente amenazadas por la presencia de los actores armados irregulares del conflicto colombiano (guerrillas FARC-EP y paramilitarismo AUC), agregando ahora la incursión unilateral del ejercito colombiano a Ecuador, que ha provocado como respuesta la militarización de las fronteras por parte de los países vecinos. A partir del sábado primero de marzo la situación de la región está siendo discutida en el escenario internacional, a raíz de que el ejército colombiano ingresó a territorio ecuatoriano en una operación militar que dio como saldo el asesinato de 24 personas de los cuales hasta la fecha dieciséis son guerrilleros reconocidos por las FARC-EP, entre ellos el “Comandante Raúl Reyes”, segundo al mando de esta organización irregular. También resultaron muertos un docente mexicano que se encontraba realizando una investigación sobre las FARC-EP; y siete personas de las que nadie ha podido identificar si son parte de la guerrilla, soldados del ejercito regular o población civil; además de tres mujeres heridas que han sido atendidas en la ciudad de Quito.
Este hecho ha trastocado profundamente las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia, al punto de que ambos países han retirado sus respectivos cuerpos diplomáticos, y Ecuador ha militarizado sus fronteras. Ante la crisis, el Consejo Permanente de la OEA, se reunió el pasado martes cuatro de marzo, en asamblea extraordinaria, para definir una agenda para la resolución diplomática del conflicto entre Colombia y Ecuador.
Por su parte, el Gobierno de Venezuela quien venía negociando con las FARC-EP el acuerdo humanitario para la liberación de los secuestrados que están bajo el poder de esta organización irregular, retiró su cuerpo diplomático de Bogotá y expulsó al embajador colombiano con sus respectivos oficiales, al tiempo que anunció la movilización de tropas hacia la frontera con Colombia.
El miércoles cinco de marzo, el presidente Álvaro Uribe anunció que demandaría al presidente de Venezuela ante la Corte Penal Internacional bajo la acusación de financiación y patrocinio de genocida. Por su parte, en rueda de prensa en la noche del mismo miércoles, el presidente de Venezuela señaló al Gobierno de Colombia de “Paramilitar” y “lacayo del imperio”. En respuesta a este conflicto trinacional, las manifestaciones de la sociedad civil han sido a favor de la paz y de una salida negociada, repudiando toda clase de violencia.
En resumen, estamos en un momento de crisis regional expresada en las rupturas de relaciones entre Ecuador –Colombia y Colombia-Venezuela, crisis que tiene como génesis la extensión del conflicto armado colombiano a los países vecinos. Más allá de una crisis diplomática, estamos ante una crisis humanitaria. La ruptura diplomática ha sido provocada por la no resolución del conflicto armado colombiano y la ausencia de un acuerdo concertado entre países vecinos, conflicto que en los últimos diez años ha traído como resultado mas de tres millones de desplazados internos y aproximadamente seiscientos mil personas en situación de refugio en países vecinos. Personas cuyas voces no están siendo consideradas en las distintas negociaciones de paz y resolución del conflicto armado.
Nuestra Posición:
Frente a esto, Servicio Jesuita a Refugiados, como organización que “Acompaña, Sirve y Defiende” a personas en situación de refugio y desplazamiento en la región declara que:
- Estamos convencidos de que para construir la paz en Colombia y en nuestra región andino-amazónica cualquier negociación tiene que poner en el centro la palabra de las victimas de este conflicto fratricida, quienes exigen verdad, justicia y reparación.
- Consideramos que hasta ahora las negociaciones de paz en Colombia han fracasado (guerrilla-estado), y cuando se han llevado a término (estado-paramilitares) han tenido como saldo la impunidad de crímenes de lesa humanidad. Estos han sido diálogos y negociaciones entre actores de poder y el poder tiende a pensarse a sí mismo llegando a la intransigencia y a excluir de su agenda los derechos de las victimas. Por ejemplo, en las negociaciones del Estado con el Paramilitarismo, amparadas por la ley de Justicia y Paz, el derecho de las victimas a la verdad, justicia y reparación ha sido excluido. Estamos convencidos que la palabra de las victimas ha de ser uno de los vehículos indispensables para que haya paz con justicia.
- Nos duele que en medio de esta crisis diplomática se esté eclipsado de manera intencional las voces de las victimas del conflicto armado, quienes representados por los secuestrados liberados y sus familiares habían puesto en la opinión pública internacional lo inhumano del secuestro, la necesidad de un acuerdo humanitario y el imperativo de una salida negociada al conflicto armado colombiano.
- Repudiamos todos los actos de violación a los DD.HH, y al derecho humanitario internacional (secuestro, masacres, reclutamiento de niños, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, siembra de minas antipersonales) por parte de los actores involucrados en el conflicto armado colombiano.
- Vemos con preocupación la regionalización del conflicto colombiano expresada en la presencia y actuación en las zonas fronterizas de los países vecinos a Colombia de los diferentes actores del conflicto colombiano: paramilitarismo, guerrillas, y la reciente incursión militar de fuerzas regulares del estado colombiano a Ecuador, la cual ha generado una crisis entre vecinos asentando un grave precedente de violación al derecho internacional en la región. La dificultad de los Estados vecinos de concertar acuerdos con miras a la resolución negociada del conflicto armado colombiano regionalizado, nos parece una limitación muy preocupante.
- Alertamos que la militarización de la frontera afectará especialmente a todas aquellas personas que huyen hacia los países vecinos en busca de un refugio seguro para salvar su vida. La militarización de las franjas fronterizas atemorizará a las personas que huyen del conflicto armado, limitará su acceso al derecho a Refugio y creará un caldo de cultivo propenso a la violación de los derechos humanos de las poblaciones locales.
- Nos preocupa también que a raíz de estos señalamientos que mutuamente se están haciendo los gobiernos de los estados implicados “Estado-Paramilitar” o “Estado aliado a los subversivos” se llegue a restringir el acceso al derecho a refugio dependiendo quien es el actor de persecución y expulsión, cuando sabemos que todos los actores del conflicto colombianos son agentes de persecución de la población civil.
- Exhortamos a los ciudadanos de Venezuela, Colombia, Ecuador, para que esta crisis no genere sentimientos de rechazo de pueblo contra pueblo, sino que vivamos este momento como un gran desafío para la construcción de la integración y convivencia fraterna entre los pueblos.
- Valoramos la posición de la OEA y vemos como fortaleza la diligencia con la que se ha movido para establecer una agenda entre las partes implicadas orientada a la resolución del Conflicto diplomático. De igual manera, valoramos la respuesta solidaria que cada uno de los Estados de la región han dado con miras a aportar para resolver el conflicto trinacional que vivimos. Sin embargo, recordamos a la OEA, que si bien es necesaria y urgente restablecer las relaciones diplomáticas entre los países implicados, es necesario asumir un papel más activo en la resolución del conflicto armado colombiano, que desangra al pueblo colombiano desde hace 60 años y que hoy se ha regionalizado.
- Pedimos a las organizaciones sociales de Europa que incidan en sus respectivos gobiernos para que apoyen activamente desde la perspectiva de las víctimas la resolución negociada del conflicto armado colombiano.
- Solicitamos a las organizaciones sociales y de derechos humanos norteamericanas para que incidan en el Congreso Norteamericano, para que el Estado Norteaméricano revise, desde la perspectiva de las victimas, su política hacia Colombia.
- Animamos a las Conferencias Episcopales de los países implicados para que desde la FE en Jesús de Nazareth, el Príncipe de la Paz, acuerden estrategias pastorales y de mediación ante sus respectivos gobiernos que faciliten una salida negociada a la crisis. De igual manera, que esta crisis fortalezca las iniciativas de las pastorales binacionales que se vienen desarrollando entre las diócesis fronterizas a favor de la paz y la integración de nuestros pueblos.
