Arturo Peraza s.j.
El diputado Luis Tascón ha hecho un conjunto de señalamientos que parecen indicar hechos de corrupción que involucran a familiares de uno de los líderes fundamentales del PSUV: Diosdado Cabello. La reacción ha sido expulsarlo del partido bajo la excusa de que estas denuncias dañan la imagen del Gobierno y del partido y, como un buen revolucionario, debió tramitar dichas denuncias en el fuero interno del partido antes de ventilarlas en los medios de comunicación. Esto no hace más que recordar la reacción que tiempo atrás se daba en Acción Democrática cuando también se hacían señalamientos de corrupción.
El problema parece retrotraerse a los conflictos de grupos dentro del PSUV que no eran ajenos al período en que se le denominaba MVR. Nos referimos a las diferencias existentes entre el grupo militar que conformaron el MBR 200 y el grupo de los civiles, los vampiros vs. los antivampiros, la derecha endógena vs. los radicales.
Pero más allá de estos conflictos domésticos del partido de gobierno, el problema es la reproducción de prácticas que supuestamente se quisieron superar en los partidos políticos tradicionales, que suponían una solidaridad automática con el compañero señalado de corrupción y una estructura secretista de enfrentar un mal que es público. Una suerte de doble moral por la cual se sanciona la corrupción de los contrarios o de funcionarios de baja o mediana escala dentro de la estructura de gobierno, pero jamás se toca a los que tienen altas posiciones dentro del Estado y cualquier señalamiento es leído como un ataque al sistema o al partido.
En ese sentido, si fuese verdad el interés pregonado por el jefe del Estado y los miembros de su partido de superar este mal endémico que es la corrupción en el país, lo que habría que hacer es ordenar una investigación trasparente y pronta de los hechos señalados por el diputado sobre la persona del actual Ministro de Infraestructura, sin que el caso implique ninguna responsabilidad sobre el diputado, pues entre sus funciones está la de realizar denuncias que deben llegar a poder ser corroboradas o negadas, en particular si se refiere a un funcionario cuyas cuentas deben estar especialmente expuestas al escrutinio público.
