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Edificio Centro Valores, local 2, Esquina de la Luneta, Caracas, Venezuela.

Corrupción en registros inmobiliarios y en otros organismos del Estado venezolano

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Por Carlos Torrealba.

Foto: archivo WEB

La corrupción dejó de tener límites en Venezuela, extendiéndose como un cáncer que ha hecho metástasis en los organismos del Estado, donde funcionarios cobran sumas en divisas para agilizar la tramitación de documentos o la prestación de servicios.

En los registros inmobiliarios, por ejemplo, para poder registrar la venta un inmueble sea residencial o comercial hay que pagar “por debajo de la mesa” ciertas cantidades cuyos montos varían de acuerdo al valor de los mismos. Esas cantidades que ahora se desembolsan en los registros van desde 1.000 dólares hasta un máximo de 20.000 dólares o más, que obviamente se reparten entre los funcionarios claves del órgano registral. Esto sin incluir el IVA por venta de inmuebles en divisas cuando entre en plena vigencia esta medida tributaria aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el 29 de enero de 2020, más los costos normales de registro. El asunto es que si no se paga no hay manera de registrar la venta de un inmueble, porque la discrecionalidad coloca todo tipo de obstáculo que obligan al pago. Por supuesto, es posible que esta situación no esté ocurriendo en todos los registros de Caracas, pero es “vox populi” que sí ocurre en los más importantes, particularmente en aquellos donde se registran los inmuebles más caros de la ciudad.

Lo mismo ocurre con el negocio de los pasaportes, que por arte de magia se obtienen nuevos o renovados siempre que el ciudadano esté dispuesto a pagar “por debajo de la mesa”. La confluencia del éxodo masivo de venezolanos y de las “fallas” del sistema oficial, es decir, del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), es aprovechada por funcionarios corruptos para comercializar los pasaportes por elevados montos: 1.000 o 2.000 dólares, incluso por mucho más, porque la oferta depende del tipo de pasaporte y la duración del trámite, como es el caso de los consulares que duplican en costos a los regulares. La diferencia es que unos se obtienen en el exterior y los otros en Venezuela.

Y que decir cuando un servicio público se daña. Por ejemplo, la telefonía fija o el internet. Por más que se reporte la avería a la CANTV, ésta no es atendida. Pero basta con hablar aparte con un técnico de esta empresa y pactar una visita al inmueble por un pago en dólares (40, 50 o más) para que el problema se resuelva de inmediato y el servicio se restablezca. Esta situación igualmente se repite con otros servicios públicos (luz, agua) y trámites gubernamentales (apostillamiento de documentos, permisos aduanales de importación y exportación, etc).

En la Venezuela de la “revolución bolivariana” hacer un trámite no sólo es cuestión de tener los papeles en orden. También de conocer a alguien que lo agilice. O pagar una “comisión” para garantizarlo.

Al respecto, denuncias han habido de ciudadanos indignados, sin que nada ocurra, porque desde el gobierno parece no haber interés en que nada cambie. Ahora ni las formas se guardan por la impunidad reinante.

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