Uno de los propósitos de este proyecto social es construir colectivamente un modelo integral de gestión escolar y comunitaria, para promover convivencia y cultura de paz desde los centros educativos
Gloria Perdomo*
“Si un grupo de estudiantes se jubila, el vocero debe informar de eso a los profesores”. “¡No, porque sus compañeros le van a decir sapo!”. “Se tiene que hacer el loco, hacer como que no vió”. “Pero ¿cómo?, ¿y si les pasa algo a los muchachos?, ante el colegio el vocero es responsable de su grupo y tiene que avisar a sus profesores para que vean qué se puede hacer”.
Lo anterior son algunas frases de las deliberaciones que ocurren entre los estudiantes de los colegios de Fe y Alegría San José Obrero y Dr. Prisco Villasmil, ambos en Antímano, quienes participan en una experiencia de revisión y actualización del Manual de Convivencia de su centro educativo, dirigida a apoyar los esfuerzos de formación y protección integral que realizan directivos y docentes de estos centros en esa importante labor de forjar civismo, esperanza y solidaridad, en la mente y en el corazón de toda la comunidad educativa.
Estas actividades forman parte del Proyecto de convivencia democrática en centros educativos que desde hace dos años se realiza en tres colegios de Caracas y el estado Lara, mediante una alianza entre la Fundación Centro Gumilla, Fe y Alegría y Entreculturas. El componente de convivencia escolar de este proyecto promueve el involucramiento activo de estudiantes, profesores, directivos, empleados, obreros, padres, representantes y comunidad organizada, en distintas jornadas que han permitido la revisión y construcción participativa de las normas de convivencia escolar. Se asume la tarea de regular el desempeño de los colegios con criterios y procedimientos conocidos y compartidos, teniendo claro que el clima escolar y la buena convivencia dependen del aporte de todas las personas.
La manera en que se conduce el proceso es ya una innovación educativa, porque estamos acostumbrados a que la aprobación de las normas de convivencia en los colegios se hace de manera burocrática, firmando unas planillas, o levantando la mano en una o dos jornadas, sin que se haya generado un proceso de comprensión e involucramiento de los distintos grupos, y especialmente de los estudiantes, en el significado de su rol como sujetos corresponsables de su proceso educativo. Lo que este proyecto pretende es observar y reconocer los requisitos pedagógicos, las estrategias de formación y las dificultades o problemas más frecuentes para forjar una cultura cívica de derechos en el centro educativo, con miras no solo a reducir los eventos de violencia, sino en sentido positivo, a desarrollar competencias de respeto, honestidad, corresponsabilidad, sentido de justicia y buen trato como baluartes de la paz y la convivencia.
Para impulsar este trabajo fue necesario alentar y convocar la participación del estudiantado, profesores, personal administrativo y obrero, de los padres y grupos comunitarios; era necesario animar a cada uno de los sectores, haciéndoles saber que su opinión es esperada, que su criterio aporta, que no puede quedarse al margen. Como es sabido, las instituciones no consultan, ni convocan, y las decisiones se toman generalmente con un estilo directivo, o se dice que se consulta pero no se considera la opinión y la gente se siente frustrada. Aquí teníamos que mostrar sinceridad en esta convocatoria, por lo que hubo que dedicar tiempo para que la información llegase, mostrando interés en cada quien, explicando que toda opinión cuenta, que las experiencias y criterios de los jóvenes no siempre coinciden con los de los adultos, o las que exponen sus voceros o delegados, por lo que se pedía la contribución de todos.
El conocimiento de los derechos humanos se trabajó como una oportunidad para promover y ratificar el compromiso con valores universales como el respeto a la dignidad humana, la solidaridad, la igualdad y no discriminación, la libertad y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, entre otros. Por ello, entre las primeras actividades realizadas con los distintos grupos de cada colegio se realizaron talleres para conocer y ensayar la aplicación o utilidad de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre Derechos del Niño, la LOPNNA y la Ley Orgánica de Educación, en jornadas con pequeños grupos, cada equipo con una norma distinta.
De esta experiencia se constata que sin importar la edad, formación o experiencia de los participantes, se coincide en afirmar el valor del respeto a todos los individuos, que “nadie tiene derecho a burlarse o humillar” a las otras personas, o lo que es lo mismo, nadie tiene derecho a ofender o violentar al otro, así entienda que lo puede hacer por su fuerza, poder o la autoridad que tiene en un momento dado. En todos los grupos aparecen expresiones como estas, que al ser pronunciadas en palabras y razonamientos, van colocando la importancia del buen trato y el respeto a los derechos como temas que se asumen, permitiendo además ventilar situaciones en las que hay acoso, agresión, o vulneración de derechos, y las consecuencias que acarrea.
Sabemos que con estas reflexiones compartidas se irá asumiendo el valor de la dignidad humana como algo deseable y moralmente relevante, y no solo como una exigencia legal, que obliga a todos. En esta experiencia observamos que un considerable o mayoritario número de estudiantes, pero también profesores y padres, quienes tienen a cargo la formación en principios y normas sociales, no conocían ni habían aprovechado pedagógicamente estos tratados de DD.HH. y las leyes que son referencia obligada en su actuación social.
Como un resultado valioso de la experiencia, vemos que varios grupos comprendieron la importancia de guiar su comportamiento por las normas convenidas en leyes o en las que se acuerdan como parte del Manual de Convivencia en el colegio. Por ello estos debates se han centrado con especial interés en el artículo 57 de la LOPNNA, relativo a la disciplina escolar acorde con los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes. Justamente, esa norma requiere que cada centro educativo cuente con un Reglamento de Disciplina Escolar en el que estén explícitamente referidas las normas de comportamiento, las faltas (hechos susceptibles de sanción) y las sanciones aplicables.
Para asegurar la compresión de esta disposición legal ha sido útil la referencia a las normas de los juegos deportivos, ¿cuáles son las faltas?, ¿qué sanción se aplica cuando alguien toca el balón con la mano en el futbol?, ¿por qué debe haber sanción?, ¿quién pone las reglas?, ¿quién las aplica? El análisis que se promueve en los grupos se orienta a reconocer que las normas regulan y apoyan el buen desempeño social y escolar, que es importante que sean buenas normas, razonables, justas y no arbitrarias, cambiantes, o de aplicación discrecional. Una vez que conocen esta norma legal, comienzan las preguntas:
¿y por qué si está prohibido, aquí los profesores ponen sanciones colectivas?, y estas interrogantes de los estudiantes son una oportunidad para reiterarles la convocatoria a revisar el Manual de Convivencia para garantizar que las normas que rigen en el colegio sean justas, ajustadas a lo previsto en la LOPNNA y apropiadas para resolver las dificultades o problemas propios que usualmente enfrentan. Aquí el mensaje ha sido que todos los sectores y grupos están revisando las normas del colegio y que directivos y profesores están invitados a corregir y mejorar el reglamento interno, afirmando que no solo es que se tiene el permiso para objetar y presentar nuevas normas, sino también a pensar soluciones y propuestas, que se requiere su opinión para asegurar que el Manual esté legalmente fundamentado y tenga pertinencia social.
Pero el principal aporte del proyecto ha sido la realización de jornadas deliberativas, con todos los sectores del colegio, para examinar sobre lo justo o apropiado de las normas contenidas en el Manual de Convivencia Escolar, en la medida en que se construye ciudadanía. En casi todas las jornadas esto se hace con un trabajo en grupos, para decidir si están de acuerdo o no con la norma, si la cambiarían, por qué razón la cambiarían y si es este el caso, qué otra norma proponen. En otros grupos se exponían casos problemas y, frente a esos hechos, cuál norma del Manual se aplica; y de no existir la norma, o si les parece injusta, qué nueva propuesta presentaban.
Han sido muchas las enseñanzas de estas jornadas: por ejemplo, en un grupo, los niños observaron que el jubilarse del colegio no está anotado como una falta, aunque debatieron entre ellos en cuanto a decidir si era una falta grave o leve, y qué sanción ameritaría.
Entre las discusiones más polémicas han estado las referidas al uso del maquillaje por las alumnas de los liceos, o el llevar el cabello teñido. Al respecto el principal reclamo es el de la discriminación y discrecionalidad, pues observan que la sanción se impone solo a las adolescentes de los primeros años y parece haber permisividad para las de cursos superiores. Pero la objeción principal es por qué una norma de apariencia personal atenta contra la imagen de cada quien: “Yo tengo mi personalidad y quiero peinarme así”, reclamaba un estudiante de primer año; otro preguntaba “¿en qué afecta que yo use gelatina en el pelo? ¿qué tiene que ver eso con mi manera de estudiar?”.
En casos de peleas entre estudiantes o situaciones de robo, los estudiantes confían en la intervención regulatoria de los profesores y afirman que “a ellos no les harían caso y se presentarían más problemas”. Hay consenso en casi todos los grupos acerca de cumplir lo que establece la Ley cuando un estudiante incurre en un hecho que es calificado como delito. En este caso el colegio debe notificar al Consejo de Protección si el adolescente es menor de 14 años de edad o al Ministerio Público si es mayor de 14 años. Sobre este asunto el único debate está referido a establecer cuál es el procedimiento a seguir, en cuanto a cómo actuar, identificar o diferenciar a un responsable; y efectivamente, al respecto, la legislación vigente deja un vacío significativo.
Lo que sigue es el encuentro de los representantes de los distintos grupos quienes se reunirán para debatir y consolidar los diferentes aportes, cuestionamientos y propuestas; así se podrá editar una versión integrada de los Acuerdos de Convivencia, que se someterá a la aprobación de la comunidad educativa. Serán votaciones, asambleas, uso de redes sociales, todos los mecanismos activados para demostrar que sí es posible el funcionamiento democrático de los centros educativos. Estas normas, debatidas y consultadas, serán cumplidas con procedimientos e instancias participativas que le den vida y validez a lo convenido con el aporte de todos a la convivencia escolar.
*Doctora en Ciencias Sociales. Miembro del equipo del Proyecto de Convivencia Democrática en Centros Educativos.
