Jesús Alexis González
En agosto 2014, los presidentes de Venezuela y Colombia anunciaron el establecimiento de un sistema de pagos bilaterales para facilitar el comercio, correspondiéndole a nuestro país la determinación del tipo de cambio (bolívar-peso). Hubo señalamientos concretos; desde la visión colombiana: “los precios de los alimentos que pasan en contrabando los venden a un precio más bajo y por eso afectan nuestros productores. Los productos de la canasta básica subsidiada por el gobierno venezolano terminan siendo vendidos en Colombia a precios irrisorios en perjuicio del comercio local”; mientras que del lado venezolano se anunció un “plan de choque” con la finalidad de “combatir la extracción de alimentos y gasolina”, para lo cual se enviaron, dicen, unos 17.000 efectivos militares a lo largo de los 2.000 kilómetros y 400 trochas de frontera binacional con Colombia (¡43/trocha!); al tiempo de informar que “queda terminantemente prohibido la exportación de todos los productos de la dieta básica de los venezolanos, porque Venezuela no exporta sus alimentos, los produce para consumirlos” NOTA: Nos permitimos una acotación: la expresión adecuada ha debido ser “los importa para consumirlos”. En armónica sintonía comunicacional con el Ejecutivo, voceros gubernamentales estimaron en más de US$ 2.000 millones las pérdidas anuales por contrabando (en 2015 equivaldría a unos Bs 374.000 millones), en un escenario, que según estos voceros, le conviene al gobierno colombiano ya que le resulta más económico mantener esa cultura que propiciar la producción interna; calcularon de igual modo que desde Venezuela ingresan a Colombia unos 80.000 barriles de gasolina, cuyo precio promedio interno es de Bs 0,070/litro vs Bs 58/litro en Colombia diferencia de precios que induce una pérdida aproximada para nuestro país cercana a los US$ 5.500 millones anuales, y un beneficio superior a los US$ 3.000 millones para los contrabandistas.
El contexto brevemente descrito, perfila la estructuración de una “economía de frontera” (flujo de mercancías sin pagar los derechos de aduana) de manifiesto vigor actual ante la presencia de un cambio oficial sobrevaluado como consecuencia de la atroz “política” de anclaje cambiario orientada a controlar la inflación (¡!); en conjunto a un marco de controles y subsidios que fomenta el contrabando en razón a las ventajas que se le confiere al vecino país la existencia de un “precio subsidiado” como resultado de estar porcentualmente conformado por “importaciones subsidiadas” a un tipo de cambio descontextualizado (p.ej. Bs 6,30/$), que luego el Gobierno intenta “proteger” (no con mucho éxito) con rigurosos controles de precio (¿precio justo de venta?) que a la postre, ante su congelamiento, se ubican por debajo de los precios libres del comercio vecino (en más de 10 veces) hecho que impulsa la citada “economía de frontera ”y el contrabando (distinto a una “guerra económica”) que en opinión del propio Gobierno alcanza más del 35% de los productos importados con un “dólar subsidiado”, traídos para enfrentar el desabastecimiento causado por una escasez de oferta doméstica que emerge ante el manifiesto deterioro del aparato productivo nacional causado por la “guerra importadora” contra el sector privado, que con el tiempo ha inducido un círculo vicioso de más importaciones con obvio encogimiento y destrucción de la capacidad de producción interna. Sirva de referencia ilustrativa, casos como el de la harina precocida que en Cúcuta 1 kilo tiene un precio de unos 2.500 pesos pero con sólo cruzar la frontera se puede comprar a precio regulado ¡8 kilos con el mismo esfuerzo monetario en pesos!. Es de resaltar que esa proporción puede variar según la zona geográfica donde se adquiera el producto proveniente del “bachaqueo” (argot popular zuliano que hace alusión a un producto revendido por una persona natural) tal como p.ej. Maracaibo (Bs100), Oriente (Bs 90), San Cristóbal (Bs 70), Yaracuy (Bs50) y Valencia (Bs 40); situación similar para muchos otros alimentos, todo lo cual muestra dos aspectos de repercusiones distintas: un claro beneficio para el consumidor colombiano (y el contrabandista) y una oportunidad de abastecimiento ( más caro) para los venezolanos ante la escasez nacional; o lo que es lo mismo, el “bachaqueo” es ahora un factor de distribución de la mercancía en incongruente y sospechosa “ocupación funcional” de las competencias inherentes a los 22.000 Centros de Abastecimiento “atendidos” por Mercal, siendo el Gobierno quien controla cerca del 60% de la distribución de alimentos al tiempo de estar en capacidad de conocer al detalle todo ese proceso al haber instrumentado en 2008 el Sistema Integral de Control Agroalimentario (SICA) para supervisar lo enviado para cada región del país, y asumiendo en 2009 la importación de alimentos fortaleciendo ese objetivo con la promulgación (30/12/2010) de la Ley Sobre el Delito de Contrabando, que en su Artículo 3 lo define como actos u omisión donde se elude o intenta eludir la intervención del Estado con el objeto de impedir el control en el tránsito de mercancías o bienes; luego complementada en 2012 con la puesta en funcionamiento de la Guía Única de Movilización y Control de Alimentos de uso obligatorio para el movimiento de los alimentos en todo el territorio nacional; y más recientemente se anunció (01/05/2015), con subyacente clientelismo electoral, la instalación de unos 1.800 Consejos Populares de Abastecimiento y Producción, que al parecer, funcionarán en cada establecimiento (¡!) con la finalidad de combatir la usura, la especulación, el acaparamiento y el contrabando (¿?); y de igual modo, en nuevo ataque mediático, la creación de una Corporación de Transporte a efectos de centralizar la distribución de alimentos (¿Estatización?).
Es importante recordar, que con la integración económica entre Venezuela y Colombia (finales de los 80) disminuyó en más de un 90% el contrabando de productos venezolanos, como reacción a la instrumentación de políticas económicas bilaterales que condujo a una revalorización del bolívar desde 0,50 pesos en 1983 hasta 2,43 en 1998 y 3,10 pesos por bolívar en 2003 (en 2015 apenas podemos comprar 0,024 pesos con 1 bolívar); siendo que de igual modo en 1998 exportábamos a Colombia arroz, maíz blanco y amarillo, sorgo, algodón, papel, plátano, coco, duraznos, entre otros rubro, hasta situar las ventas por encima de los US$ 4.500 millones. Esta situación privilegiada, inició su reversión a partir de 2001 cuando se aprobó la Ley de Tierras como un idóneo (¡!) instrumento jurídico para apuntalar la “revolución agroalimentaria socialista” cuyos resultados nos ha llevado a tener que importar en el presente la mayoría de los alimentos que consumimos (¿cómo se puede hablar de “contrabando de extracción” en el área de alimentos?); acción que tiende a encogerse a raíz de la caída de los ingresos petroleros (y de divisas) en más de un 60% en 2015 colocándonos en el umbral de una crisis: ¿con qué importamos? situación que se complica ante la inexistencia de un fondo anticiclico, a la par de los desastrosos efectos de la nefasta política de refinación de PDVSA que se tradujo en la pérdida ante Canadá de los espacios técnicos para procesar nuestro crudo pesado descartados para intentar, sin éxito, la instalación de 3 refinerías en China.
No admite duda en contrario, que mantener sobrevaluado el bolívar con respecto al US$ como una estrategia de corto plazo para distribuir el ingreso nacional en momentos coyunturales puede dar resultados satisfactorios; pero de malvados efectos al perdurar en el tiempo con una tasa oficial divorciada de la realidad (p.ej. 6,30 Bs/$) que a la larga se vuelve inoperante como consecuencia del uso indebido (público y privado) de la divisa oficial, hecho que a su vez impide tanto la conformación de mejoras en el precio de venta al consumidor como la posibilidad de una masiva importación en razón a la especulación cambiaria y la corrupción que florecen por el descomunal diferencial entre las distintas tasas de cambio (brecha cambiaria) que para 2015 se sitúa en más de 4.000% (Cencoex vs paralelo); al tiempo de estimular la economía de frontera tanto de los limitados bienes producidos internamente como de los ¡productos importados a la tasa cambiaria oficial!, muy especialmente los alimentos.
Mención de obligante referencia, es lo referente a la devaluación que ha caracterizado a Venezuela que sobrepasa un acumulado del 18.000% en los últimos 15 años ( vs un 1.625% en los 35 años precedentes), aunado al Sistema Marginal de Divisas (Simadi) efectivamente “marginal” que apenas participa en un 1% del total adjudicado de divisas, pero que al propio tiempo cumple el malvado papel de establecer la “cotización piso” del dólar en el mercado paralelo (entre un 20-30% por encima) induciendo una “devaluación encubierta progresiva” que igualmente dinamiza la economía de frontera con Colombia, muy especialmente en materia de alimentos al “abaratar las exportaciones” bajo la perturbador figura de un ¡contrabando de transporte de productos subsidiados!.
En fin, mientras no se corrijan las distorsiones cambiarias y se impulse una flexibilización de los controles de precios y cambio, la economía de frontera será una realidad permanente y creciente fundamentalmente en materia de alimentos, medicinas y gasolina en razón a la amplia diferencia de precios que existe entre los regulados nuestros (congelados) y el libre colombiano que obviamente “estimula” el deseo de venderlos mucho más caro en la frontera. Concluimos con una reflexión de cierre: Venezuela no podrá alcanzar el mandato constitucional de una Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, hasta tanto no se desregule la economía al tiempo de reducir el tamaño del Estado y el intervencionismo gubernamental.
