Esta nueva contienda electoral permitirá que los venezolanos manifiesten su opinión, imprescindible para la construcción del país
Margarita López Maya*
Luis E. Lander**
El proceso electoral conducente a las parlamentarias del 6 de diciembre de este año ha estado inmerso en un contexto complejo, signado tanto por una crisis económica aguda, como por una alta conflictividad política. Así mismo, las propias condiciones electorales en que trascurre, acentuando tendencias ya vividas en elecciones anteriores, erosionan el derecho de los venezolanos a elegir de manera libre, justa y trasparente a los candidatos de su preferencia. Comenzaremos este artículo por caracterizar el contexto crítico por el que atraviesa la sociedad, para pasar luego a considerar las condiciones particulares de la campaña adelantada que viene desarrollándose desde principios de año y cerrar con unos comentarios finales.
Una profunda crisis
Para la economía venezolana ha sido catastrófico la pronunciada caída de los precios del petróleo en el mercado internacional en el último año. Siendo que más del 95 % de las exportaciones venezolanas se originan de las ventas de crudo, el que nuestra cesta petrolera haya pasado de $99,11 por barril en junio de 2014 a $40,39 este octubre, tiene un muy severo impacto. Pero este golpe se suma a un deterioro que venía ya en marcha. Aunque se ha hecho cada vez más difícil y menos trasparente la obtención de cifras oficiales, ya para 2014 cifras confiables (Analítica, Banco Mundial) estimaron una caída del PIB de 4 %, con una inflación de 63,6 % y un déficit fiscal de 15 %. Para 2015 las proyecciones son aún más recesivas: alrededor del 9 % de caída del PIB, una inflación no menor a 160% y un promedio para la cesta petrolera venezolana de $47.
Ese panorama económico se expresa también en lo social. Los incrementos del sueldo mínimo en los últimos siete años han estado siempre por debajo del índice de inflación, es decir, el salario real mínimo no ha hecho más que deteriorarse. La escasez de alimentos y medicinas, si bien las cifras correspondientes se han dejado de publicar, fuentes no oficiales las estiman sobre 30 % y 50 % respectivamente. Todos los venezolanos podemos dar fe de ello por las colas que debemos padecer para acceder a productos de primera necesidad. La pobreza, de acuerdo a un estudio académico reciente, alcanzó en 2014 al 48,4 % de las familias venezolanas. La inseguridad es también un flagelo en ascenso. El Observatorio Venezolano de Violencia estimó en 2014 la tasa de homicidios en 82 por 100 mil habitantes, ubicando a Venezuela como el segundo país, después de Honduras, con más muertes violentas. Todo este panorama conduce a un malestar social que, según el Observatorio de Conflictividad Social, se manifiesta en una intensa política de calle que promedió, en 2014, 26 protestas diarias y 16 durante el primer semestre de este año.
La situación que estos datos reflejan parece retrotraernos a los años previos al ascenso del chavismo al poder cuando se registraron indicadores macroeconómicos similares. Por ejemplo, una inflación de 84,47 % en 1989 y de 99,87 % en 1996, que habían sido, hasta ahora, las más altas alcanzadas. En 1997 el número de familias debajo de la línea de pobreza se situó en 48 %, cifra casi idéntica a la calculada por la investigación sobre pobreza realizada por tres universidades en 2014. La revolución bolivariana sigue en mora con su ofrecimiento de superar esa crisis estructural que la catapultó al poder a finales del siglo pasado.
Este contexto socioeconómico enmarca también una severa crisis política, profundizada por la desaparición del líder carismático Hugo Chávez, quien intentó una radical trasformación del régimen democrático venezolano, para construir su socialismo del siglo XXI. Un proyecto que no llegó a cristalizar, produciendo una destrucción de la institucionalidad previa, para sustituirla por formas crecientemente autoritarias, nepóticas, militaristas y corruptas de ejercicio de gobierno.
Condiciones electorales
Acentuando tendencias ya vividas en elecciones anteriores, las parlamentarias del 6D transcurren en un clima de tensión acompañado de rasgos negativos en cuanto a las condiciones de competencia. Entre las muchas actividades involucradas, señalaremos algunas que nos parecen relevantes, señalando tanto iniciativas positivas, como múltiples irregularidades y abusos que empañan el buen desenvolvimiento del proceso.
Un proceso electoral trasparente y sin tropiezos requiere del fiel cumplimiento de pautas y plazos legalmente establecidos. El proceso electoral del 6D se inició con varias demoras y violaciones a procesos. La designación de “nuevos” rectores para el CNE, que debió hacerse a principios de 2013, fue diferida hasta diciembre de 2014. Además, la designación tardía no fue hecha por la Asamblea Nacional con el voto de dos terceras partes de sus miembros, como establece la Constitución, sino por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La fecha misma de las elecciones, que ha debido ser la primera tarea del nuevo CNE, demoró meses en ser anunciada, ocasionando innecesarias incertidumbres y sospechas sobre la realización o no de las elecciones. Esa injustificada demora fue acompañada de un igual retraso en el anuncio del cronograma de actividades electorales, información requerida por todos los actores políticos para planificar sus propias agendas. También se pospuso la información sobre el número de diputados a elegir por estado, así como los linderos de las circunscripciones y el número de diputados nominales a ser electos en ellas. Tuvimos los venezolanos que esperar hasta fines del mes de junio para conocer estas vitales informaciones electorales.
Irregularidad relevante ha sido el uso del recurso de “inhabilitaciones administrativas” para impedir candidaturas de líderes de oposición, como las de María Corina Machado y Carlos Vecchio o encarcelamientos y juicios para sacar del juego a líderes opositores, como el caso de Leopoldo López. Las inhabilitaciones no son resultado de sentencias judiciales firmes, que son las únicas que constitucionalmente cercenan el derecho a ser elegido. Sin embargo, por carencia de independencia de los poderes públicos, el TSJ ha avalado este procedimiento, así como el encarcelamiento y sentencia condenatoria de López. Igualmente, direcciones nacionales de varios partidos políticos han sido intervenidas judicialmente, entre ellas el partido Copei y el MEP, cambiando su composición, para alterar su comportamiento electoral. Otra triquiñuela ha sido la colocación en el tarjetón electoral de tarjetas similares al de la tarjeta de la MUD, con colores y motivos similares, para confundir al elector en el acto de votación, con la aceptación silenciosa del CNE.
El 25 de junio el CNE anunció un reglamento especial que instaba a los actores políticos a postular sus candidatos respetando la paridad de género. Independientemente de la opinión que pueda tenerse sobre la conveniencia de corregir el desequilibrio existente en la participación de los géneros en la política, esta decisión del CNE fue tomada a destiempo y usurpando funciones legislativas. El artículo 298 de la Constitución establece que seis meses antes de cualquier elección no puede cambiarse la ley electoral y ese requisito de paridad de género cambia, fuera de los tiempos legales, las condiciones establecidas en la legislación electoral. Usurpa además funciones legislativas, ya que el CNE puede reglamentar leyes electorales, más no cambiarlas. Introducir nuevos requisitos modifica la legislación, no la regula.
A fines de agosto el presidente Maduro decretó “Estado de Excepción” en cinco municipios del estado Táchira. En los días y semanas siguientes, mediante nuevos decretos, se fueron agregando más municipios del mismo estado Táchira y de los otros estados fronterizos con Colombia: Apure, Amazonas y Zulia, para terminar con 28 municipios en esa delicada situación. Si bien la Ley orgánica de estados de excepción no admite la restricción del derecho al voto, si perturba grandemente la posibilidad de desarrollar allí una campaña proselitista medianamente normal, estando restringida la posibilidad de organizar cualquier tipo de acto público que concentre ciudadanos. Esos municipios conforman diez circunscripciones uninominales, donde se elegirán igual número de diputados.
Mucho ruido ha causado la posibilidad de algún tipo de observación internacional. Principalmente los actores políticos de oposición han reclamado la presencia de observación de instancias como la OEA, la ONU o la UE, pues consideran que serían capaces de monitorear el proceso de manera independiente, frenando con su presencia abusos o irregularidades. Las fuerzas políticas oficialistas, por su parte, argumentan que en Venezuela, como país soberano, sus procesos electorales no deben estar sometidos a vigilancia internacional alguna. Han propuesto en contrapartida la figura del “acompañamiento electoral” para invitados especiales de organismos internacionales, como Unasur, vistos como aliados. Esta disparidad de criterios ha generado polémica, nacional e internacionalmente, que ha llegado hasta un debate epistolar público entre la presidenta de CNE, Tibisay Lucena y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien es militante del Frente Amplio Uruguayo y fue canciller de su país durante el gobierno de José (Pepe) Mujica. La polémica Lucena-Almagro ha visibilizado internacionalmente rasgos irregulares en las condiciones electorales en Venezuela, al tiempo que ahonda la desconfianza interna que se tiene en el CNE.
En contraste, el CNE ha adelantado también actividades que promueven mayores grados de confianza. Como en oportunidades anteriores, incluyó en el calendario electoral la realización de un conjunto de auditorías técnicas a los distintos componentes de la plataforma tecnológica del sistema automatizado de votación. Son auditorías en las que participan activamente profesionales de alta formación, designados libremente por los comandos de campaña, contando además con la participación de organizaciones nacionales de observación electoral. La base de datos de huellas dactilares de los electores; los cuadernos impresos de votación; las máquinas que intervienen en el proceso mismo de votación –capta huella y máquina de votación–; los programas que hacen que ellas funcionen bien y con la debida seguridad; los sistemas de trasmisión y de totalización; las máquinas y programas que intervienen en el sistema de información al elector; la tinta indeleble, son revisados detalladamente para garantizar su buen funcionamiento, inviolabilidad del secreto del voto y seguridad de respeto a la voluntad de los electores. Hasta la fecha de redactar este artículo, esas auditorías han sido exitosas.
El 6D no se realizará una elección nacional, serán 114 elecciones simultáneas: 24 estadales para elegir 51 diputados por lista, 87 en circunscripciones donde se elegirán 113 diputados nominales y 3 circunscripciones indígenas, donde se elegirán igual número de diputados. Pero ello no significa que estas elecciones no estén cargadas de una fuerte significación nacional. Se repite lo que ha venido ocurriendo en todas las elecciones de los años recientes, en las que el componente plebiscitario va a ser relevante. El descontento o apoyo a la gestión del presidente Maduro juega un papel determinante en las preferencias electorales lo que seguramente ayuda a explicar la paradoja, revelada por prácticamente todos los estudios de opinión, que siendo que un número significativo de electores manifiestan desconfianza en el sistema electoral venezolano, expresa igualmente una alta disposición a ir a votar.
Comentarios finales
La nueva Asamblea Nacional (AN), que se instalará a inicios de enero próximo, tendrá una monumental tarea por delante. Siendo que el parlamento, en un sistema político democrático, es el foro político por excelencia, puede y debe comenzar a reconstruir una institucionalidad democrática mediante el diálogo, el ejercicio responsable de la política, y en paz. De su seno deben partir los primeros consensos que orienten a la sociedad en una salida a la profunda crisis, procesando democráticamente las diferencias. Por otra parte, la experiencia de este proceso electoral pone nuevamente de bulto las fortalezas y debilidades de nuestro sistema electoral. Le tocará también a la nueva AN, como parte del necesario diálogo nacional, atender una agenda electoral que restablezca, entre otros muchos asuntos, la proporcionalidad en la representación, resuelva el candente tema del financiamiento de la política, garantice condiciones de precampaña y campaña equitativas entre los actores políticos, como camino para que se relegitime el CNE y recupere la confianza de los electores.
No cabe duda que las elecciones del 6 de diciembre revisten una enorme importancia, tanto por el valor mismo de la AN como poder del Estado, como por su significación nacional simbólica. Una de las fortalezas de nuestro sistema electoral automatizado, nuevamente comprobadas con las auditorías técnicas realizadas, es que el voto, si el elector no es visto al momento de ejercer su derecho, es secreto, bien contado y el resultado respeta la voluntad emitida en las máquinas de votación. Es por ello que el próximo 6 de diciembre debemos participar con la seguridad de que nuestra opinión es imprescindible en la construcción del futuro del país, y será respetada.
* Historiadora, doctora en Ciencias Sociales y profesora del Cendes-ucv.
**Profesor jubilado de la ucv y director del Observatorio Venezolano Electoral.
Foto: Ángel Colmenares
