Luis Ugalde sj
Saludo
Sin duda alguna en Venezuela vivimos tiempos extraordinarios e inéditos y esta Academia de Ciencias Políticas y Sociales muy responsablemente se ha puesto en el centro del huracán que amenaza gravemente la vida política y social del país. Con claridad y firmeza ha hecho públicos un conjunto de documentos de su especialidad, saliendo al paso de las continuas violaciones de la Constitución. Una de las más recientes es la extraordinaria toma de posición pública de las 7 academias en conjunto en defensa de la Constitución y para rescate de la democracia violada. Este acto solemne de incorporación del Dr. Jesús María Casal como individuo de número de la Academia, su discurso y el significado de su persona y trayectoria, nos ponen más en el centro, si cabe, del actual debate nacional entre dictadura y democracia.
- Dos soberanías enfrentadas
Las modernas repúblicas y monarquías constitucionales nacieron de las luchas, guerras y revoluciones para impedir el poder absoluto de los monarcas y abuso de los gobiernos dictatoriales y convertir los estados en instrumentos de la sociedad para la realización y defensa de los “derechos del hombre y del ciudadano”, de todos los ciudadanos. Frente a la voluntad absoluta del rey o soberano que domina, se afirma la soberanía del pueblo, de la ciudadanía en su conjunto y sus derechos son consagrados en una constitución a la que están sometidos también los gobernantes. Por eso las autoridades democráticas juran sometimiento y fidelidad a la constitución y reconocen su condición de servidores de la soberanía popular. Pero el juramento podría quedar en puro buen deseo si no se hubiera tenido en cuenta la evidente tendencia de todo poder a auto-absolutizarse y no se hubieran puesto límites y controles para que ello no ocurra, como son la elección de los presidentes para periodos limitados con restricciones para la reelección y la separación de los poderes públicos. En una República la soberanía del pueblo es el origen del poder y el jefe de Estado no puede ser dictador, sino servidor del bien común constitucionalmente definido, y los derechos humanos de la población son el objetivo del bien común.
Frente a estas ideas Marx afirma que todo estado es una dictadura, un instrumento de dominación de una clase social sobre otra. Un marxista coherente al llegar al poder se propone la destrucción del estado burgués para sustituirlo por la dictadura del proletariado. Este nuevo estado, supuesta encarnación del proletariado y sus intereses, una vez cumplida su misión de eliminar el Estado burgués y la propiedad privada de los medios de producción, se extingue por innecesario y da paso al paraíso comunista y al hombre nuevo.
Pero la historia nos ha demostrado que la llamada “dictadura del proletariado” en el poder se convierte en dictadura del partido único manejado dictatorialmente por su jefe único. Se convierte en dictadura personal con voluntad de perpetuarse.
Esta contraposición de la democracia constitucional con Presidente sometido a la Constitución frente al modelo político de un Jefe de Estado con concentración de poderes ilimitados y dictatoriales, está a la vista en los últimos cien años de la humanidad desde la Revolución Rusa, cuyo centenario conmemoramos este año. En ese tiempo hemos visto también estados fascistas con concentración del poder en el jefe absoluto y con las leyes sometidas a su omnímoda voluntad. Lo que ninguno de nosotros hubiera sospechado es que en Venezuela nos iba a tocar protagonizar ese enfrentamiento y defender la democracia y los derechos humanos frente a la decidida voluntad de convertir el poder en una dictadura sin límites con un modelo de estado, sociedad, economía y gobierno, que ha fracasado en todas partes.
- Gobierno dictatorial frente a Constitución democrática
El Dr. Jesús María Casal se incorpora en este tiempo y circunstancias, en este decisivo mes de julio de 2017, con un discurso que no es una mera disertación teórica que analiza lejanos hechos, sino que nos refiere cómo hoy y aquí se está dando – estamos dando-, la batalla entre la dictadura y la democracia. Vemos cómo el derecho constitucional es afirmación y defensa de los derechos humanos frente a la pretensión desde el poder de instrumentalizar la Constitución y cambiarla por otra a la medida y para la legitimación de la tiranía. En la persona y discurso del doctor Casal confluyen de manera extraordinaria el esfuerzo de la Asamblea Nacional para defender la democracia y el aporte intelectual y profesional de la Academia y la Universidad. Este solemne acto de incorporación está inserto entre una inédita y trascendental Consulta Popular para que el pueblo decida si quiere mantener la Constitución de 1999 y cómo quiere recuperar la democracia violada, por un lado, y por otro la espuria convocatoria – sin previa convocatoria del pueblo- de Maduro a Asamblea Nacional Constituyente, para evadir las responsabilidades democráticas e implantar una nueva constitución totalitaria.
La contundente victoria de la oposición democrática en las elecciones parlamentarias del 06-12-15 desató en el Régimen toda una cadena de obstáculos para anular las decisiones de la nueva Asamblea Nacional e incluso anularla a ella misma. Acciones que llevan a invalidar en sus efectos el resultado del voto popular adverso al Régimen, dejando en claro que para éste todos los poderes deben estar sumisamente arrodillados ante el Ejecutivo, como ya lo están el TSJ, el CNE y la Fuerza Armada. El discurso del Dr. Casal sintetiza magistralmente la cadena de atropellos y arbitrariedades de parte del Tribunal Supremo de Justicia, sobre todo de su Sala Constitucional y su Sala Electoral, para implantar plenamente la constitución dictatorial y la resistencia democrática de la Asamblea Nacional y la sociedad movilizada. Por fin el Ejecutivo ha optado por no continuar violando la Constitución de 1999, sino sustituirla por otra constitución hecha a la medida de la dictadura. Pero lo presentado por el Dr. Casal no es solamente un relato fiel de los hechos por un cronista acucioso, sino que se trata de la lectura jurídica de cada uno de esos pasos y la puesta en evidencia, de las iniciativas, de las objeciones y argumentos contrapuestos por los demócratas de la Asamblea Nacional. El Dr. Casal no es un observador externo de esta lucha agónica entre dictadura y democracia, sino que, en su condición de consultor jurídico de la AN desde enero de 2016, es parte central de la defensa jurídica de la democracia y de la autonomía del Poder Legislativo. El pueblo y todas las instancias nacionales no solo tienen derecho a resistir el golpe dictatorial dado desde el Ejecutivo con complicidad servil del Poder Judicial, del Consejo Nacional Electoral y de la Fuerza Armada, sino que tienen la obligación de hacerlo. Ante la constitución violada todos tenemos “el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia” (Constitución art. 333) y desconocer “cualquier régimen legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos” (Const. art. 350). Ante la voluntad de imponer de facto la dictadura con la fuerza de las armas, la Asamblea Nacional y la Fiscalía en renovada alianza con el pueblo soberano movilizado en la calle, defienden y reivindican la plena vigencia y respeto de la Constitución. Esta Academia hace honor a su deber de actuar y de activar la fuerza de las ideas para que en Venezuela se rescaten de la fuerza de las armas la libertad y la justicia para todos.
No se trata aquí solamente de un debate teórico-jurídico, como lo hacen los especialistas en sus cátedras universitarias, sino de las ideas convertidas en acción, del choque frontal de dos maneras de entender la República, la Constitución y el Poder Judicial en relación al Poder Ejecutivo y a los derechos humanos de todos y cada uno de los venezolanos. Este Régimen con su ineptitud e inaudita corrupción ha llevado a los venezolanos a la miseria con carencia vital de alimentos y medicinas, ha llenado las cárceles de presos políticos y ha obligado a muchos cientos de miles de venezolanos a buscar en el exilio la vida y el futuro que se les niega en su patria. En una sociedad democrática la constitución y todo el entramado jurídico están ordenados a crear un marco de garantías, un espacio protegido para el logro y desarrollo de los derechos humanos de todos y cada uno. Por el contrario, en un sistema totalitaria -sea de inspiración marxista, fascista u otra forma de tiranía- la Constitución es un instrumento al servicio del Poder Ejecutivo que debe contar con la sumisión de los legisladores y del poder judicial puestos a sus órdenes para justificar el sometimiento de los súbditos. En esos regímenes es moral cuanto sirve para afianzar el poder totalitario, e inmoral lo que lo debilita. Los derechos humanos de la gente no son valores supremos, sino relativos y subordinados a los intereses del poder absoluto. Por el contrario, en un ordenamiento democrático, la constitución y los poderes públicos tiene como supremo objetivo la realización de las personas de los ciudadanos. Así lo afirma la Constitución de 1999 en su artículo 3: “El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución” (Art. 3)
Cuando el régimen pone como valor absoluto su poder total, los derechos humanos, la separación de poderes, las elecciones soberanas y tantos otros elementos imprescindibles de la democracia son desdeñados como elementos “burgueses” que debilitan al Estado revolucionario y a su jefe, que es encarnación del pueblo y su felicidad.
En este enfrentamiento están en juego la salud, las libertades, la integridad de millones de venezolanos y la persecución política. La cárcel, la tortura, el exilio y la muerte de los jóvenes que protestan, no son meras amenazas, sino realidades crecientes que el Régimen busca legitimar y justificar con una constitución que lo libere de la obligación de someterse y acatar la Constitución defensora de los derechos humanos.
- Jesús María Casal y la Universidad retada por la Sociedad
Jesús María Casal no es un improvisado en esta visión y acción en defensa de los derechos humanos. Ya de estudiante destacó por su compromiso vital en defensa de la dignidad de sus semejantes. El P. Luis María Olaso fue su mentor y cuando en la Fiscalía de la República se creó la Dirección de Derechos Humanos con el P. Olaso como primer director, Casal de 23 años y recién graduado en derecho, fue nombrado Subdirector (1989-1991). Ya el año anterior la UCAB lo había nombrado profesor de “Amparo Constitucional y Derechos Humanos”. En los tiempos en que Jesús María Casal culminaba sus estudios de pregrado en la Universidad Católica Andrés Bello y se iniciaba como profesor, una treintena de universidades jesuitas de América Latina asociadas en AUSJAL (Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina) se hacían dos preguntas trascendentales que han venido alimentando y dirigiendo sus cambios. Una primera pregunta nos ponía ante la realidad de nuestros pueblos y se convertía en faro orientador de toda búsqueda y reflexión universitaria ¿Qué universidad para que sociedad? Nuestra visión crítica de la sociedad nos llevaba a tener como norte fundamental de la labor universitaria la transformación hacia una sociedad justa y libre, sin pobreza estructural excluyente. Pregunta que nos llevaba a otra no menos acuciante en el fondo de nuestras conciencias ¿No estaremos formando en nuestras universidades profesionales exitosos para países fracasados? Esta especie de duda metódica alentó y guio la renovación de la Facultad de Derecho de la UCAB bajo la conducción del Dr. Casal como Decano en la década de 1999 a 2009. Justamente su nombramiento coincidió con la aventura llamada “Revolucionaria”. Venezuela ciertamente llegaba a fin del siglo XX necesitada de un profundo cambio y con un modelo socio-económico agotado y sin respuesta satisfactoria de la dirigencia política y económica. La UCAB era exitosa en la formación de juristas y abogados, pero el reto de la realidad nacional en su conjunto era cada vez más acuciante y Casal supo dirigir el equipo de la Facultad para impulsar los cambios con decisión.
Debido a la brevedad de estas palabras mías me limitaré a mencionar solamente cuatro realizaciones trascendentales: la reforma curricular, la inclusión obligatoria de las “clínicas jurídicas” en la formación de todo estudiante, la creación del Centro de Derechos Humanos y el fortalecimiento del Centro de Estudios Jurídicos, que tanto debía al impulso creativo del doctor Alfredo Morles durante su Decanato y cuya dirección asumió Casal a partir del año 2009.
El Consejo de Facultad y luego el Consejo Universitario aprobaron las “clínicas jurídicas” y se constituyó un equipo de una decena de profesionales que acompañaran a los estudiantes en este servicio jurídico gratuito a los sectores más pobres de la población. De esta manera se ofrece a los estudiantes una extraordinaria oportunidad en su formación, la de mirar a la sociedad desde el lugar social de los más pobres y valorar la necesidad de cambio. Desde esa mirada se agiganta la misión del derecho en una sociedad democrática, pero profundamente dividida y estancada en la pobreza. Una visión desde el encuentro con los pobres y excluidos, con personas y familias que se sienten al margen de la sociedad. Esta marginación en la pobreza es una continua amenaza contra la democracia y una tentación permanente para aventuras “revolucionarias”, que terminan en tragedias nacionales. Son los pobres y sus derechos los que deben ponerse en el centro efectivo de la democracia. Son miles y miles las familias y personas de pocos recursos las que cada año se benefician de este servicio de las “clínicas jurídicas”; y me atrevo a decir que tanto o más se han beneficiado los estudiantes en su formación. Así mismo la creación del Centro de Derechos Humanos en la Facultad refleja la conciencia de la gravedad del tema en Venezuela. Sin estridencias y con alto compromiso profesional el Centro ha desarrollado su asistencia y defensa incondicional de los atropellados, por instancias del Estado, en sus derechos fundamentales.
Esta mirada a la sociedad y sus problemas lleva a la universidad a considerar como una prioridad el sentido de lo público, sentido que debe marcar a la universidad como tal y a su profesores, investigadores, estudiantes y trabajadores. No consideramos lo público como algo que no nos pertenece como universidad privada, sino que la ciudadanía consiste justamente en que lo público no es sinónimo de lo estatal, sino que es una dimensión en cada persona en la que la voluntad general es acogida y alimentada en su voluntad personal: La República se da solamente si hay republicanos, es decir constructores del espacio y la conciencia para la cosa pública y el bien común. La Universidad Católica es privada en el sentido de la iniciativa, gestión y responsabilidad, pero es al mismo tiempo pública, que forma y certifica los estudios “en nombre de la República y por autoridad de la ley”. Cuando la sociedad se desentiende de su Estado, éste cae en manos de grupos de interés que, bajo el nombre de “bien común”, hacen medrar sus intereses particulares. Una forma de esa apropiación privada del Estado es la confusión sistemática del Partido con el Gobierno y de éste con el Estado y los tres juntos en manos de un único jefe, que pretende ser la encarnación del pueblo. Esos son los estados totalitarios. Para Casal, por el contrario, la voluntad del pueblo y la dignidad de cada venezolano no son éticamente reducibles a simple comparsa del poder.
Casal, abogado egresado suma cum laude de la UCAB en 1988, realizó con honores su doctorado en derecho en la Universidad complutense de Madrid (1996). Es especialista en Derecho Administrativo de la UCV (2.000) y con estancias e investigación en Derecho a La Libertad Personal en el Instituto MAX-PLANCK en Freiburg (1995) y en la Universidad de Heidelberg (2000). En mi modesta opinión y ha tenido el postgrado más importante en este año y medio de lucha en el terreno donde se enfrentan palmo a palmo la esencia del derecho como defensa de la vida y la dignidad humana y el derecho como defensor del poder absoluto y la dictadura.
Nos alargaríamos mucho si tuviéramos que hacer referencia más detallada a la proyección latinoamericana de Casal con aportes a congresos, cátedras y publicaciones en Chile, Colombia, Costa Rica, El salvador, Perú Uruguay y otros.
Vaya nuestra felicitación a Jesús María Casal y a su familia. También nos felicitamos como Academia de Ciencias Políticas y Sociales, pues su participación nos fortalece y refuerza nuestro compromiso democrático y constitucional en esta hora trágica y heroica del país. Contamos con él para fortalecer esta responsabilidad que la Academia de Ciencias Políticas y Sociales viene desarrollando en defensa de la democracia en Venezuela y la reconstrucción del país con estado de derecho, para que en esta tierra de libertadores sean inseparables la libertad, la justicia y el derecho frente a cualquier tentación totalitaria.
