Luis Fuenmayor Toro
Hemos afirmado por mucho tiempo que el sector científico nacional es muy débil si se le compara con el de otros países de la región, pero sobre todo si la comparación se hace con los del llamado mundo desarrollado. Las cifras de investigadores reales en nuestras universidades son muy bajas, el porcentaje de doctores entre los docentes a dedicación exclusiva y tiempo completo también, el número de cursos de postgrado de nivel doctoral es reducido y la producción de publicaciones de calidad por investigador, así como las patentes generadas, demuestran una situación de precariedad alarmante.
El financiamiento estatal de la ciencia y la tecnología es muy reducido, situación opuesta a la presentada por la demagogia oficial, que habla de asignaciones porcentuales elevadas del PIB, que realmente financian cualquier cosa menos investigación científica y tecnológica. Ocurre lo mismo que se produce en el sector universitario y educativo general, donde la deserción y exclusión son escondidas, al igual que el BCV hace con la inflación y el Ministerio de Salud con las endemias y epidemias, la carestía de fármacos y no publica los indicadores de salud.
Nadie, en su sano juicio, puede negar la indigencia científica y educativa existentes, con excepción de quienes perdieron la brújula hace ya un tiempo, ante un fanatismo ideológico incomprensible en gente normal. No me refiero a los mercenarios, pues éstos han sido comprados en diversas formas por el Gobierno “revolucionario”. El deterioro de las instituciones de investigación es más que evidente y sólo es negado por quienes niegan también la existencia de la escasez, la inflación, la inseguridad, la corrupción, la insalubridad y la represión reinantes, posición que nos dice quiénes son.
Esta situación no es cualitativamente nueva, pues existía en la mal llamada cuarta república, aunque claramente ha alcanzado unos niveles de deterioro escandaloso, que son muy superiores a los de aquella época y que pueden crear confusión en algunos en relación con ese pasado. Desde entonces también afirmamos que los esfuerzos no coordinados ni planificados de las universidades y otros entes, para el impulso de las ciencias, hicieron que éstas, a partir de 1959, dejaran de ser clandestinas, pero siguieron siendo marginales. Y esto no fue una casualidad, obedeció a un diseño de país ejecutado por la élite política que asumió el poder luego de la caída de Pérez Jiménez.
Las acciones de los investigadores, individualmente o en grupos pequeños u organizados en asociaciones como la Asociación Venezolana para el Avance de las Ciencias, así como las de las universidades influidas por estos mismos científicos, lograron la creación y subsistencia de grupos de excelencia de producción de conocimientos, en todas las universidades autónomas y algunas experimentales y en institutos de investigación como el IVIC, el cual fue el consentido del pasado adecocopeyano, sin que ello significara que recibiera el trato que ha debido recibir como instituto de excelencia nacional.
Estos grupos se desarrollaron contra todos los contratiempos, limitaciones e incomprensiones, y lograron éxitos en relación con el conocimiento nacional y universal. La llegada del chavismo, sobre todo luego de los primeros años, comenzó a cambiar, y no para bien, este estado de cosas hasta llegar al grave deterioro actual. La ciencia se ha reducido a pocos grupos distribuidos nacionalmente, algunos con conexiones internacionales que los ayudan a conservar su excelencia, y que son una reserva científica para no tener que arrancar de cero cuando pase todo este vendaval de destrucción.
Llegado el momento, necesitaremos iniciar la formación de investigadores en el país y en los mejores centros extranjeros, incorporando anualmente a unos dos mil estudiantes becados de doctorado durante 15 años, en todas las áreas del conocimiento privilegiando las de punta: nanotecnología, electrónica, superconductividad, ingeniería genética, biotecnología, robótica inteligente, nuevos materiales, informática, telecomunicaciones y sistemas complejos. Además, en áreas relacionadas con nuestras necesidades y potencialidades: energías limpias, química orgánica, síntesis química, vacunas, medicamentos, petroquímica, bioquímica de parásitos, finanzas y medio ambiente.
Adicionalmente, se impulsará la reincorporación de investigadores jubilados que acepten hacerlo, con una remuneración adicional a sus pensiones, para ser dedicados únicamente a la formación de doctores. Donde se requiera se contratará a investigadores extranjeros y se estimulará la repatriación de los científicos que se hayan marchado del país. Se establecerá una nueva carrera académica en universidades y centros de investigación, que unifique los requisitos básicos del ingreso y de los ascensos y garantice el mantenimiento de la excelencia de las actividades, además de otorgar sueldos similares o superiores a las mejores remuneraciones latinoamericanas.
Sobre el financiamiento, debe rescatarse lo establecido en la primera Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, que obligaba a las empresas de cierta dimensión, en especial a PDVSA, a dedicar un porcentaje de su ingreso bruto, proponemos hasta un 3 % anual ($900 x 106 con crudo a $40/barril), a financiar la investigación en el país. Basta ya que la primera empresa nacional compre todo el conocimiento que necesita en el exterior, mientras nuestros centros de investigación languidecen. Construir nueva planta física, rescatar la existente, adecuar los servicios básicos incluyendo la Internet, equipar los laboratorios, computarizarlos, formar al personal auxiliar, dotar las bibliotecas reales y virtuales y garantizar la seguridad personal de investigadores, estudiantes y trabajadores y de las instituciones completarían las propuestas.
Fuente:
La Razón, pp A-4, 4-12-2016, Caracas.
