Elsa Pilato
Veintiséis instituciones públicas y privadas que atienden la discapacidad en Venezuela se reunieron por vez primera para abrir un nuevo espacio de discusión y propuestas, y comenzar a forjar una alianza que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en el país.
La I Jornada sobre discapacidad, derechos humanos y políticas públicas se realizó este jueves 7 de diciembre en la Sala Rosario Horowitz de la Biblioteca de la Universidad Simón Bolívar, un encuentro que el profesor Marino González, coordinador de la Unidad de Políticas Públicas (UPP USB), calificó como de gran significación. “Es el primer gran esfuerzo de alianza entre las instituciones que trabajan por las personas con discapacidad, y la USB está acompañando y apoyando esta iniciativa como universidad al servicio del país y desde la Unidad de Políticas Públicas que realiza trabajos de investigación y formación en los problemas de la gente”.
González indicó que se estima que 15 por ciento de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad. “Es necesario hacer un esfuerzo en investigación y análisis para conocer quiénes son esas personas y sus características, hacer énfasis en su atención y sus derechos, tanto desde el Gobierno como desde la sociedad, y también en las políticas que tienen que influir para que las personas con discapacidad vivan mejor y desarrollen su máximo potencial afectivo, intelectual y cognitivo”.
Resaltó que todas las instituciones participantes tienen el propósito de trabajar juntas para aportar soluciones y que esta alianza debe estar guiada por la Agenda 2030 de objetivos y metas de desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que incluye a las personas con discapacidad.
Caracterización de las personas sordas
La Confederación Sordos de Venezuela (Consorven), impulsora de la jornada junto con la UPP USB, presentó los resultados de una investigación realizada durante los últimos dos años en diez estados del país sobre la situación de los sordos venezolanos, y también los avances que ha alcanzado en divulgación y formación en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad auditiva.
Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven, señaló que la confederación cuenta con 23 asociaciones en 18 estados del país, en algunos de los cuales se han establecidos alianzas municipales.
La investigación se realizó en 2016 y 2017 en diez estados, con una muestra de 206 individuos, y se concentró en indagar sobre el nivel educativo de las personas sordas, su conocimiento de la lengua de señas venezolana (LSV), su acceso a la educación y al trabajo y su conocimiento de los derechos humanos.
La investigación encontró que de los encuestados 23% tiene nivel universitario, 44% bachillerato, 29% primaria y 4% sin estudios, y en cuanto al trabajo, 60 por ciento trabaja, 36 por ciento está desempleado y 4 por ciento jubilado. De quienes trabajan, 56 por ciento lo hace en empresas privadas, 34 por ciento en la administración pública y 9 por ciento en el comercio informal.
Una de los hallazgos fue que solo 9 por ciento de los sordos que conocía la LSV la aprendió en el entorno familiar, y 68 por ciento en la escuela. “Es una debilidad que encontramos, porque quiere decir que ya en edad escolar no conocen la LSV, la van a aprender cuando ingresan a la escuela”.
En el aspecto de la comunicación, 44 por ciento dijo que conocía la oral y LSV y 56 por ciento afirmó que solo se comunicaba a través de la Lengua de Señas Venezolana.
En habilidad para leer, 83 por ciento afirmó saber leer, pero la realidad al hacer la validación de la respuesta con una prueba arrojó que solo 10 por ciento de los entrevistados tuvo un dominio avanzado de la lectura, 37 por ciento un nivel intermedio y 34 por ciento un nivel básico.
En cuanto a la escritura, 60 por ciento puede escribir tres palabras y 30 por ciento dos palabras, y con respecto al conocimiento sobre derechos humanos, 91 por ciento expresó que desconocía el tema y 9 por ciento que tenía nociones básicas sobre la materia.
Los resultados de la investigación, destacó De Gouveia, son útiles para toda la estructura del Estado y la sociedad, y que es necesario continuar trabajando para sumar a las personas sordas y comunidad en general en el conocimiento de los temas relacionados para incidir en las instancias sociales y políticas y poder mejorar la situación de las personas con discapacidad y sus derechos.
Por su parte, Víctor Baute, secretario general y coordinador de la Unidad de atención a las víctimas de violación de DDHH de Consorven, indicó que se han formado en derechos humanos a 1.056 personas sordas y 50 de ellas como promotores de derechos humanos, responsables de divulgar y recoger las denuncias de violaciones. La formación se realizó en diez estados del país y se empleó y adaptó el material educativo y los resultados de los talleres a la lengua de señas venezolana.
Fuente: https://usbnoticias.info/post/54082
