Organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y ambientalistas han emitido un pronunciamiento público para alertar sobre los riesgos que implica el Proyecto de Ley Orgánica de Minas, actualmente en discusión en la Asamblea Nacional de Venezuela. Según los firmantes, esta legislación no solo institucionaliza el ecocidio, sino que también facilita el blanqueo del llamado «Oro de Sangre» en el país.
El documento, suscrito por 22 organizaciones nacionales e internacionales, denuncia que el proyecto legaliza y profundiza el saqueo sistemático de la Amazonía venezolana y del Escudo Guayanés, mientras agrava la devastación ambiental y social. Los firmantes advierten que, lejos de garantizar transparencia y control, la iniciativa legislativa fomenta la opacidad y discrecionalidad en las operaciones mineras, otorgando al Ejecutivo Nacional amplias facultades para declarar minerales estratégicos y otorgar concesiones sin mecanismos de escrutinio público ni consulta a las comunidades afectadas.
Críticas al concepto de «Desarrollo Minero Ecológico»
Uno de los puntos más cuestionados es la introducción del término «Desarrollo Minero Ecológico» en el Artículo 8 del proyecto de ley. Las organizaciones consideran que esta denominación es incompatible con la práctica minera actual, calificándola como una «falsa promesa de sostenibilidad» que oculta la destrucción masiva de biodiversidad y cuencas hidrográficas.
Riesgos ambientales y vulneración de derechos indígenas
El pronunciamiento subraya que el proyecto presenta graves vacíos en regulación ambiental. Aunque menciona los Estudios de Impacto Ambiental, no los establece como requisito obligatorio para otorgar concesiones, lo que, según los firmantes, profundiza el riesgo de daños irreversibles en la Amazonía venezolana. Además, se alerta sobre la posible afectación de áreas protegidas como Reservas de Biosfera y Zonas Protectoras, que no están explícitamente excluidas en el texto legislativo.
En cuanto a los pueblos indígenas, las organizaciones expresaron su preocupación por la omisión del derecho a la demarcación territorial y al consentimiento libre, previo e informado, estándares internacionales fundamentales para garantizar sus derechos. Asimismo, denunciaron que la militarización de las zonas mineras, mediante la creación del «Resguardo Nacional Minero» bajo control de la Guardia Nacional Bolivariana, podría acentuar violaciones de derechos humanos y aumentar los riesgos de corrupción.
Propuestas para una reforma integral
En su comunicado, los firmantes instan a la Asamblea Nacional a pausar la discusión del proyecto e incorporar modificaciones que garanticen transparencia, respeto por los derechos humanos y protección ambiental. Entre las propuestas destacan:
- Transparencia: Establecer mecanismos públicos para supervisar las autorizaciones y operaciones mineras.
- Estudios obligatorios: Garantizar la realización de Estudios de Impacto Ambiental y Sociocultural como requisito indispensable para las concesiones mineras.
- Gestión ambiental: Implementar sistemas robustos de control y seguimiento ambiental basados en estándares internacionales.
- Derechos indígenas: Incorporar un marco legal que respete el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas.
- Seguridad: Limitar la intervención militar a funciones constitucionales específicas para evitar abusos.
- Remediación ambiental: Crear un marco normativo urgente para garantizar planes de saneamiento ecológico y reparación de daños.
Llamado a respetar la Constitución y proteger el ambiente
Las organizaciones exigen que cualquier cambio legislativo respete la Constitución venezolana y las leyes ambientales vigentes. Además, recalcan que este tipo de reformas solo serán efectivas si se realizan dentro de un marco democrático que fortalezca las instituciones nacionales.
El pronunciamiento concluye con un mensaje contundente: «El oro de Venezuela no vale la vida de nuestros ríos, selvas y comunidades». Entre los firmantes se encuentran SOSOrinoco, Provea, Clima21, Fundación Aguaclara, Observatorio de Ecología Política de Venezuela y la Universidad Autónoma Indígena-Wainjirawa, entre otros grupos comprometidos con la defensa del medio ambiente y los derechos humanos.
Aquí el texto completo del pronunciamiento
