El Estado de Derecho y la Democracia son el marco institucional propicio para el respeto, garantía y protección de los derechos humanos. El respeto a la Constitución, la independencia de los poderes públicos, la actuación de los funcionarios públicos con sujeción al ordenamiento jurídico y la responsabilidad por la violación de los derechos humanos, son elementos sustanciales para la existencia de una sociedad democrática
La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, en su misión de participar en la construcción de una convivencia justa y pacífica fundada en la fe y en el respeto a la dignidad humana, lamenta los violentos incidentes ocurridos durante el presente mes. Nos duele hondamente el costo humano que dejan como saldo las manifestaciones ocurridas en diferentes zonas del País los días 12 y 13 de febrero, que, hasta el momento, han arrojado 3 ciudadanos muertos y aproximadamente 66 heridos y 80 detenidos.
Ante esta situación:
Rechazamos
- La criminalización generalizada, por parte del Estado, del derecho a manifestar y protestar.
- La participación de grupos civiles armados al margen de la ley (paramilitares) con la venia muchas veces de instituciones y fuerzas pública que tienen el deber de garantizar la paz social y los derechos fundamentales.
- El uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza para mantener el orden público, vejando la dignidad humana.
- La restricción de la información y la autocensura que generan rumores infundados, incertidumbre y desasosiego en la población.
- Las detenciones arbitrarias, la irregularidad de la designación de un centro de reclusión que queda distante del Juez Natural y del sitio donde sucedieron los hechos.
- Los tratos crueles para con los detenidos que atenten con la Dignidad Humana.
- Cualquier iniciativa que tienda a la violencia y tergiverse la voluntad pacifica de los ciudadanos a expresar sus opiniones, ideas y descontentos.
Exigimos
- A los partidos políticos, a la sociedad civil, a las instituciones del Estado venezolano a tolerar y reconocer las diversas ideas, opiniones, planteamientos, para dialogar, negociar y construir de manera democrática alternativas inclusivas, justas y pacíficas. La violencia y el conflicto fratricida es un camino ciego.
- Respuestas institucionales apegadas al debido proceso que orienten de manera eficaz, independiente e imparcial una investigación para garantizar la verdad y la consecución de la Justicia.
- Un listado de los detenidos con su ubicación exacta y cargos que se le imputan, para garantizar el derecho a la legítima defensa y que la familia tenga la información de su familiar.
- El respeto al derecho a manifestar y protestar de manera pacífica en el marco constitucional.
- Al Estado Venezolano a respetar el derecho a la integridad personal y a las garantías judiciales de los detenidos.
- Al Estado adoptar mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos en marchas y manifestaciones de protesta.
Nos solidarizamos con todos los familiares de las víctimas, expresándoles nuestras palabras de condolencia y nuestra oración en estos momentos de tristeza y dolor.
Pedimos a todos los cristianos: orar intensamente y trabajar en la construcción de la paz, dando testimonio de un auténtico seguimiento a Jesucristo, nuestro Señor, para hacer posible en nuestro país la fraternidad de los hijos e hijas de Dios. Elevamos nuestras oraciones por todas las víctimas de la violencia y sus familiares.
Nos comprometemos desde la Vicaría de Caracas, La Vicaria de Los Teques y la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal a trabajar conjuntamente con el Foro por la Vida en el acompañamiento y la asesoría las víctimas y hacer un seguimiento a los hechos ocurrido, exigiendo una investigación independiente, la garantía y el respeto de los Derechos Humanos.
En Caracas, a los 14 días del mes de Febrero del 2014
+ Mons. Roberto Luckert León + Mons. Baltazar Porras
Presidente Presidente
Oficina de Justicia y Paz Comisión de Pastoral Social
