Nelson Fréitez
La organización de la población y el Estado venezolano a través de Comunas es una propuesta del actual gobierno que viene siendo implementada desde el año 2009, la cual con base en un conjunto de leyes aprobadas en el 2010, cuenta con una amplia base jurídica aún no aplicada. En el Plan de la Nación 2013-2019 se establece que para ese último año se habrán constituido 3.000 Comunas a razón de 450 por año en las cuales residirá alrededor del 70% de la población venezolana.
Se creó un ministerio para promoverlas y se les ha dedicado un importante volumen de recursos para financiar su formación y sus proyectos comunitarios.
La propuesta de conformación de Comunas ha despertado interés sobre todo en las bases más activas y movilizadas de quienes respaldan el actual gobierno. Ya son más de 500 las Comunas que se han ido constituyendo en diversas entidades del país promovidas tanto por el Ministerio creado a tal fin, como por los mismos grupos que habían constituido los Consejos Comunales u otras formas organizativas.
Cuentan con un amplio respaldo político, legal y financiero y con unas altas expectativas gubernamentales de que progresivamente puedan asumir atribuciones que hoy gestionan gobernaciones y alcaldías. Sin embargo, el elemento central de una Comuna – lo que debe constituir teóricamente su sustancia y razón de ser – es la participación real y efectiva de la población en la organización y funcionamiento de la misma. Tanto en lo socioproductivo en la medida en que se concibe a la Comuna como un espacio de producción e intercambio endógeno de bienes y servicios que generan y distribuyen en el espacio comunal empresas de producción social comunitarias- como en lo político-administrativo para la gestión de servicios comunitarios.
Ambos tipos de funciones de las Comunas socioproductivas y político/administrativas- demandan un amplio desarrollo de capacidades por parte de las comunidades, lo cual exige, por un lado, la formación técnica de tales capacidades y, por otra parte, la iniciativa económica y el compromiso comunitario para asumir los procesos productivos y participativos.
La práctica que ha desarrollado este gobierno en la última década en la promoción económica entre sectores populares cooperativas, ´empresas socialistas´- nos demuestra que las mismas se basan en un exceso de financiamiento del Estado, tutelaje gubernamental de las iniciativas e improvisación en su organización, lo cual no ha garantizado su sostenibilidad. Si las empresas comunitarias que serán promovidas en las Comunas tienen similares procesos de creación, basadas exclusivamente en un financiamiento estatal de carácter partidista y clientelar, no podemos esperar ni verdadera participación comunitaria ni consolidación de tales empresas. El Estado Nacional asfixiará la iniciativa comunitaria que se verá inhibida y tutelada por los recursos gubernamentales y por los entes y líderes políticos que los administran. No veremos autogestión comunitaria sino dependencia financiera del Estado, con el consecuente tutelaje que trae aparejado.
