Por Comité de Derechos Humanos de la Guajira.
El “Comité de Derechos Humanos de la Guajira” alza su voz para denunciar y repudiar la represión violenta de la fuerzas de seguridad del Estado contra la Gran Nación Wayuu que manifestaba pacíficamente en el territorio ancestral de Paraguaipoa el día 7 de octubre de 2020, para exigir servicios públicos básicos como electricidad, agua, gas, transporte, alimentos, exigencias legítimas ante el caso omiso que hacen las autoridades municipales y regionales a las necesidades de la población indígena wayuu que subsiste precariamente en medio la emergencia humanitaria compleja que se ha profundizado con la COVID-19 y que ha afectado a niños, ancianos y mujeres de la Guajira Venezolana.
La manifestación pacífica del pueblo wayuu representa el clamor de seres humanos que piden atención urgente a necesidades básicas para sobrevivir en su territorio ancestral, para el día 2 de octubre de 2020, más de 70 comunidades se encontraban sin servicio eléctrico, con apagones de hasta 2 días seguidos; sumado a la imposibilidad en las telecomunicaciones por cuanto el servicio de telefonía de Movilnet tiene más de 6 meses sin funcionar en la Región Guajira y los mantiene incomunicados y desinformados; la imposibilidad de comprar cisternas de agua porque el vital líquido no llega a la comunidades desde hace muchos años como tampoco llega el gas doméstico; aunado a las restricciones al libre tránsito que les impide ejercer sus ancestrales actividades comerciales para generar sus ingresos económicos; el incumplimiento en la entrega de alimentos del programa CLAP y la restricción para movilizarse a comedores alimentarios de la ONU en la frontera colombiana; así como, el desabastecimiento de insumos y medicinas y la desidia en la que se encuentra el Hospital Binacional de Paraguaipoa, ante esta realidad que los agobia día a día y, ante las humillaciones y el maltrato militar, así como la desatención gubernamental en todos los niveles de gobierno, conllevan al pueblo wayuu a protestar pacíficamente, luego de solicitar a la Alcaldesa Indira Fernández hacer acto de presencia para dar respuestas y soluciones a la problemática social y, la Alcadesa incumpliendo su palabra no acude al llamado del pueblo wayúu, sino que aparece la fuerza militar para reprimir y amedrentar a una población vejada y vulnerada en todos sus derechos.
La embestida violenta de la Guardia Nacional Bolivariana disparando perdigones y bombas lacrimógenas en horas de la madrugada para dispersar la protesta pacífica que se estaba desarrollando desde el día 5 de octubre de 2020 en la Troncal del Caribe, dejó como saldo indígenas wayuu heridos, privados de libertad, allanamientos sin orden judicial y un buen número de perseguidos por los cuerpos de seguridad del Estado a quienes les han allanado sus hogares sin orden judicial, lo que ha forzado su desplazamiento en búsqueda de salvaguardar su vida y su integridad personal ante la militarización impuesta en el territorio indígena de Paraguaipoa como respuesta gubernamental.
Las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas Wayuu y Añu, el irrespeto a sus tradiciones y a sus tierras ancestrales por parte de las fuerzas militares y policiales, así como por las autoridades municipales, regionales y nacionales, es una realidad latente que ha persistido durante años de años de discriminación, años de amedrentamiento y años de abandono, siendo uno de los grupos más vulnerables del Estado Zulia que es reprimido brutalmente por las fuerzas de seguridad cuando levantan su voz pacíficamente para exigir sus derechos, tal como sucedió el 12 de abril de 2020 en el territorio indígena de Guarero donde el uso excesivo de la fuerza pública dejó como saldo mujeres wayuu heridas por perdigones cuando manifestaban pacíficamente exigiendo alimentos, agua y electricidad. Este nuevo ataque, seis meses después, el día 7 de octubre de 2020, sin duda alguna, responde a un patrón sistemático de represión contra los indígenas wayuu que pretende crear un estado de miedo y terror y de esa manera mayor control social en la población indígena que históricamente ha sido vulnerada.
Los tres (3) indígenas wayuu detenidos arbitrariamente por la Guardia Nacional Bolivariana durante la manifestación pacífica en el territorio de Paraguaipoa, golpeados y heridos al momento de su ilegal detención, son trasladados el día 9 de octubre de 2020 a la ciudad de Maracaibo para ser presentados por ante el Juzgado 13 en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia a cargo de la Juez Mary Carmen Parra, quien dictó medida privativa de libertad solicitada por el Ministerio Público y ordenó como centro de reclusión el Comando 112 de la GNB llamado Puerto Guerrero, ubicado en la cabecera del puente sobre el río Limón del Municipio Guajira. La Fiscalía de flagrancia del Ministerio Público imputo los delitos de incitación al odio, obstaculización de vías públicas y violación al decreto presidencial.
El grupo de indígenas que es objeto de hostigamiento, y persecución por ejercer su derecho a la manifestación pacífica asciende a diecisiete (17) indígenas wayuu, entre mujeres y hombres, vecinos y dirigentes comunitarios que fueron golpeados y lesionados durante la brutal represión de la GNB, se vieron obligados a desplazarse forzosamente y en clandestinidad ante las amenazas a su integridad personal y la de su núcleo familiar y ante los allanamientos ilegales a sus viviendas, luego de que sus nombres estuvieran registrados en la lista de vocería comunitaria que solicitaron las autoridades municipales y militares para fijar una reunión que nunca se realizó por la incomparecencia de la Alcaldesa Indira Fernández, quien se burló una vez más del pueblo indígena wayuu al no dar respuesta a la problemática social existente y aceptar la militarización del territorio ancestral para seguir sembrando el miedo y el terror entre la población wayuu.
Este patrón de actuación arbitraria, de violencia y abuso tanto de las fuerzas de seguridad del Estado Venezolano, así como, de la Alcadesa del Municipio Guajira Indira Fernández contra la población indígena wayuu debe cesar de inmediato, ya que es violatoria de los derechos humanos de la Gran Nación Wayuu al contravenir lo consagrado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas en su artículo 1° que establece:
“Artículo 1. Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos”.
De igual manera, viola la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que en su artículo 119 reconoce a los pueblos indígenas al tenor siguiente:
“Artículo 119. El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en la ley”.
Y, por último, transgrede la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, la cual reconoce a los pueblos indígenas como pueblos originarios y su artículo 1 así lo señala:
“Artículo 1. El Estado venezolano reconoce y protege la existencia de los pueblos y comunidades indígenas como pueblos originarios, garantizándole los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, pactos y convenios internacionales y otras normas de aceptación universal, así como las demás) leyes de la República, para asegurar su participación activa en la vida de la Nación venezolana, la preservación de sus culturas, el ejercicio de la libre determinación de sus asuntos internos y las condiciones que los hacen posibles.”
El Comité de Derechos Humanos de la Guajira, con ocasión del Día de la Resistencia Indígena en Venezuela y en toda hispanoamericana y ante la amenaza cierta que se cierne sobre los indígenas wayúu pobladores del territorio ancestral de la Guajira Venezolana EXIGE al Estado:
- La desmilitarización inmediata del territorio indígena Guajira, ancestralmente habitado por el pueblo Añu y la Gran nación Wayúu. La pandemia por Coronavirus no puede ser usada como excusa para violentar derechos de pueblos y comunidades indígenas. Militares no entienden la cultura, ni hacen análisis o abordaje diferenciado de la pandemia, de las necesidades y las afectaciones en del déficit de derechos económicos, sociales y culturales ni de las afectaciones culturales. Basta de usar una política de guerra contra pueblos indígenas del país. Señalando a indígenas como enemigos, “guarimberos” o delincuentes.
- Liberación de personas detenidas arbitrariamente: Las tres (3) personas detenidas arbitrariamente durante la manifestación no estaban infringiendo la ley, no estaban cometiendo ningún delito y no estaban incitando al odio. No fueron detenidos en flagrancia, por lo que deben ser liberados sin ningún cargo.
- El cese de los allanamientos ilegales y las listas persecutorias contra quienes se encontraban manifestando pacíficamente por derechos fundamentales.
- El cese de usar el decreto presidencial de estado de alarma y toque de queda como excusa para violar derechos a la manifestación pacífica, libertad de expresión, y derechos de pueblos y comunidades indígenas.
- Garantía y respeto a la protesta pacífica: Solicitamos de manera urgente el respeto, garantía y promoción del derecho fundamental a la protesta pacífica.
- Atención urgente a la Emergencia Humanitaria compleja que vive la Guajira Venezolana. Atención urgente, adecuada, concertada, consultada y con participación de las comunidades ante la grave Emergencia Humanitaria y servicios que viven comunidades indígenas de la Guajira Venezolana y que afectan derechos de los Pueblos indígenas Wayúu y Anú.
- Cese de hostigamiento y criminalización de la labor de defensores y defensoras de los derechos indígenas, que hacemos acompañamiento, denuncia y monitoreamos que los derechos de nuestros pueblos ancestrales Añu y Wayúu no sean vulnerados. La labor en defensa de los derechos humanos no puede significar la persecución y el hostigamiento en contra, poniendo en riesgo al integridad y vida de defensores/as.
- Se dé inicio a la Investigación de manera inmediata y de forma imparcial y transparente por parte de la Fiscalía del Ministerio Público en Materia Indígena con Competencia Nacional para que investigue los hechos, garantice y resguarde las luchas del pueblo ancestral indígena wayuu.
- La Defensoría Delegada Especial Indígena del Estado Zulia para que ejecute los procedimientos de denuncia y defienda los derechos de las víctimas y del pueblo Wayúu.
- Se exhorta a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que comparte el territorio indígena, para que respete a los pueblos Wayúu y Añu de la Guajira Venezolana y cese todo tipo de actuación violenta en su contra y en contra de sus autoridades ancestrales respetando su identidad, su dignidad, sus tradiciones y su territorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 260 de la Constitución Nacional.
Por último, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira, como organización que defiende los derechos humanos de la Gran Nación Wayuu y del pueblo Añu, solicita a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, así como también, a la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y a la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que registre y documente los tratos crueles e inhumanos, las detenciones arbitrarias y persecución a la población indígena wayuu que ejerce sus derechos civiles y políticos en territorio ancestral de la Guajira Venezolana, pues forma parte de un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos perpetrado por las fuerzas de seguridad del Estado Venezolano contra el pueblo indígena wayuu en su territorio.
En Paraguaipoa a los 12 días del mes de Octubre de 2020.
