Ivonne Rodríguez González.
El jesuita advierte que si en los próximos tres años no se logra el proceso de paz en La Habana, el conflicto armado recrudecerá. Desde el Magdalena Medio preparan propuestas para implementar acuerdos que lleven a la paz territorial.
“El tiempo apremia. Independiente de todas las críticas al gobierno, hay que parar esta guerra provocada por las Farc, el Eln, el Epl y los paramilitares. Esto es un desafío impresionante y es necesario que lo asumamos con la gravedad que implica”, dijo en Barrancabermeja el padre Francisco De Roux, fundador del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, durante el séptimo Encuentro Regional para la Paz convocado por diversas organizaciones no gubernamentales para pensar el posconflicto en el país
Ante por lo menos 250 personas de varias organizaciones sociales del Magdalena Medio, De Roux aseveró que de no lograrse una pronta desmovilización de todas las guerrillas, vendrá una guerra más cruda: “El país traerá al Ejército norteamericano, llegarán armas extranjeras y eso será una locura”, afirmó y de paso recordó lo que sucedió tras el fallido proceso de paz con la guerrilla de las Farc durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2000).
Organizaciones de la sociedad civil, apoyadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, realizan los Encuentros Regionales para la Paz, una iniciativa que pone a dialogar a campesinos, empresarios, jóvenes, iglesias e instituciones estatales alrededor de los acuerdos alcanzados en La Habana con la guerrilla de las Farc.
Con el del Magdalena Medio ya son siete los encuentros realizados y a final de año esperan sumar otros cinco. Las propuestas de los 12 territorios se traducirán en un documento que presentarán en febrero de 2015 al Alto Comisionado para la Paz y la Mesa de Diálogos en La Habana.
“Desde hace muchos años los territorios discuten el tema. Lo que hacemos ahora es acercar lo que se está acordando en La Habana para proponer cuáles son esos cambios que debe hacer el Estado para que la paz sea real”, explicó Irma Perilla, coordinadora programática de los Encuentros Regionales por la Paz.
Avances y fragilidades del proceso de paz
De Roux contó la experiencia del grupo de víctimas que ha ido a La Habana y destacó que el proceso de paz ha avanzado en términos del reconocimiento que han hecho tanto los militares como las Farc en relación con los efectos de la violencia.
Al comienzo ambos actores armados se referían a los crímenes como errores de la guerra, luego como errores políticos y “ahora que son graves violaciones al ser humano y que con estas violaciones se han dañado así mismos”, indicó el fundador del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.
De Roux dijo que un tema fundamental para lograr la paz territorial es la tierra y que para ello es clave “construir un plan de ordenamiento territorial que sea dialogado entre campesinos, sindicalistas, empresarios y la iglesia”. El Estado, a su juicio, debe definir, a partir de las propuestas, qué bosques se protegen, qué bosques son productivos, cuáles serán las Zonas de Reserva Campesina, dónde está la explotación minera y la agroindustria, y bajo qué condiciones.
El jesuita planteó cinco fragilidades del proceso de paz que la sociedad y el gobierno deben saber resolver. La primera se refirió a la politización del proceso: “Lo que ocurre en La Habana no es un triunfo de un político o la razón de otro. Es la posibilidad de vivir como seres humanos”.
La segunda es la incorporación del Ejército de Liberación Nacional (Eln) al proceso de paz. A su juicio, “desmovilizar a esta guerrilla es importante y desde hace ocho meses se están tratando de hacer acercamientos para tenernos en la Mesa”.
La tercera fragilidad es el tiempo de la paz. Según De Roux, la negociación no tiene más que tres años para lograr la desmovilización de las guerrillas.
La cuarta es la dificultad con empresarios, políticos y medios de comunicación para que acepten los cambios estructurales que se deben hacer: “Hay unas resistencias hondas a la política rural conversada en La Habana. También tenemos el ejército más grande del mundo. ¿Vamos a seguir con ese ejército que se lleva gran parte del presupuesto que debería ser para educación, salud o vías?”.
Y en quinto lugar se refirió al peligro que representa “la extrema derecha. Miremos lo que pasó con la Unión Patriótica (UP). La extrema derecha mata”, concluyó De Roux.
Concretar paz territorial
Ubencel Duque Rojas, director de la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, consideró que hay varios temas por analizar para que se logre la paz territorial. El primero es que se declare el cese al fuego. “Al estar negociando en medio del conflicto en los territorios se sigue manteniendo el rigor de la guerra. Seguir negociando así implica una falta de coherencia política. Una cosa es lo que se dialoga en La Habana y otra lo que está sucediendo en las regiones. Es como si habláramos de dos países distintos”.
Otro tema es garantizar un proceso de paz con el Eln y el Epl para lograr la desmovilización de toda la insurgencia, y que el Estado además cumpla los acuerdos pactados con las autodefensas. “Hay una reproducción de la violencia con otro sistema y estos actores controlan los territorios profundizando el narcotráfico”, señaló Duque.
Uno más es la construcción de confianza en los territorios. Si se avanza en los acuerdos que ha establecido el gobierno con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, “demuestra que se está en la capacidad de reconocer a la sociedad civil como un actor político fundamental en la elaboración de acuerdos y la terminación del conflicto”, indicó.
Irma Perilla, coordinadora programática de los Encuentros Regionales para la Paz, señaló que hay esperanza con el anuncio del desescalamiento del conflicto, lo que a su juicio “evidencia madurez en el proceso, pero hay que acercar esos acuerdos que están negociando y saber qué incidencia tienen en la cotidianidad”. Para que haya paz, dijo, “se deben tener en cuenta las demandas y agendas de cada región, identificar qué cambios hay que hacer y preguntarse si con las instituciones que tenemos podemos hacer esos cambios”.
Qué dicen las comunidades
En el Magdalena Medio, una región azotada por todos los actores armados, líderes de varias comunidades del sur de Bolívar y Antioquia que asistieron al encuentro regional en Barrancabermeja coinciden en señalar que para concretar la paz territorial el Estado debe invertir, resolver los conflictos por tierras y garantizar que no se repita la violencia. VerdadAbierta.com habló con varios de ellos.
Gil Alberto García López tiene 62 años y toda su vida ha trabajado en el campo. Su familia llegó, como muchos colonos, al sur de Bolívar para cultivar la tierra. Desde 2006, después de la desmovilización de Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que los desplazó y ocupó sus fincas, los campesinos de los corregimientos de Monterrey, San Blas, San Joaquín, Santa Lucía y El Paraíso, del municipio de Simití, se organizaron en el Comité Cívico del Sur de Bolívar para buscar la reparación colectiva y reconstruir sus comunidades.
Mientras relata su historia, García guarda silencios y se le pierde la mirada recordando que “no ha sido fácil” comenzar de cero después de que encontraron sus parcelas copadas de maleza, sin animales y con los restos de munición que dejó la guerra.
Este labriego cree que el principal problema de las 12 mil personas que viven en esos cinco corregimientos es la carencia de títulos de propiedad. Sus tierras están protegidas por la Ley 2 de 1959 que determina que están sobre un territorio considerado reserva forestal y no debe ser intervenido por seres humanos.
“Pero el gobierno debería revisar si la gente lleva más de cincuenta años trabajando en ellas”, propuso. Es lo que le sucede por ejemplo a Valledupar y Buenaventura, cuyos territorios están en Ley 2, pero están habitados y explotados. “Al no tener un título eso nos dificulta acceder a un crédito. Los bancos consideran que no hay una garantía para que nos preste”, explicó García.
Lo mismo les sucede a los pobladores del corregimiento de Micoahumado en el municipio de Morales, también en el sur de Bolívar. Pablo Jesús Santiago Quintana, líder en esta región del Proceso Soberano Comunitario por la Vida, la Justicia y la Paz, reconoció que estas tierras están protegidas con reserva forestal.
“Como zonas protegidas no hay vías y los alcaldes se escudan en esta figura para no invertir”, destacó Santiago. En su corregimiento viven 350 familias en el sector rural y otras 180 en el área urbana del corregimiento, es decir unas 2 mil 600 personas.
Aunque en la región el Magdalena Medio hay dos Zonas de Reserva Campesina, entre ellas la de Morales-Arenal con 29 mil 110 hectáreas reconocidas en junio de 1999 por el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora, hoy Incoder), Santiago afirmó que esa extensión no garantiza ni es suficiente para la producción y sostenimiento de todas las familias del municipio.
“Uno mira que el gobierno busca un diálogo con los armados pero desconoce las necesidades de las comunidades. Es importante reflexionar que no sólo las armas producen la guerra; la pobreza y el abandono. La única inversión del Estado en esta zona ha sido militar”, indicó el líder.
En El Garzal, municipio de Simití, el Incoder adelantó hasta 2013 estudios para clarificar la propiedad sobre por lo menos 5 mil hectáreas que reclaman 377 familias. Las mil 200 personas que viven allí fueron amenazadas por la guerrilla, por los paramilitares y cuando iban a lograr la titulación de las tierras, a ésta se opuso Manuel Enrique Barreto, un vecino cuya finca llamada La Sucumbeza fue allanada después de que el Fokker de Avianca secuestrado por el Eln en 1999 aterrizara allí.
“No tenemos garantía sobre la tierra porque el Incoder nos reconoció los baldíos pero las resoluciones nos las entregaron sin planos. Sin los límites no podemos registrar la propiedad. Es muy duro ver cómo ya está muriendo una generación, esperando los títulos de unas tierras que han cultivado por años”, señaló Salvador Alcántara, líder de la comunidad. Hace poco supieron que las tierras de El Garzal fueron solicitadas en restitución por foráneos.
Además de la titulación de los territorios, los líderes estimaron que sin inversión es muy difícil garantizar la paz en las regiones. Los cinco corregimientos de Simití a los que se refiere Gil Alberto García fueron arrasados por el paramilitarismo. El pueblo del Paraíso lo quemaron tres veces y la única empresa que daba empleo, una constructora vial, las Auc la desvertebraron tras amenazar al gerente y desaparecer a Édgar Quiroga, representante de la comunidad.
Por eso una vez ocurrió la desmovilización, los campesinos le pidieron al antiguo Programa de Reinserción a la Vida Civil (PCR), luego Alta Consejería Presidencial para la Reintegración y ahora a la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) que invirtiera en las comunidades. “Nos respondieron que no, entonces un amigo los cuestionó sobre si en este país pagaba más ser malo”, recuerdó.
Ante esa negativa tocaron de forma reciente las puertas de la Unidad de Víctimas, la institución creada por la Ley 1448 de 2011 para reparar a las víctimas del conflicto armado. Le formularon un plan de reparación colectiva por 6 mil millones de pesos para arreglar las vías, mejorar la escuela y desarrollar proyectos productivos.
“Nos dijeron que tenía que ser por menos dinero. Lo reestructuramos por 3 mil 600 millones. Luego nos cambiaron la propuesta y seguimos esperando. Lo que pedimos es un banco de maquinaria para reactivar la empresa vial”, afirmó García.
Fabio García Castillo y Luz Marina Serna Leal, representante legal y tesorera del Consejo Comunitario de Negritudes de la vereda Caño Ovejas, en Yondó, Antioquia, explicaron que la violencia provocada por las Farc y las Auc quebraron los procesos comunitarios que ellos adelantaban. Este es el único consejo comunitario que existe en el Magdalena Medio y que logró el reconocimiento de las 2 mil 183 hectáreas de su territorio colectivo el 16 de julio de 2002.
“Estábamos tratando de realizar algún proyecto productivo cuando vino la violencia fuerte entre 2001 y 2006. Una gran parte de las 467 personas que vivimos en el Consejo nos desplazamos y hasta hace un par de años hemos ido retornando”, dijo García Castillo, quien trabaja con su comunidad en la formulación de un plan de reparación colectiva que se enfoque no solo en proyectos que garanticen la seguridad alimentaria sino proyectos de vida.
Salvador Alcántara contó que en El Garzal, pese a todas las dificultades, buscaron apoyo en la cooperación internacional para sembrar mil hectáreas de maíz, impulsar una microempresa de panadería dirigida por mujeres y producir cacao. Cultivaron un bosque con árboles nativos como solera, higo amarillo, cedro, roble, guacamayo y campano para proteger la naturaleza y darle sombra matas de cacao. “Cada mes producimos entre 10y 15 toneladas de cacao”, dice orgulloso.
De no ser porque una empresa y ahora la cooperación los ayuda con la comercialización del fruto, los campesinos de El Garzal perderían la producción. “Tenemos unas vías precarias que las hemos ido arreglando con lo que podemos. Sin embargo no perdemos la esperanza, ojalá el gobierno nos dé una mano porque produciendo comida se genera paz”, reiteró Alcántara.
Otro de los problemas que encuentran las comunidades es la falta de claridad del gobierno sobre qué usos o planes tienen para la explotación de los suelos. Pablo Jesús Santiago, del Proceso Soberano Comunitario de Micoahumado, dijo que en el municipio de Morales los campesinos han practicado la minería artesanal, extrayendo la pepita de oro para el sustento diario.
Al igual que los procesos de resistencia que adelantan indígenas y afros en Cauca (Lea: En Buenos Aires se pararon en la raya y Lomitas quiere salir del abismo), en este pueblo los campesinos le han puesto freno a la minería ilegal. “Pero ahora la pregunta es cuánto de nuestro territorio está pedido en concesión para que multinacionales y empresas vengan a explotar”, cuestionó Santiago.
Además de la titulación, la inversión y la definición sobre los usos del suelo, un cuarto problema y reto que plantean las comunidades a la luz de la negociación en La Habana es precisamente qué va ocurrir con quienes entreguen las armas. En estas comunidades persiste la presencia de las Farc, del Eln y de las bandas criminales, que se nutrieron de algunos desmovilizados. (Lea: Los líos de la reintegración en Santander)
Lo dicho por todos estos líderes quedó reflejado en la explicación que hiciera el padre De Roux sobre cómo funciona la paz. A su juicio, se asemeja a unas tijeras, que requieren de dos cuchillas:
“Una cuchilla es el Estado y la otra es la sociedad civil. La Habana no resolverá todos los problemas, por eso es importante que tengan en cuenta las peticiones de la sociedad. La paz se construye en los territorios”.
Fuente: verdad abierta
