Por María Elena Corrales*
En las últimas dos décadas el Gobierno de Venezuela ha llevado a cabo una estrategia sistemática de destrucción del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), marcada por el resquebrajamiento de la institucionalidad sectorial y la desprofesionalización, favoreciendo así altos niveles de corrupción. El estudio presentado explora cómo esta estrategia ha contribuido a la profundización de la crisis humanitaria compleja que sufren los venezolanos, entendiendo que sus consecuencias pueden ser catalogadas, incluso, como violaciones masivas de sus derechos humanos.
Los avances alcanzados durante los cincuenta años anteriores a los periodos de gobierno Chávez-Maduro le permitieron a Venezuela desarrollar uno de los sistemas eléctricos más robustos y confiables de Latinoamérica, con cobertura casi universal (98 % de la población) y servicio continuo y de calidad en casi todo el territorio nacional.
Cronología del colapso del sistema eléctrico nacional (SEN)
Se estima que durante el periodo 1950-1998, la inversión en el sector alcanzó US $ 48 mil 254 millones. Este esfuerzo fue realizado a través de un entramado organizativo en el cual participaron empresas públicas y privadas que ejercían sus competencias con independencia y de forma descentralizada. Si bien la crisis económica y política que se vivió durante los 80 y 90 debilitó tal andamiaje1, Venezuela aún mantenía, a finales de 1998, indicadores de calidad favorables; la capacidad instalada de generación se encontraba en 19 mil 696 MW, con una disponibilidad de 14 mil 200 MW (72 %), lo cual permitía atender una demanda máxima de 10 mil 854 MW con una importante reserva operativa. Para ello contaba con una robusta red de transmisión y había desarrollado los enormes recursos hidroeléctricos del río Caroní.
Durante el periodo 1999-2019, se han previsto inversiones por un monto superior a las invertidas en el desarrollo del complejo eléctrico que recibió el chavismo. Se estima que US $ 53 mil 818 millones2 fueron dirigidos al financiamiento de un ambicioso y desordenado plan de inversiones. A pesar de los ingentes recursos financieros mencionados, la prestación del servicio se ha deteriorado de manera alarmante.
Una oportunidad perdida: 1999-2009
Para 1999 la industria eléctrica venezolana necesitaba una reforma profunda que propulsara su transformación hacia un modelo de prestación de mayor eficiencia, bajo las premisas que caracterizaban los servicios en la mayoría de los países latinoamericanos. Adicionalmente, resultaba necesario realizar inversiones que permitieran actualizar las infraestructuras existentes y acompañar el crecimiento esperado de la demanda.
En 2001 se aprobó una nueva Ley del servicio eléctrico (LOSE)3, con el fin de regular y promover un nuevo modelo organizativo que permitiera abordar los desafíos sectoriales. Igualmente, en 2003, se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PDSEN, 2005-2024), que pautaba la incorporación anual de mil MW de generación, con el fin de superar el rezago y acompañar el crecimiento de la demanda. Las posibilidades de una reestructuración y relanzamiento exitoso de los servicios estaban abiertas. Para ello, el SEN contaba con una nueva ley y con un plan de desarrollo consensuados, así como con los recursos técnicos y financieros necesarios para impulsar el auge del sector.
Sin embargo, entre los años 2003 y 2009, fue poco lo que se avanzó tanto en la ejecución del PDSEN como en la implementación de la LOSE. Ante la falta de nuevas inversiones, la reserva operativa del sistema eléctrico se fue agotando hasta que, durante 2006-2008, la condición de déficit y, por consiguiente, de racionamiento pasó a ser permanente4. A partir de 2009 el déficit de energía ya podía definirse como estructural, tal como había sido advertido, y el SEN había perdido el dinamismo y la capacidad técnica necesaria para atender la crisis.
Grandes inversiones y profundización de la crisis (2010-2018)
La sequía del verano de 2010 (reincidencia cíclica de El Niño)5 tomó por sorpresa a los responsables del SEN y condujo a una profunda crisis del servicio. Como respuesta, el gobierno aprobó un decreto de emergencia eléctrica (2010)6, bajo el cual se racionó la demanda y se inició un proceso compulsivo y desordenado de incorporación de nueva generación térmica. En general, se profundizó la estrategia de privilegiar la generación térmica de oferta distribuida geográficamente, frente a la anterior política de ampliar la generación hidroeléctrica en el Caroní y garantizar su transporte hacia los centros de demanda mediante un sistema de transmisión robusto. Para la época, las restricciones del SEN habían avanzado a tal punto que el tiempo de reposición del servicio, después de una falla (TPR), se había elevado desde una media de sesenta minutos en 1998 hasta 16,5 horas en 20127, dando lugar a cortes de energía frecuentes y de mayor profundidad.
Bajo el amparo del decreto de emergencia referido, durante el periodo 2010-2016 se aprobaron inversiones hasta por un monto estimado entre 40 y 50 mil millones de dólares, que pretendían instalar más de 14 mil MW de los cuales casi el 80 % sería de origen térmico8. La mayoría de los proyectos fueron contratados por adjudicación directa y, en la mayoría de los casos, no estaban incluidos dentro de los previstos en el PDSEN. Las inversiones en materia de expansión de las redes de transmisión y distribución de la electricidad no tuvieron la misma prioridad y escasamente superaron los 3 mil millones de dólares. A pesar de ello, para el 2016 de nuevo se presenta una situación crítica, muy severa, en el suministro de electricidad. Las inversiones previstas en 2010, si bien contratadas, aún no habían entrado en operación y el parque termoeléctrico preexistente se encontraba con muy alta indisponibilidad (cercana al 65 %).
El colapso del SEN y del servicio eléctrico (2017-2019)
A partir de 2017 el SEN entró en una fase de agotamiento, presentándose fallas y cortes abusivos de energía eléctrica cada vez de mayor intensidad, duración y extensión geográfica. Para 2018, el deterioro era de tal magnitud que, solo durante el primer trimestre, ocurrieron 2 mil 300 apagones en todo el país y el tiempo promedio de restitución del servicio se había elevado a 56,6 horas (más de dos días)9. Aun cuando la capacidad nominal instalada había aumentado en 130 % y la demanda se había contraído en un 30 %10, el SEN no lograba atender los requerimientos del país. Las razones continuaban siendo las mismas que se presentaron a partir del año 2003: (i) altos niveles de indisponibilidad de las unidades de generación que se estimaba en 40 % para las hídricas y de cerca de 90 % en las térmicas; (ii) obsolescencia del sistema de transmisión y distribución, y (iii) falta de mantenimiento, tanto de las redes eléctricas como de las unidades de generación.
Este cúmulo de desaciertos y malas prácticas produjo, finalmente, el colapso del SEN. El 7 de marzo de 2019 ocurrió una falla masiva que ocasionó la pérdida del servicio en el 90 % del territorio durante un periodo cercano a cuatro días11. A partir del 11 de marzo se inició, de manera paulatina, la recuperación de la carga en algunas regiones del país, en especial el Área Metropolitana de Caracas. Sin embargo, amplias regiones, en particular la región occidental incluyendo la segunda ciudad del país, Maracaibo, siguieron con severas limitaciones. El 25 de marzo y, nuevamente, el 10 de abril, Venezuela sufrió otro “apagón generalizado”. Si bien la recuperación fue más rápida, la población quedó sujeta a un suministro deficiente y errático de electricidad producto de un déficit estructural de capacidad de generación y del deterioro de las redes de transmisión y distribución que permite avizorar nuevos apagones generalizados.
Ante el colapso del SEN, las razones presentadas por el régimen de Maduro fueron extra-sectoriales. Las declaraciones de los voceros oficiales indicaron que las fallas fueron consecuencia de “un atentado cibernético y electromagnético al corazón del SEN”, vale decir, a la Central Hidroeléctrica del Guri. En concreto, los funcionarios venezolanos culparon a la oposición y al gobierno estadounidense por causar el apagón, y los acusaron de sabotaje a pesar de que la zona se encuentra desde hace años militarizada y custodiada permanentemente. Para sustentar esta hipótesis, el Ejecutivo no proporcionó pruebas que avalaran la hipótesis del sabotaje12.
Sin embargo, de acuerdo a la información levantada por diferentes especialistas en el tema y recogidas en numerosos medios de comunicación, el colapso fue el resultado de casi dos décadas de mala administración del servicio13. En particular, se indica que un incendio en las adyacencias de las líneas de alta tensión, como consecuencia de la falta de mantenimiento en el corte de vegetación, produjo un sobrecalentamiento que activó el sistema de protección de las centrales del Caroní, paralizando las unidades de generación. Por su parte, las unidades térmicas no arrancaron y el país quedó casi totalmente desenergizado. Los subsiguientes accidentes en subestaciones y transformadores locales, complicaron aún más la recuperación del servicio e hicieron más profunda la crisis.
La crisis terminal del SEN llegó para quedarse. La realidad es que el deterioro se ha venido profundizando y que existe un déficit creciente de potencia disponible para hacer frente a la demanda. Transcurridos más de seis meses del colapso, amplios sectores del país son sometidos a un severo racionamiento que implica largos periodos diarios de corte del servicio. Caracas ha sido relativamente privilegiada por razones políticas, pero el resto del país está sometido a cortes frecuentes que se extienden por periodos de varias horas y en algunos casos días, haciendo la situación prácticamente invivible.
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*María Elena Corrales. Ingeniero químico (UCV). Consultora internacional con especialidad en servicios públicos y evaluación de procesos y programas de reforma institucional.
Fuente: Revista SIC | edición impresa N° 819 | noviembre 2019.
Referencias:
(1) En particular, se reconocen las ineficiencias operativas que caracterizaban a la empresa Cadafe y las dificultades en lograr una reestructuración de esta empresa pública y en la aprobación de una ley que modernizara la institucionalidad.
(2) Paridad cambiaria homologada a 1998. En total, el SEN habría dispuesto de unos US $ 110 mil millones durante los últimos veinte años. Estimaciones de José Aguilar (https://www.diariolasamericas.com/america-latina/recuperacion-del-sistema-electrico-venezuela-puede-tardar-36-meses-n4173814) y Víctor Poleo, Cedice. Observatorio de Gasto Público. El Gasto Público en el Sector Eléctrico. Agosto, 2015.
(3) Ley Orgánica del Sector Eléctrico (LOSE). Gaceta Oficial No. 5.568. 31 diciembre 2001.
(4) Asamblea Nacional (2017). Informe Final de la Comisión Mixta para el Estudio de la Crisis Eléctrica. Enero, 2017.
(5) El fenómeno de El Niño es una condición erráticamente cíclica (tres a cinco años) de previsible ocurrencia en un lapso de planificación a veinte años. En el caso de Venezuela, la planificación operativa del sistema, hasta el año 1998, fue realizada previendo estos años de sequía.
(6) Gaceta Oficial No. 39.363. 2010.
(7) Anuario Estadístico MPEEE 2012 (Citado en AN, 2017).
(8) Hemos utilizado como referencia tanto el Informe Final de la Comisión Mixta (AN, 2017) como las estimaciones elaboradas por José Aguilar y publicadas por Grupo Ricardo Zuloaga (GRZ).
(9) GRZ, 2018. Estimaciones Ing. José G. Aguilar.
(10) La demanda de energía eléctrica en Venezuela se desaceleró a partir de 2010. Las medidas de racionamiento incluyeron, entre otras, el cierre paulatino del complejo industrial de Guayana, el racionamiento de la demanda, y la obligación a autogenerar a industriales, hoteles y comercios.
(11) NetBlocks (7 de marzo 2019). Venezuela knocked offline amid nationwide power outage. Disponible en: https://netblocks.org/reports/venezuela-knocked-offline-amid-nationwide-power-outage-PW801YAK
(12) The New York Times (8 de marzo 2019). “El apagón en Venezuela pone en riesgo el suministro de alimentos y la vida de pacientes”. Disponible en: https://www.nytimes.com/es/2019/03/08/venezuela-apagon-electrico-guri/
(13) Ver declaraciones de los Ingenieros J. Aguilar, M. Lara y V. Poleo, y el informe producido por J. Molina, director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central de Venezuela. Caracas, marzo 2019.
