Luis Carlos Díaz
Queremos dar un debate informado, pero el Banco Central de Venezuela no publica cifras de inflación desde agosto, ni el índice de escasez desde marzo.
Las cifras de homicidios también están ocultas y aún no se sabe quiénes son los dueños de algunos medios de comunicación. Los acuerdos comerciales con varios países están blindados, los salarios de muchos altos funcionarios y sus declaraciones juradas de bienes tampoco son públicas.
Queremos hablar sobre la base de hechos y nos movemos en arena movediza. Las cifras de chikungunya no se parecen a tu proporción de familiares enfermos, tampoco se publicó jamás la lista de camaradas beneficiados por la fuga de capitales, ni es posible publicar información sobre la salubridad del agua sin una aprobación que nunca llega.
La democracia se sustenta en la capacidad que tienen sus ciudadanos de ser libres para escoger y tomar decisiones, y la base de ese acuerdo social es el acceso a la información. Si la información no es accesible, si los medios no son plurales, si no está garantizada la capacidad de deliberar, entonces se pierden nociones de realidad, la propaganda sustituye a los datos y se empobrece la ciudadanía, que es decir la democracia.
Entiendo que haya gente que escoja la ignorancia como método para construir su mayor suma de felicidad, pero eso no puede ser una política pública. Es un delito ocultar cifras. Es omisión. Es una violación de derechos humanos. Es también un acto de corrupción.
Tenemos derecho a saber y a que nos rindan cuentas. Trabajan para nosotros. Trabajan con nuestro dinero y están a nuestro servicio. Por lo tanto deben tener la capacidad de interpelar su desempeño con la mayor cantidad de datos posibles.