La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica hoy su Informe sobre Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía. El objeto del informe es abordar la problemática de los pueblos que habitan esa región a la luz de los estándares del Sistema Interamericano de derechos humanos.
En este informe, la Comisión contextualiza las complejas transformaciones que impactan al territorio de la Panamazonía donde los derechos humanos de las comunidades han sido afectados por normas, políticas públicas y prácticas enfocadas principalmente en la ampliación de las fronteras extractivas de recursos naturales y en el desarrollo de megaproyectos de infraestructura, los cuales ejercen presiones sobre los territorios ancestrales indígenas y afrodescendientes. Como se analiza, el escenario actual se caracteriza por explotación petrolera y de gas, minería, explotación forestal, uso de recursos genéticos, construcción de represas, oleoductos y gasoductos, pesca y agriculturas industriales, y turismo; así como el establecimiento de áreas protegidas y parques nacionales. Todo lo anterior, sin llevar a cabo procesos de consulta previa con los pueblos y comunidades indígenas que habitan la zona, y poniendo en riesgo la supervivencia física y cultural de esos pueblos, así como al medio ambiente.
En ese contexto, el Informe analiza como los proyectos descritos afectan de forma irreversible los sistemas de vida y la identidad cultural de las comunidades y los ecosistemas amazónicos, produciendo la contaminación de ríos y fuentes hídricas, restricciones en el acceso a agua y alimentación; desertificación y deforestación de bosques; pérdida de biodiversidad y áreas naturales protegidas; obstáculos para el desarrollo de prácticas culturales y espirituales; afectaciones a la salud; asesinatos y agresiones a integrantes de pueblos indígenas y tribales; división de comunidades y fractura del tejido social; desplazamientos forzados; dificultades en el acceso a la justicia, que tiene que ver no solo con la ausencia de recursos sino sobre todo con la ausencia de un enfoque intercultural en los sistemas jurídicos nacionales; y criminalización de dirigentes de esos colectivos. También aborda el incremento de actividades ilegales: la creciente presencia del crimen organizado transnacional y la expansión de los cultivos ilícitos, tráfico de drogas y armas, trata de personas, entre otros.
El informe consta de una introdución, cinco capítulos y dos anexos. En el primero, se abordan los estándares internacionales, enfoques y principios que los Estados deben considerar al momento de elaborar leyes, programas y políticas para proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía. En el segundo, se presenta información situacional sobre los principales efectos de los proyectos de desarrollo en los pueblos indígenas y tribales Panamazónicos. En la sección tercera se analizan las principales afectaciones a los derechos humanos de los pueblos en esta región. En cada punto de este apartado se incluyen las apreciaciones generales de la Comisión sobre el panorama reportado, el mismo que busca ser ejemplificado a través de algunas situaciones ilustrativas concretas de las que ha sido informada la CIDH. El siguiente capítulo se centra en la particular situación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, con especial énfasis en información recibida con posterioridad a la publicación del informe de la CIDH sobre estos pueblos en 2014. Con base en lo anterior, en un último capítulo se presentan recomendaciones a los Estados de la región. Por otra parte, los antecedentes proporcionados en este informe, han sido complementados con dos anexos. El primero de estos se denomina “Países y pueblos amazónicos”, y sistematiza las respuestas al cuestionario proporcionadas por los Estados de Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. El segundo anexo en cambio, se titula “pronunciamientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) relativos a pueblos amazónicos”, e ilustra el abordaje que, a tráves de sus diversos mecanismos, han realizado tanto la Corte IDH como la Comisión IDH.
Con ocasión de la publicación del Informe, la Comisionada Antonia Urrejola Noguera, Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, indicó: “Este informe es de gran relevancia porque da cuenta de problemas transversales que afectan a la Panamazonía y que repercuten en los derechos de los pueblos indígenas y tribales que desde tiempos ancestrales viven ahí, poniendo en riesgo su supervivencia física y cultural. Esperamos que las recomendaciones efectuadas en este Informe sean consideradas e implementadas por los Estados, así como también, que contribuya al trabajo que día a día llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil y, especialmente, los pueblos indígenas y tribales”. Asimismo, la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Presidenta de la CIDH; se refirió al deber que tienen los Estados de adoptar medidas dirigidas al reconocimiento, fortalecimiento protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales Panamazonicos. “Dicha obligación también incluye el deber fundamental de respetar los derechos participativos de esos colectivos, especialmente en lo relativo a consulta y consentimiento libre, previo e informado”, resaltó.
En el marco de la elaboración de este informe, la CIDH difundió en septiembre de 2018 el “Cuestionario de Consulta sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la Panamazonía”, dirigido a pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, así como a cualquier persona interesada en enviar información. Asimismo, la Comisión remitió dicho cuestionario a todos los países amazónicos y recibió respuesta de los Estados de Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. Toda la información recibida, fue complementada con aquella obtenida por la CIDH a través de sus distintos mecanismos.
Adicionalmente, la CIDH contó con el invaluable aporte de la Red Eclesial Pan-Amazónica (REPAM), en el marco de la ejecución del Programa 12 del Objetivo No. 3 del Plan Estratégico 2017-2021 de la CIDH, que busca fortalecer los convenios con centros académicos de investigación e impulsar la formación de una Red Académica Especializada en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). La Comisión valora las distintas reuniones y encuentros llevados a cabo con la REPAM y destaca los aportes entregados por las siguientes entidades académicas que le conforman: Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL); Universidad Católica Andrés Bello (UCAB); Pontificia Universidad Javeriana Bogotá (PUJ-Bogotá); Pontificia Universidad Javeriana Cali (PUJ-Cali); Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE); Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM); Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-Río). Asimismo, la CIDH agradece los aportes entregados por las siguientes entidades asociadas a esa Red: Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP); Escola Superior Dom Helder Camara, Belo Horizonte; Consejo Indigenista Misionero de Brasil (CIMI); Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB); Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y Guyana Human Rights Association.
Finalmente, el informe que presenta la CIDH profundiza las observaciones sobre la agudización de los retos de los pueblos indígenas y tribales advertidos por la CIDH a través de sus diversos mecanismos de protección y promoción de los derechos humanos plasmados en sus publicaciones anteriores, especialmente en los informes sobre Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: Protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo (2016) y Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas: Recomendaciones para el pleno respeto a sus derechos humanos (2013).
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Fuente: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2019/250.asp
