Por Juan Salvador Pérez
En Venezuela, la presencia del episcopado se remonta al siglo XVI, con la primera diócesis de Venezuela en Coro, de fecha 21 de marzo de 1531, trasladada después a Caracas, (7 de marzo de 1638). La diócesis de Mérida (17 febrero de 1778); la de Ciudad Bolívar (20 mayo de 1790); Maracaibo (28 julio de 1897). Pero estas diócesis abarcaban amplios territorios y estaban muy aisladas entre sí. Es decir, no se puede hablar de un episcopado colegiado y con conciencia de unidad.
Y no será sino hasta principios del siglo XX que se comenzará tímidamente a hablar del Episcopado Venezolano, cuando en 1904 se celebra la primera conferencia (utilizada la palabra en la acepción de reunión) del Episcopado Venezolano.
Pero formalmente, es en noviembre de 1.973, cuando en el boletín No. 2 del Secretariado Permanente del Episcopado Venezolano aparecerán publicados los estatutos de la Conferencia Episcopal Venezolana, celebrándose, de conformidad a lo allí establecido la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria de la Conferencia Episcopal Venezolana, del 7 al 12 de enero de 1974.
Podemos decir que la Conferencia Episcopal Venezolana, cobra real, formal e institucional vida, durante los años del período democrático de nuestra historia republicana, casi al final del primer gobierno de Rafael Caldera.
Su actuación ha estado enmarcada dentro de la concepción de Venezuela como un país de régimen democrático. Pero esta idea de una Venezuela democrática, no es sólo por coincidencia de tiempo y espacio, o porque los obispos criollos hayan decidido estratégica o convenientemente plegarse a una concepción determinada de forma de gobierno imperante en ese momento.
La Conferencia Episcopal Venezolana levanta la bandera de la democracia porque así lo hace la Doctrina Social de la Iglesia y, por tanto, es su deber enarbolarla, promoverla y defenderla como pastores y como líderes de la Iglesia Católica en Venezuela.
El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (407), establece que “una auténtica democracia no es sólo el resultado de un respeto formal de las reglas, sino que es el fruto de la aceptación convencida de los valores que inspiran los procedimientos democráticos: la dignidad de toda persona humana, el respeto de los derechos del hombre, la asunción del ‘bien común’ como fin y criterio regulador de la vida política.”(…) “Si no existe un consenso general sobre estos valores, se pierde el significado de la democracia y se compromete su estabilidad.”
Es justamente sobre esta concepción de democracia, en la cual se basa la actuación de la Conferencia Episcopal actualmente en Venezuela.
Hoy, en Venezuela, los obispos alzan la voz y se pronuncian con coraje y convencimiento, porque ven seria y profundamente afectados los valores que inspiran los procedimientos democráticos, vista esta forma de gobierno como la más conducente a promover la dignidad de toda persona humana, el respeto a los derechos del ser humano y la consecución del bien común como fin último.
Sus planteamientos, sus propuestas, sus advertencias, sus consejos y sus exhortaciones, las hacen desde una visión católica de la vida, desde la concepción de su religión, desde su doctrina, pero no por ello pierden fuerza ni sentido sus actuaciones.
Como decía G.K. Chesterton: “No queremos una religión que tenga razón cuando nosotros tenemos razón. Lo que queremos es una religión que tenga razón cuando nosotros estamos equivocados”.
