Por Conferencia Episcopal Venezolana
La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela rechaza las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, al violar la inmunidad parlamentaria de diputados a la Asamblea Nacional. Con estas decisiones queda abolida de hecho la voluntad del pueblo venezolano que libremente eligió a la Asamblea Nacional como órgano del Poder Público de Elección Popular.
Estas sentencias del más alto Tribunal de la República constituyen un irrespeto y una transgresión de los compromisos establecidos en los distintos órganos internacionales de derechos humanos, a los cuales pertenece y participa la República Bolivariana de Venezuela.
El desconocimiento de la inmunidad sin el antejuicio de mérito, ni el allanamiento por parte de la Asamblea Nacional, en contravención a expresas disposiciones constitucionales, afecta gravemente el funcionamiento de la democracia. Configura en la práctica un secuestro de la soberanía popular representativa en sus diputados/as que es la esencia de una democracia: el respeto a la voluntad del pueblo y la observancia de los debidos procesos legales y judiciales. Una crisis política debe tener una solución política.
Ratificamos la voluntad de solución institucional y democrática a la situación política y social venezolana. Igualmente condenamos toda represión y concentración abusiva del poder. Según información que ha recogido la Comisión de Justicia y Paz, hay más de 30 Diputados/as al Parlamento venezolano que se encuentran fuera de sus funciones debido a que a algunos se les ha allanado la inmunidad parlamentaria, otros están detenidos o en el exilio, aunado a que no hay representación del Estado Amazonas debido a que sus representantes fueron desproclamados.
Rechazamos categóricamente la persecución en contra de dirigentes políticos y sociales, en especial en contra de Diputados a la Asamblea Nacional mediante la criminalización y estigmatización, colocando en sus residencias panfletos o grafitis que ponen en riesgo sus vidas y la de sus familias.
Finalmente pedimos a las autoridades que respeten la voluntad popular y garanticen la seguridad de las personas que están siendo objeto de persecución y amedrentamiento.
Pedimos a Dios la sabiduría necesaria para una solución institucional y pacífica a la grave crisis política, social y económica que se ha profundizado en las últimas semanas, deteriorando la democracia y la calidad de vida del pueblo venezolano, especialmente de los más pobres.
A los 15 días del mes de mayo del 2019.
+Monseñor Roberto Lückert León
Presidente
Comisión Episcopal de Justicia y Paz
Pbro. Saúl Ron Braasch
Vicario General
Comisión Episcopal de Justicia y Paz
Fuente: CEV
