El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) condena hechos de criminalización, violencia y represión suscitados el día de hoy en las manifestaciones pacíficas convocadas a nivel nacional, en el marco de la celebración del Día Internacional del Trabajo, por la reivindicación de derechos y el restablecimiento de la vigencia de la constitución de 1999.
Se pudo constatar durante el desarrollo de las manifestaciones diversos actos violatorios de los derechos a la manifestación y reunión pacífica, libertad de expresión y participación política, contrariando las obligaciones de respeto y garantía de derechos humanos contempladas en la Constitución y a los convenios internacionales sobre derechos humanos suscritos por Venezuela.
Organismos de seguridad del Estado y Colectivos Paramilitares reprimieron a la ciudadanía dejando un lamentable saldo de numerosos detenidos, cientos de heridos, incluyendo periodistas y profesionales de la prensa y una manifestante fallecida producto de la criminalización y uso excesivo de la fuerza implementado por los organismos represores.
Recordamos que el artículo 68 de nuestra constitución establece que “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público.”
En tal sentido, hacemos un llamado al debido respeto y garantía de los derechos humanos y exigimos el cese inmediato del uso letal y desproporcionado de la fuerza para control de manifestaciones, así como que se abran procedimientos de investigación y sanción a los responsables de las violaciones cometidas.
De igual manera, estimamos que la comunidad internacional de Estados y los órganos internacionales de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano y del Sistema Universal de Naciones Unidas, deben estar atentos y vigilantes sobre la situación de derechos humanos en Venezuela y coadyuvar a la protección de las personas sometidas a la jurisdicción del Estado.
Fuente: Comunicaciones UCAB
