Por Carolina de Assis
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, reiteró este lunes que pretende retirar la publicidad contratada por el gobierno federal del diario Folha de S. Paulo y de medios de prensa que, según él, estén “mintiendo descaradamente”.
En respuesta a estos comentarios, Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dijo al Centro Knight que la discriminación por parte del Estado según la línea editorial de cada medio de comunicación consiste en una violación del derecho a la libertad de expresión, según lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La distribución de publicidad oficial en medios de comunicación debe obedecer a criterios objetivos, observó el relator.
En una entrevista al día siguiente de su elección al Jornal Nacional, de TV Globo, Bolsonaro dijo que favorecerá la libertad de prensa, pero dijo que “la cuestión de la publicidad oficial del gobierno es otra cosa”.
Bolsonaro se refirió a dos reportajes de Folha sobre presuntas irregularidades en su actuación parlamentaria y en su campaña electoral. La más reciente, publicada el 18 de octubre, trató de cómo empresas partidarias de Bolsonaro habrían comprado mensajes masivos vía WhatsApp en contra del Partido de los Trabajadores (PT), partido de Fernando Haddad, su oponente en la segunda vuelta.
Tal práctica es ilegal, pues consistiría en donación empresarial a la campaña del candidato, lo que está prohibido en Brasil. El reportaje de Folha motivó la apertura de cinco demandas en el Tribunal Superior Electoral (TSE) contra Bolsonaro, interpuestas por partidos opositores, acusándolo de abuso de poder económico, según reportó el sitio Jota.
Bolsonaro acusó a Folha de producir “fake news” contra él. “Lógicamente que no puedo considerar esa prensa digna”, dijo a Jornal Nacional. “No quiero que se acabe, pero en lo que a mí respecta, con la publicidad oficial del gobierno, la prensa que se comporta de esta manera, mintiendo descaradamente, no tendrá apoyo del gobierno federal”.
En un editorial publicado el miércoles y titulado “Acostume-se” (Acostúmbrense), Folha afirmó que “el elegido para servir a la Constitución en el cargo más alto sugiere incumplir, una vez posicionado, el principio constitucional de la impersonalidad en la administración”.
“Si muestra disposición para discriminar a los medios de comunicación entre amigos y enemigos, ¿qué hará cuando los intereses en juego sean más significativos?”, escribió el periódico, agregando que “no depende de la publicidad federal”, sino de sus lectores, anunciantes y la “reputación formada durante décadas de fidelidad al canon del periodismo profesional”.
“Los medios como Folha no dejarán de escudriñar el ejercicio del poder porque sus titulares de turno resolvieron adoptar la táctica de la intimidación. Jair Messias Bolsonaro no necesita aprender la lección. Basta que se acostumbre a esto”, concluyó el diario.
Lanza: discriminación de los medios en la publicidad oficial es recurrente en la región
La publicidad oficial del Gobierno federal y de empresas estatales como el Banco do Brasil, Correios y Eletrobras es una de las fuentes de ingresos de medios de comunicación en Brasil. En 2016, Folha recibió R $6,9 millones (cerca de US $1,85 millones) referentes a estas piezas publicitarias, según una encuesta del sitio Poder360. En total, el gobierno federal ese año, liderado por Dilma Rousseff (PT) hasta agosto y luego por Michel Temer (MDB), invirtió R$ 1,5 billones en publicidad oficial, de los R $78 millones en diarios, R $46,9 millones en revistas, R $182 millones en sitios en internet y R $976,4 millones en la televisión abierta.
En marzo de 2017, el gobierno de Michel Temer extinguió el IAP (Instituto para el Seguimiento de la Publicidad), órgano paraestatal que desde 1999 recogía y organizaba los datos sobre la publicidad contratada por el gobierno federal. De acuerdo con Poder360, con la extinción del IAP pasa a ser necesario “leer todos los Diarios Oficiales y examinar en todos los balances de más de 100 empresas estatales para entender lo que se gastó – y, aun así, el resultado de ese trabajo sería impreciso”, pues “los criterios de cada órgano para divulgar tales informaciones no están estandarizados”.
Lanza observó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13.3, establece que “además de la censura, la supresión directa de un mensaje, la libertad de expresión se puede vulnerar a través de medidas indirectas que, usando la potestad legítima del Estado, vulneren el derecho de libertad de expresión”.
Según él, en América Latina esto sucede históricamente a través del “trato discriminatorio hacia medios de comunicación”.
“El Estado no tiene la obligación de poner avisaje en los medios, de hecho, muchos países en determinado momento bajan la cantidad de inversión de publicidad oficial o la restringe. El tema es que, si el Estado va a seguir anunciando, va a seguir gastando publicidad, y lo hace de forma discriminatoria de acuerdo con la línea editorial que tiene un medio y solo le va adjudicar o asignar publicidad a los medios que son amigos o dóciles con el Gobierno, y va a quitarle toda publicidad a los medios que considera que son críticos o enemigos, es obvio que hay un trato discriminatorio indirecto para castigar por la expresión del pensamiento”, dijo Lanza.
Cuando esto ocurre, se trata de una violación del derecho a la libertad de expresión, como ocurrió recientemente en países como Argentina durante los gobiernos Kirchner, en Ecuador en el gobierno de Rafael Correa y en Venezuela en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, afirmó el relator de la CIDH.
“Esperemos que no ocurra [en Brasil], pero no sería nuevo. Debe haber criterios objetivos para asignar la publicidad oficial y no simplemente el capricho de un gobernante”, aseguró Lanza.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH estableció criterios para la publicidad oficial, dijo Lanza. Estos están disponibles en el documento “Principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión” y deben estar vinculados “a las audiencias, las coberturas que tengan los medios de comunicación, al público y al objetivo al que se quiera llegar, al carácter de la información que se quiera difundir”, explicó Lanza.
“Y también hay que recordar que hay un derecho a la información de la sociedad en su conjunto”, resaltó el Relator. “La publicidad oficial no debería ser propaganda, si no que cumple una función importante para que las personas, la población se entere de sus derechos, de las políticas que desarrolla el gobierno, de avisos o cuestiones que tienen que tener cuenta, en fin, una serie de informaciones que la gente tiene derecho a recibir y que la forma más práctica de hacerlo es a través de los medios de comunicación”.
El presidente electo debe tener “prudencia” en declaraciones de prensa
Lanza observó que, desde el momento en que fue elegido, Bolsonaro ya no es candidato y, por lo tanto, debe “hablar como el Estado”, que “tiene una posición de garante frente al ejercicio de los derechos, y entre ellos la libertad de expresión y la libertad de prensa”.
“Obviamente los presidentes, los ministros, las personas que ocupan altos cargos públicos tienen derecho a expresarse y la prensa no está exenta de críticas, pero cuando se adopta una retórica de hostigamiento o de descrédito para socavar a la prensa, eso genera efectos”.
Los funcionarios públicos tienen un deber de “prudencia” y “responsabilidad” al expresarse “respecto a temas que pueden afectar los periodistas, la prensa, los derechos humanos, sectores de la población”, dijo el Relator de la CIDH. Esto es porque “los periodistas y los medios que son estigmatizados quedan en la posición de vulnerabilidad para posibles ataques de fanáticos o violencia tanto en línea como física”, afirmó.
La Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji) registró 153 agresiones en contexto político-electoral contra periodistas desde el inicio del año – 72 físicas y 81 digitales. Desde el inicio de la campaña electoral, el 16 de agosto, fueron 42 casos de intimidación, acoso y amenazas contra reporteros en la cobertura de las elecciones.
La mayoría de estos ataques “se atribuyen a partidarios de Bolsonaro, mientras que el resto se atribuyen a los partidarios del Partido de los Trabajadores (PT)”, afirmó Abraji en un comunicado conjunto con otras organizaciones de defensa de la libertad de prensa, publicada el 25 de octubre.
Lanza subrayó que el problema de la violencia contra profesionales de la prensa no es nuevo en Brasil, que recientemente apareció nuevamente en el índice anual del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) de los países donde hay más impunidad en casos de asesinatos de periodistas, quedando en el 10º lugar.
“Nuestra obligación [de la Relatoría] es recordar que Brasil ha firmado tratados de derechos humanos, que tiene una Constitución que protege la libertad de expresión y que eso genera obligaciones para el Estado”, finalizó Lanza.
Fuente: knightcenter.utexas.edu
