Miguel Ángel Latouche
En búsqueda de la autonomía perdida
Esto se escribe justo luego de conocer los resultados del referéndum que se llevó a cabo el domingo 4 de mayo de este año en la región boliviana de Santa Cruz. En éste, se le consultó a los ‘cruceños’ acerca de su apoyo o rechazo al establecimiento de un régimen autonómico a través del cual se garantice el desarrollo de capacidades legales y políticas para ampliar las competencias del gobierno regional en diversas materias: cobro de impuestos, creación de una policía departamental, control del tráfico vehicular, administración de bienes públicos, manejo de servicios públicos, entre otros. De igual manera, se plantea el establecimiento de una Asamblea con amplias capacidades legislativas para la elaboración de leyes. El resultado del referéndum autonomista llama la atención, una mayoría contundente de 935.959 votantes, quienes representan el 84, 27 % del electorado, favorecieron la opción regional. Podemos encontrar varias razones para explicar este hecho.
(Vea también el texto Una sombra ya pronto serás)
Bolivia se caracteriza por una importante inequidad regional. Santa Cruz se constituye en una de las regiones de mayor desarrollo relativo del país, no solo por su potencial agrícola, sino, particularmente, por sus reservas de hidrocarburos, lo que le proporciona viabilidad económica al proyecto autonomista. A esto se le suma el desconocimiento que el poder central ha adelantado de los resultados del referéndum que el julio del 2006 garantizaba la autonomía de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, en los cuales se concentran el grueso de las actividades productivas. El Gobierno de Evo Morales adelantó la convocatoria de una Asamblea Constituyente originaria que elaboró de manera inconsulta, y sin la participación de la oposición, un proyecto de Constitución que fue discutido y aprobado en una sede militar, el cual debe ser sometido a un referéndum que esta previsto para septiembre de este año.
De igual manera debe destacarse la influencia que el gobierno venezolano ha tenido en el desarrollo de la política boliviana durante los últimos años. Una cantidad importante de los ‘cruceños’ considera que el Presidente Chávez ha mantenido una injerencia indebida sobre los asuntos internos, colocando en cuestionamiento la capacidad del Estado Boliviano para salvaguardar su soberanía y para actuar de manera independiente. Se debe destacar, en este sentido, la identidad común que es posible establecer tanto en los líderes como en los contenidos de las actividades políticas domesticas y regionales adelantadas por los gobiernos de ambos países. Estas no se limitan a la participación en proyectos de integración regional como el ALBA, ni a la participación en un proyecto político común, a través del cual se intenta subvertir el orden regional. La influencia venezolana se ve claramente reflejada en el proceso constitucional boliviano. Se sigue el modelo venezolano de elaboración de las normas constitucionales, pero, más aún, existe una clara equivalencia entre los contenidos, el espíritu y la manera como esas normas son establecidas: Así, por ejemplo, nos encontramos con que, en ambos casos, se plantea la reelección indefinida del presidente, la nacionalización de industrias y tierras consideradas improductivas, etc. Al tiempo que, desde el punto de vista de la acción política, se adelantan prácticas similares: descalificación de la oposición, reducción de los espacios de diálogo y de intercambio, centralización, establecimiento de la vía socialista.
¿Un fracaso?
Ante el resultado de la consulta popular el Gobierno Boliviano se ha limitado a plantear que se trata de un fracaso para la oposición política a su gobierno. Se argumenta que el referéndum tiene un carácter inconstitucional, por lo cual no es vinculante. Pero, más aun, se plantea que vistos los niveles de abstención, los resultados del proceso electoral, al menos desde la perspectiva del gobierno central, son considerados ilegítimos y no vinculantes ¿Hasta que punto se puede asegurar que la convocatoria a un proceso electoral, la movilización efectiva de una masa de votantes y la manifestación de la voluntad popular a favor de una opción, no se constituyen en un hecho político contundente?, ¿Cómo realizar esa aseveración en un contexto gubernamental que se ha preciado de establecer, dentro del discurso político preponderante, el carácter vinculatorio de la acción pública realizada por el ‘pueblo organizado’. Nos encontramos ante una importante contradicción que tiene el potencial afectar negativamente la construcción del tejido colectivo y que pone en peligro, incluso, la unidad territorial y política del país.
Después de todo, es claro que la oposición al gobierno de Evo Morales ha realizado una demostración de fuerza. Esta, al menos la que se ubica en el Departamento de Santa Cruz, tienen una gran capacidad para la organización política y la movilización popular, vale decir que los intentos de algunos sectores por generar violencia y entorpecer la realización de la consulta, fueron rápidamente desactivados, a pesar de la tímida participación de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento del orden público. A pesar de que no se ha planteado claramente una acción secesionista la postura del gobierno de Morales en cuanto al desconocimiento del resultado electoral, parece susceptible de profundizar la crisis política que confronta el país. Sobre todo por las evidentes dificultades de definir instancias de mediación y para el establecimiento del diálogo entre sectores que se encuentran separados desde el punto de vista de la concepción que tienen sobre el país, sobre el problema de la unidad nacional y sobre las características del arreglo colectivo que mantiene unida a la sociedad boliviana.
Nos encontramos con un país que parece transitar rápidamente hacia un proceso de invertebración. Mientras las provincias con mayor capacidad para el funcionamiento de la economía plantean un proyecto de carácter liberal, fundamentado en el establecimiento de garantías para la actividad económica, la propiedad y las libertades individuales; el gobierno central a propuesta la refundación de la república bajo los presupuestos del Socialismo del Siglo XXI y el indigenismo. Se ha intentado plantear la situación desde la perspectiva de la lucha de clases, como si se tratase, simplemente, de una división entre la Oligarquía y el Pueblo boliviano. Una división en la cual los primeros son acusados de defender intereses foráneos. Las cosas parecen más complicadas. Lo que esta en juego acá es, en nuestro criterio, la defensa del régimen de libertades del cual gozan los bolivianos, tanto como del funcionamiento de la democracia como mecanismo de agregación social.
Ciertamente los niveles de pobreza y de inequidad en ese país son particularmente altos, incluso para nuestros estándares regionales, sin embargo, la reivindicación de las clases populares no puede realzarse por vía de la conculcación de las garantías constitucionales, ni debilitando el Estado de Derecho, si ese es el caso y nos parece que la rute seguida por Morales en los últimos años se dirige a ese fin, se termina contradiciendo aquello que se defendía en primer lugar, en la medida en que el poder acaba centralizándose de manera excesiva en manos de una nomenclatura. Debemos recordar, después de todo, que el Socialismo Real se construyó alrededor de un discurso humanista que sirvió para justificar la conculcación de la libertad.
