Pedro Landa*
Desde las últimas dos décadas del siglo XX hemos asistido al incremento global de inversiones en actividades extractivas para satisfacer la creciente demanda de materias primas industriales y minerales preciosos. Para ello se impulsó en América Latina un agresivo proceso de modificación normativo y una mayor desregularización que hiciera atractiva y viable la inversión minera.
La consecuencia inmediata fue el debilitamiento de la capacidad de los Estados nacionales para el cumplimiento de sus obligaciones y el incremento de conflictos alrededor de megaproyectos.
- Extractivismo: reflexiones para su definición y caracterización
El extractivismo supone la apropiación privada de grandes volúmenes de bienes comunes no renovables. Comprende enormes emprendimientos de represas hidroeléctricas, plantaciones para agro combustibles y monocultivos, proyectos extractivos de minería, gas y petróleo, desarrollos turísticos, entre otros.
Una característica de este modelo es la acumulación por desposesión. Siguiendo la lógica capitalista de acelerado enriquecimiento al menor costo, el modelo extractivista convierte los “bienes naturales comunes”[i] en simples mercancías a las que se les asigna un valor monetario, pero como estos bienes no se producen ni se reproducen, sino que se extraen de un territorio determinado, para que la monetarización sea posible, se requiere posesionarse del territorio en que se encuentran y expropiarlo a las comunidades indígenas y campesinas.
Una segunda característica es la “desterritorialización”. Bajo el amparo de las nuevas legislaciones impulsadas en Latinoamérica desde los años 80, el territorio se convierte en “reservas minerales o energéticas o en recursos ociosos” que los Estados otorgan a empresas transnacionales para su explotación, a través de concesiones, licencias o permisos.
La noción de territorio como espacio para el desarrollo, construcción de relaciones y convivencia de comunidades y pueblos desaparece, y por ende desparecen los derechos ancestrales y territoriales de los pueblos originarios. Implica la destrucción o el desconocimiento deliberado de las formas ancestrales de posesión, uso, disfrute, gobierno y autogobierno del territorio, y la subordinación a las autoridades centrales del Estado, a los organismos especializados en el fomento de la actividad extractiva y al empresariado transnacional, dando lugar así a una tercera característica del modelo extractivista: la fractura del tejido social.
En la lógica del modelo extractivista se hace necesaria la obtención de la “licencia social”. Para ello el modelo opera al menos en tres vías: (a) la creación de mecanismos artificiales de consulta ciudadana, (b) la neutralización de la oposición y (c) el respaldo fiel de las autoridades públicas.
En el caso de la consulta previa, la práctica en América Latina ha sido la creación de mecanismos que simulan, tergiversan y manipulan los procesos de consulta u oposición ciudadana, limitándose a cumplir con un requisito en los procesos de licenciamiento y no a implementar mecanismos que garanticen el consentimiento de los pueblos susceptibles de ser afectados[ii].
La oposición ciudadana es deslegitimada a través de campañas de desprestigio, se busca su neutralización con la creación de estructuras paralelas que se disputan el poder y la representatividad comunitaria. En no pocos casos, los sectores interesados han recurrido a la criminalización, persecución, hostigamiento, atentados y asesinatos, en contra de los liderazgos comunitarios que rechazan la implantación de proyectos extractivos.
Con la creación de nichos temporales de trabajo, los beneficiarios, al defender su trabajo, defienden a la empresa y se convierten en antagonistas de los opositores al proyecto minero. Otro grave impacto en el tejido social es el incremento de lugares de consumo de alcohol, prostitución y el incremento de armas en las comunidades.
En la tercera vía son numerosas las denuncias de cómo tanto las autoridades nacionales como locales, son cooptadas y en algunos casos sobornadas por los empresarios para obtener no solo el respaldo político, sino también policial, coercitivo, represivo, mediático y académico cuando se requiere neutralizar, descalificar o inmovilizar a la oposición. Pero también este mecanismo opera en la vía contraria cuando las autoridades condicionan su respaldo a las empresas extractivistas a cambio del otorgamiento de dadivas, contratos o compensaciones que no son más que acciones que fortalecen la corrupción pública y privada.
Una cuarta característica del modelo es el uso de tecnologías y métodos de explotación que al tiempo maximizan sus ganancias privadas, socializan los costos y daños ambientales y sociales en las poblaciones circundantes a los emprendimientos mineros.
En definitiva, este modelo implica un desarrollo insostenible, un empobrecimiento acelerado, una fuerte dependencia a las variaciones del mercado manejado por las corporaciones transnacionales y el debilitamiento sin precedentes de los Estados nacionales que quedan a merced de las corporaciones, insertándose sumisamente en el mercado internacional.
- Algunos impactos del modelo extractivista:
- La promoción e imposición del extractivismo como alternativa a las crisis de los países empobrecidos.
- Una carrera acelerada de las economías del norte por el control de los minerales, al punto de desarrollar directrices estratégicas que ubican el abastecimiento de minerales como una estrategia de seguridad nacional[i].
- La desnacionalización de los capitales que financian las actividades extractivistas, a través de corporaciones, bancos internacionales y entramados de subsidiarias sin aparente relación con las casas matrices o los países de origen de estas corporaciones, generando un “velo corporativo”, que dificulta la deducción de responsabilidades a las grandes corporaciones.
- Una nueva ola reformista en América Latina orientada a profundizar los beneficios, exenciones, y garantías jurídicas y de seguridad a favor de las inversiones mineras, con el consecuente impacto de regresividad en los derechos de los pueblos, desregularización y despenalización ante acciones y daños derivados de la actividad extractiva, creación de conglomerados de inversionistas nacionales para la promoción minera y la profundización de la política de “buen vecino” al amparo de la responsabilidad social corporativa.
- Reduce el papel de las organizaciones sociales a simples observadoras de los proyectos extractivistas, así como a una colaboración con el sector extractivo para la inversión social en áreas intervenidas por el extractivismo para disminuir las protestas sociales, al tiempo que se respaldan iniciativas para transparentar los ingresos por la minería.
- El incremento de movimientos de resistencia y oposición al modelo con diversas posiciones, expresiones, estrategias de lucha, propósitos y composición, que se esfuerzan por vincular y evidenciar la relación entre el extractivismo y graves violaciones a derechos humanos.
- Una tendencia global a la criminalización de la protesta y diversos tipos de violencia en contra de las personas y colectivos que se oponen al extractivismo.
- El crecimiento burbuja de la minería
Lo que a inicios del presente siglo se pronosticaba como un boom minero mundial, parece estar sufriendo un duro revés derivado de la acelerada disminución de las inversiones globales en la actividad minera ocurridas en la segunda década del siglo XXI.
Las agresivas inversiones chinas para el abastecimiento de minerales industriales como Cobre, Carbón, Hierro, Plomo, Zinc, Aluminio, Coltán, crearon una competencia entre las grandes naciones europeas y asiáticas. En el campo de la extracción de metales preciosos, las empresas canadienses se colocaron a la vanguardia de la extracción de oro y plata a lo largo de América Latina, África y Asia, llegando al punto de que para el año 2013 no menos del 60 % de las inversiones mineras mundiales eran de empresas registradas en Canadá.
Este incremento de la demanda se tradujo en una alza sin precedentes de los precios de minerales y en una carrera acelerada para el control de los territorios y las reservas minerales mundiales. Ante las expectativas de bonanza y enriquecimiento de las elites económicas y políticas de América Latina, auspiciados por las instituciones de financiamiento internacional y las agencias de cooperación de países extractivistas, se enfrascaron en una competencia agresiva profundizando políticas públicas débiles, permisivas y protectoras para las industrias extractivas, siendo las más relevantes la flexibilización de los marcos jurídicos, de cara a una mayor desregularización, a la reducción de cargas impositivas y la neutralización de la protesta social.
En la primera década del siglo XXI, América Latina recibió en promedio entre el 27 % – 33 % de las inversiones mineras mundiales, en comparación al 12 % en la década de los 90. De acuerdo al informe anual 2015 del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal), “pese a la desaceleración, el Banco Mundial ha dicho que hay planes por nuevas inversiones mineras en América Latina que llegarían a los US$200.000 millones para el año 2020”. El pico de estas inversiones se registró en el 2010, cuando las inversiones en exploración minera sobrepasaron el 36 % de las inversiones mundiales.
- ¿El gigante chino y la contracción minera mundial implican el fin del modelo extractivo minero?
Sin embargo, la inesperada contracción de la demanda de minerales de China, sumada al exceso de oferta de minerales, y un creciente cuestionamiento social a las prácticas extractivistas, derivado del incremento de conflictos socio ambientales y violaciones de DD.HH. en todo el mundo, favorecieron la caída de los precios mundiales de los minerales industriales y preciosos, y esto a su vez se tradujo en la paralización, cierre y ventas de proyectos mineros en diversas partes del mundo. A manera de ejemplo, en octubre de 2015, Glencore, el gigante suizo de la minería mundial, estaba vendiendo uno de sus proyectos en Chile, la mina Loma Bayas y la mina de Cobar en Australia. En Chile, las inversiones extranjeras directas, concentradas principalmente en el sector minero, cayeron un 10 % entre enero y agosto de 2015, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Otra de grandes corporaciones mineras, Anglo-American, ha tenido que recortar su plantilla en casi dos tercios y cerrar minas deficitarias.
El número creciente de casos de violaciones a derechos humanos presentados ante sistemas internacionales de derechos humanos, han llevado a plantearse al sector extractivo minero como sujeto activo de violaciones a derechos humanos, con responsabilidad directa de los Estados de origen que promueven, permiten, toleran y dejan en la impunidad los graves conflictos generados por la actividad minera a nivel mundial. Baste señalar que en el informe 2014, del Observatorio de Conflictos Ambientales en América Latina se registraron no menos de 210 conflictos mineros, que van desde los derivados por el acceso, control y calidad de agua dulce, hasta represiones, uso excesivo de la fuerza y asesinatos, graves hechos de corrupción y la vinculación de las actividades mineras con el narcotráfico.
Cabe preguntarse: ¿la crisis está afectando de igual manera a todos los países y regiones?, ¿estamos ante el ocaso de un esporádico auge minero?, o más bien ¿estamos presenciando un reacomodo de las dinámicas económicas en torno al extractivismo?, ¿estamos ante una estrategia de control y profundización del extractivismo donde se está llevando a la quiebra a las empresas junior y garantizando el predominio de las grandes corporaciones mineras transnacionales?, ¿este escenario es favorable para introducir modificaciones sustantivas en los modos y lógicas extractivistas frente a los crecientes cuestionamientos globales sobre sus impactos en los derechos humanos, el medio ambiente y el cambio climático?
* Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús en Honduras.
Notas:
[1] La denominación de Bienes Naturales Comunes es un concepto eminentemente político que privilegia el valor de la naturaleza para beneficio general y colectivo de la humanidad y por tanto rechaza la concepción o definición tradicional de “recursos” naturales, que implícitamente conduce a darles un valor mercantil a Bienes como el agua, el aire, el suelo que son esenciales para el Buen Vivir de los pueblos.
[1] En las últimas décadas se han incrementado significativamente el número de audiencias relacionadas con violaciones al Derecho a la consulta y el consentimiento Libre, Previo e Informado, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Una de las audiencias más significativas es el informe presentado a la CIDH por el ERIC y otras cinco organizaciones hondureñas sobre “Consulta Previa y Megaproyectos, el 28 de octubre del 2013. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/Hearings.aspx?Lang=es&Session=132
[i] El Ministerio Federal de Educación en Investigación de Alemania, en el documento del Programa “Materias primas económicamente estratégicas para Alemania como emplazamiento de alta tecnología”, plantea que: “Para asegurar el bienestar de Alemania se debe contar, de un modo confiable, con materias primas, y en primer término, con recursos minerales no energéticos. Respecto a las así llamadas materias primas de alta tecnología, Alemania depende mayoritariamente de la importación. Por ello es que en los últimos años, numerosos estudios se han ocupado de la interrogante sobre cuál será el requerimiento de materias primas por parte de las tecnologías del futuro y cuáles serán los riesgos a los que nos veremos enfrentados con su abastecimiento”: https://www.fona.de/mediathek/pdf/140225Wirtschaftsstrategische_Rohstoffe_ES_barrierefrei.pdf.
