La situación política de Venezuela para 2019 se enmarca en un contexto abiertamente autoritario y altamente conflictivo, donde la sociedad se ha visto sumergida en una confrontación permanente de resultados inciertos. Al igual que otros años de alta beligerancia, 2019 encuentra a las fuerzas que apoyan a Maduro, poderosas pero minoritarias, aferrándose al poder, mientras que los actores nacionales opositores se aprestan de nuevo a buscar apoyo internacional para lograr el tan anhelado cambio político y reconstruir el hilo democrático en Venezuela, condición sine qua non para superar la crisis.
Juan Salvador Pérez*
Como sabemos, el origen etimológico del mes enero proviene del latín ianuarius en honor al dios Jano o Ianus, aquel personaje representado por dos caras –una que veía al pasado y otra que contemplaba el futuro– y por eso se le colocó como el primer mes del año, que cerraba y abría un periodo, como símbolo de cambios.
En enero de 2019, dos importantes y cruciales hitos marcaban el inicio del año político de Venezuela: la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para el periodo 2019-2020, y la juramentación y toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de la República para el periodo 2019-2025.
El 5 de enero, según la Constitución vigente, ocurrió lo primero. De acuerdo a lo pactado por la mayoría opositora en el acuerdo de “gobernabilidad parlamentaria” de 2016, cada uno de los partidos políticos que la conforman rotarían en la directiva. Así, Juan Guaidó, asumió la presidencia de la Asamblea Nacional, ante la presencia de 23 embajadores acreditados en el país y ante la ausencia de los diputados del oficialismo.
En su discurso de asunción del cargo, Guaidó hizo pública y dejó clara la línea de su presidencia: “A partir del 10 de enero, nos enfrentamos entonces, a la ruptura del orden constitucional. Y la Presidencia no se encuentra vacante, se encuentra siendo usurpada […] Estamos en dictadura y debemos actuar ante esta dura realidad”. Juan Guaidó propuso tres objetivos centrales para su estrategia política: el cese de la usurpación del gobierno de Nicolás Maduro, el establecimiento de un gobierno de transición impulsado por la Asamblea Nacional y la celebración de elecciones libres y transparentes.
Cinco días después, e igualmente según lo establecido también en la Constitución, el 10 de enero de 2019 Nicolás Maduro prestó juramento y tomó posesión como presidente de la República. Lo hizo ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante la Asamblea Nacional (como lo establece la Constitución) por considerarla ilegítima. Maduro asumía la presidencia de Venezuela, como consecuencia de la elección presidencial de 2018, cuestionada esta por su proceso de convocatoria, y además rechazado y desconocido el resultado por la oposición y buena parte de la comunidad internacional, entre ellos EE.UU., la Unión Europea y la mayoría de países latinoamericanos.
El 23 de enero, en un acto de manifestación nacional convocado por la oposición, se eleva aún más el nivel de crispación de la situación al asumir Juan Guaidó formalmente bajo juramento público las competencias del Ejecutivo Nacional como presidente encargado de Venezuela, cargo que asume con una agenda de tres objetivos: el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres. Su cualidad de presidente encargado de Venezuela fue reconocida por más de cincuenta países.
Por su parte el Tribunal Supremo de Justicia emitía declaración según la cual era la Asamblea Nacional quien estaba usurpando las competencias del Ejecutivo y exhortaba así al Ministerio Público a determinar las responsabilidades de las autoridades del Parlamento. El gobierno de Maduro fue reconocido como legítimo por China, Rusia, Turquía, Cuba, Bolivia, entre otros.
Enero comenzó sin duda alguna con un tenso e intenso ambiente político, definido por el desconocimiento mutuo de los actores protagonistas, un peligroso escenario de dos soberanías y, por supuesto, un altísimo riesgo de conflicto nacional.
En febrero, un elemento se incorpora con fuerza en el complicado debate político nacional: la crisis humanitaria. Así se organizó una operación conjunta vía terrestre y marítima con la finalidad de ingresar al país bienes de primera necesidad, destinados a favorecer los puntos más críticos de la población venezolana. Esta operación fue coordinada por una coalición de países conformada por Colombia, Brasil y Estados Unidos. El gobierno de Maduro anunció que no aceptaría la ayuda internacional y prohibió la entrada de la misma.
El 23 de febrero Nicolás Maduro cerró la frontera y rompió relaciones diplomáticas con Colombia. Luego de algunos enfrentamientos registrados en la zona fronteriza, la ayuda humanitaria no ingresó en territorio venezolano.
La tensión política pasará súbitamente a un segundo plano luego de que ocurriera el gran apagón de dimensiones nacionales. El país todo se vio seriamente afectado por la ausencia de energía eléctrica. Ante este hecho, se intentó hacer un llamado a la ciudadanía para que se movilizara en protesta en todo el territorio nacional. Pero tal protesta no ocurrió. Las circunstancias superaban cualquier intención de protesta.
El apagón nacional generó en la población una tremenda y palpable sensación de desamparo, que afectó la percepción política en la gente. Si bien la culpa se endilgó de manera directa al gobierno de Maduro, la imposibilidad de dar solución por parte del gobierno interino le restó fuerza como opción real de cambio.
En marzo, se anuncia la activación de la Operación Libertad, la cual tenía como objetivo restablecer la democracia en Venezuela. En virtud de ello, se convocó a una gran marcha para el 1 de mayo. Sin embargo, esa gran marcha no tuvo lugar.
El 30 de abril de manera sorpresiva apareció Juan Guaidó con Leopoldo López y un grupo de militares en el distribuidor de Altamira, anunciando la fase final de la Operación Libertad y para ello pedían a toda la población salir a manifestar para deponer a Maduro, mientras que a los militares les exigían unirse a su causa. Ese mismo día 30 de abril en la noche, Nicolás Maduro se dirigió a la nación desde el Palacio de Miraflores acompañado por altos funcionarios de su gobierno y las Fuerzas Armadas, declarando que había sido frustrado un intento de golpe de Estado.
La vía del enfrentamiento frontal no resultó. Se transitó entonces por la vía del diálogo y las negociaciones.
El Reino de Noruega anunció que representantes tanto de Nicolás Maduro como de la oposición venezolana, habían mantenido conversaciones en Oslo, con Noruega como mediador, para solucionar la crisis en el país sudamericano. Sin embargo, no hubo ningún avance.
Tras la visita de la alta comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se hace público un informe sobre la situación del país, que dejaba en evidencia la delicada situación de violación de los derechos económicos y sociales en Venezuela, se hizo un llamado tanto a la oposición como al oficialismo a retomar la vía de las negociaciones como mecanismo para solucionar la crisis.
Durante los primeros días del mes de julio Guaidó y Maduro intentaron retomar la iniciativa de mediación esta vez en Barbados. Tampoco se logró nada en esta oportunidad.
La vía del diálogo, el reconocimiento, las negociaciones y los acuerdos, como forma para salir de la crisis, tampoco funcionó.
Fracasadas ambas, tanto la vía del conflicto como la del diálogo, 2019 en el segundo semestre pasó de ser un año que lucía con alcanzables posibilidades de cambios, a convertirse en una suerte de “guerra de trincheras” –entendida en términos políticos–, en la cual ninguna de las partes avanzaba, ninguna cedía, ninguna ganaba.
En agosto, desde Washington, el presidente Trump dictó una orden ejecutiva imponiendo al gobierno de Venezuela una nueva serie de sanciones económicas congelando los bienes y activos del gobierno venezolano y de las personas que apoyan al régimen de Maduro. El efecto esperado, la intención de negarle al gobierno de Maduro cualquier posibilidad de acceso al sistema financiero global y aislarlo más a nivel internacional. Guaidó expresó en esa oportunidad que las sanciones eran la consecuencia de la soberbia de una usurpación inviable, y que no buscaban perjudicar a la población venezolana sino exclusivamente al régimen de Maduro. Por su parte la respuesta de Maduro era de esperarse, su línea fue culpar a las sanciones como la causa de la crisis económica y social en Venezuela, pero más allá del discurso, el gobierno de Maduro no mostró tener miedo ni a las sanciones, ni al efecto de estas y, por el contrario, adelantó esfuerzos y maromas para buscar paliativos.
Ambos bandos volvían –al menos desde los argumentos– al conflicto de las posiciones antagónicas e irreconciliables.
Llega septiembre y desde Miraflores, Maduro levanta nuevamente la bandera del diálogo convocando a un acto en la Casa Amarilla para la conformación de una Mesa de Diálogo Nacional. Sin embargo, esta vez el intento no contará con ninguna mediación formal institucional, tampoco con la venia de la comunidad internacional, tanto que al llegar al acto muchos se retiraron bajo el argumento de preferir retomar el suspendido proceso de diálogo auspiciado por Noruega; y para mayor descrédito del proceso, no contará con la participación de la oposición.
Participaron en cualidad de opositores, actores de cuestionada independencia política, de muy poca incidencia nacional, casi nulo liderazgo y sin ninguna capacidad de representación por parte de la oposición política conformada por Juan Guaidó y los principales partidos opositores. La agenda del acto se centró en tres puntos: a) el retorno del chavismo a la Asamblea Nacional, b) la renovación de autoridades electorales y c) la liberación de “presos políticos”.
Evidentemente, este acto no fue percibido por nadie como una verdadera ni creíble iniciativa de diálogo, sino como una maniobra más bien burda de engaño público. No tuvo ni siquiera la capacidad de cumplir con los tres puntos de su propia agenda presentada.
Y así llegaron los últimos meses de 2019. La gente fue perdiendo todo interés por los temas políticos, entre el agotamiento de las sobre expectativas y la necesidad de distracción que producen las crisis largas.
Maduro, más allá de la percepción de gobierno débil, y frente a las duras sanciones y amenazas internacionales, se sostuvo en Miraflores. Guaidó, más allá de trucos para construir otras figuras opositoras y pese al desgaste propio de la intensa dinámica política, se mantuvo como el líder de la oposición.
Y mientras, el país continúa su marcha lenta para cruzar este desierto.
El dios Ianus, en 2019, no vio al final los cambios que esperaba ver al inicio.
*Abogado. Magister en Estudios Políticos y de Gobierno. Miembro del Consejo de Redacción SIC.
Fuente: Revista SIC N° 823 | Abril 2020.
